El neoproteccionismo agrícola

Por Juan José Perfetti del Corral
El Colombiano

El antiguo discurso del proteccionismo agrícola pareciera estar recibiendo un nuevo aire.

En efecto, a la versión clásica del proteccionismo se le han incorporado dos nuevos elementos con los cuales se viene configurando una novedosa postura frente al desarrollo agrícola del país. El primer elemento consiste en el reconocimiento explícito que se hace del abismal y radical cambio que han sufrido el consumo y el comercio de bienes agrícolas a nivel mundial.

Más aún, los promotores de esta nueva postura ven en los mercados externos una oportunidad y no una amenaza, percepción esta última que, en su momento, dio origen al proteccionismo clásico en las agriculturas de los países en desarrollo. El segundo elemento consiste en que, frente a esta realidad, la alternativa que tienen muchos países en desarrollo, como Colombia, es hacer del sector agrícola un sector netamente exportador.

No obstante este reconocimiento, los promotores del neoproteccionismo agrícola claman porque el Estado proteja, entre otras cosas, las inversiones privadas en los negocios de exportación, la rentabilidad de las cadenas agroindustriales y las bonanzas pasajeras de productos mediante el control en la oferta nacional. Igualmente, se sugiere que el país avale la creación de carteles para la venta en el exterior de productos agrícolas diferenciados y que el Estado colombiano invierta sus recursos financieros en el fortalecimiento de las distintas cadenas agroalimentarias. En fin, pareciera que el propósito es adaptar, a los nuevos postulados derivados de la realidad de los mercados y de las tendencias globales, ciertos principios que le son muy caros al antiguo proteccionismo.

Uno de esos principios es la permanente y activa intervención del Estado para proteger a los agricultores de los riesgos propios de las actividades productivas y comerciales. Ello lleva a los seguidores de este nuevo credo a proponer que, al tiempo que se produce y promociona una nueva canasta de bienes agrícolas con alta demanda en los mercados internacionales, productos en los que además el país tiene claras ventajas comparativas, el Estado debe mantener las clásicas políticas de intervención a través del crédito barato, la garantía al precio de venta del producto, los servicios subsidiados de apoyo a las actividades agrícolas, etc. En otras palabras, se pretende mantener intacta la antigua concepción del papel del Estado en el desarrollo de la agricultura. Más aún, éste es concebido como un agente que debe centrar sus esfuerzos en garantizarles a los agentes privados la protección de sus inversiones y sus mercados. Todo esto de cuenta de que los mercados externos son altamente riesgosos y volátiles y que, por tanto, no es justo que quienes se atreven a navegar en tan furiosas y turbulentas aguas no tengan derecho a recibir la benefactora protección del Estado.

La idea fuerza de esta nueva posición surge del postulado, proveniente del mercadeo estratégico, de que es necesario proteger y defender la ventaja propia como medio para sobrevivir a las fuerzas implacables del mercado abierto.

Frente a esta posición que -no es el producto de una teoría económica que, como la de la ventaja comparativa, se ha mantenido vigente por varios siglos, sino que es el resultado de las reflexiones de algún estudioso frente a la problemática que actualmente comportan los negocios- es importante entender la contradicción implícita que ella envuelve. ¿Qué ventaja comparativa puede tener un país en una actividad agrícola dada si para su desarrollo es necesario recurrir a la protección del Estado? En este caso, el solo llamado a la protección es sinónimo de la inexistencia de tal ventaja.

Una cosa es querer fortalecer e impulsar las ventajas comparativas de la agricultura como medio de explotar dichas ventajas y otra muy distinta es proclamar el principio de que, para aprovecharlas, se requiere la protección del Estado. En la primera opción, el Estado adquiere un papel de promotor y facilitador del desarrollo sectorial, además que de esta forma es posible lograr que las ventajas comparativas puedan apalancar el desarrollo de sólidas ventajas competitivas. En la segunda, es el Estado, en su papel de benefactor y asistencialista, el que determina la ruta del desarrollo sectorial y, por ende, la capacidad real del país de explotar sus ventajas comparativas y de desarrollar sus ventajas competitivas. En el primer enfoque, las políticas y los marcos institucionales crean las condiciones para que los negocios de todo tipo prosperen y aprovechen las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales. En el segundo, las políticas se ponen al servicio de los intereses de unas pocas actividades y personas, en detrimento del resto de la sociedad. En la visión aperturista de la agricultura, la fuente del desarrollo son los propios recursos del país, lo que hace que dicho proceso sea sólido y genuino.

En la versión neoproteccionista, el desarrollo agrícola depende de la voluntad política de los gobiernos de turno, lo que hace que el mismo sea frágil y espurio.