Colombia: Las dos caras del diablo
Por Leopoldo Puchi
Correo del Caroní
Un análisis sereno de la situación interna colombiana conduce obligatoriamente a ejercer una crítica dura a los dos sectores en pugna, el gobierno y la guerrilla. Y si se trata de búsqueda de soluciones, es elemental pensar en la creación de una mesa de negociaciones, más allá de los calificativos de los que puedan ser objetos ambos actores. Antecedentes los hay a montones. En Centroamérica, en Irlanda y hasta con el ETA se han tomado iniciativas políticas.
Ni las FARC son niños de pecho, ni Uribe un santo. Las guerrillas colombianas tienen raíces sociales y políticas que las legitimaron en su momento. La discriminación social y el maltrato al campesinado dieron origen a los primeros brote de insurgencia en los años cuarenta. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán fue la gota que hizo explotar el volcán que todavía hoy no se ha extinguido. Ni la dictadura militar ni el acuerdo de elites entre liberales y conservadores logró apagarlo. En los sesenta ese movimiento campesino se empalma con los movimientos socialistas de liberación nacional que se levantaban en el tercer mundo. En Latinoamérica emerge Cuba como paradigma, y en Venezuela surge la FALN de mano de los comunistas y los disidentes de AD organizados en el MIR.
Sin embargo, a partir de los años ochenta la política colombiana es atrapada por el dinero de la droga. Tanto la élite tradicional en el poder como la guerrilla, comienzan a financiarse con el narcotráfico. Las FARC, luego de la experiencia de la Unión Patriótica, toman un camino militarista y métodos criminales, aislándose progresivamente de la sociedad colombiana. Ya no se puede tener hoy una visión «romántica» de esa guerrilla. Los testimonios de los rehenes son contundentes y desgarradores.
Pero Álvaro Uribe es la otra cara de la moneda de la violencia. Desde hace dos décadas los paramilitares creados por la derecha colombiana han sometido al terror a poblaciones enteras, con más de 10.000 asesinados por esos grupos. Dirigidos desde las Fuerzas Armadas de Colombia y la policía política, se han sostenido con el dinero de la droga y la complicidad de parte importante de la clase política.
La carrera política de Uribe está vinculada estrechamente al paramilitarismo, como lo señalan los propios informes de la DEA. En 1991, cuando era senador, era considerado como «político colaborador con el cártel de Pablo Escobar». De la misma manera, siendo gobernador en Medellín crea la fachada legal de los paramilitares, bajo la figura de servicios de seguridad.
¿Qué puede hacer la comunidad internacional con estas dos caras del diablo? Propiciar acuerdos progresivos hasta llegar a un entendimiento de paz. No hay otro camino.
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