Colombia: La socialdemocracia petrolera

Por Fidel H. Cuéllar Boada
Portafolio.com

En Ecopetrol la paz social se ha alcanzado con costos de agencia muy altos. Encaminar a la empresa por la ruta del gobierno corporativo no será un trabajo fácil.

Antes de que una Nación produzca, necesita alcanzar la paz social. La confianza en que las instituciones manejen los conflictos económicos y de clase a un costo relativamente bajo es lo que dinamiza o paraliza la inversión y el crecimiento de largo plazo. Esta es la tesis del profesor Roe (Political determinants of corporate governance) de la Escuela de Derecho de Harvard.

El modo de tratar la relación entre las empresas, los intereses capitalistas y laborales y el Estado define en gran medida la fisonomía de los valores políticos que aplica toda sociedad, y no al revés.

LAS SOCIALDEMOCRACIAS CONCENTRAN LA PROPIEDAD

El tipo de gobierno corporativo depende de la estructura de propiedad de las empresas y las restricciones impuestas por el Estado. El profesor Roe afirma, que la propiedad concentrada de las sociedades anónimas emisoras en la bolsa de Europa continental y Japón se ha mantenido y extendido en el tiempo como reacción al estilo socialdemócrata de intervención en el gobierno corporativo, donde el Estado fuerza un cogobierno sindical; o induce contratos laborales casi vitalicios; o favorece estructuras de financiamiento en las que surgen inevitables conflictos de los bancos en la doble condición de accionistas y acreedores; o mete al Gobierno en la junta directiva de firmas privadas al estilo corporativista; o induce fiscalmente a las empresas a mantener sus estructuras de gasto y a postergar ajustes y despidos por mucho más tiempo del que permiten las señales del mercado. Esta sería también la causa de que en Europa continental y Japón las empresas no hubieran logrado economías de escala y diversificación en grado comparable a las multinacionales de origen anglosajón, y se hubieran prolongado las familias con participaciones de mayoría absoluta en el capital de sociedades cerradas.

Y en contraste, para Roe las estructuras de propiedad más dispersas (más «democráticas») usuales en las sociedades anónimas de los Estados Unidos y el Reino Unido inducen a los administradores a comportarse más en la línea de los intereses de los propietarios, es decir, de los capitalistas, que en gran parte son la población misma a través de numerosos inversionistas institucionales. En las firmas emisoras anglosajonas la acción dominante del Estado busca un gobierno corporativo que evite que los insiders (junta, gerencia, accionistas de control con pequeñas mayorías relativas, no absolutas, sindicatos, grupos de interés favorecidos por la ley) destruyan valor en perjuicio del grueso de los propietarios. Eso les permite a tales firmas crecer más rápidamente, acceso a capital a menor costo y como resultado de la dinámica de la destrucción creativa capitalista, hay menor número de promesas legales de estabilidad económica, pero a la gente le va mejor.

EL 80 – 20 EN ECOPETROL NO SERÍA ESTABLE

Roe concluye que la propiedad del Estado suele mezclarse mal con el capitalismo popular, como el agua y el aceite, y que forzar esa cohabitación genera un equilibrio inestable. La gravitación de las fuerzas en conflicto aleja la solución del centro balanceado y la lleva a uno de dos extremos: a que el Estado como capitalista mayoritario renuncie a ejercer ciertos derechos de control, enajenación de acciones y disposición de la caja, como en el caso de ISA, en el interés de no atropellar a los accionistas minoritarios; o a que los gobernantes impongan niveles de gasto, políticas de capital y financiamiento, participación en proyectos de inversión, y métodos de contratación, para no hablar de puestos, que reducen la rentabilidad de los accionistas privados minoritarios y atomizados.

La propuesta del gobierno restringe al 20% la posible vinculación de privados al capital de Ecopetrol. En dicha «democratización» los «insiders» continuarían siendo el gobierno y la USO y los «outsiders» los muy pocos fondos de pensiones más cincuenta o cien mil accionistas. La preferencia al sector solidario en la operación es políticamente popular pero contradictoria con un sano gobierno corporativo, debido a que la esencia de las cooperativas, sociedades mutuales y corporaciones sin ánimo de lucro reside en la ausencia de dolientes con incentivos, la magnificación de los problemas de acción colectiva, y la separación formal y real de la propiedad y el control.

Pero aunque el 20 por ciento de la propiedad de Ecopetrol recayera en inversionistas con vocación de largo plazo y disposición de ejercer monitoreo efectivo, no se evitaría fácilmente el problema del equilibrio inestable, diga lo que diga el Código de Gobierno Corporativo.

LA JUNTA: LOS AGENTES PERFECTOS NO EXISTEN

Que sea la junta directiva y no el Gobierno quien designe al presidente de la empresa es un criterio sano, en lo cual concuerdan las sugerencias de la Oecd para las empresas de propiedad estatal. Así se reduce el conflicto de gobierno corporativo de las empresas públicas, entre las responsabilidades del Estado como propietario, que conducen a profesionalizar la gestión sin interferencias políticas, y las responsabilidades políticas del gobernante para llevar a cabo sus programas de gasto público, sacando recursos presupuestales de donde pueda y toreando con su cuadrilla. Ahora bien, la selección objetiva de la junta no puede reducirse a unos requisitos de experiencia y capacidad directiva, o a exigir un número de directores independientes. La única manera de que la junta sea realmente objetiva consiste en que pueda enfrentar y decidir con autoridad sobre los intereses en conflicto de los dueños de la empresa, los que están en el patrimonio (el Estado) y los que están en los pasivos (los empleados).

Los directores independientes deberían buscar la prosperidad de largo plazo de la empresa, mitigando los afanes expoliadores de los propietarios transitorios -el caso típico de los pequeños accionistas quienes compran y venden en bolsa a plazos relativamente cortos, prefieren dividendos mínimos garantizados y carecen de interés en el desempeño de la empresa a largo plazo-, de los gobiernos con natural ansiedad fiscal, de los sindicatos y otros empleados dedicados a extraer valor. Como los agentes perfectos no existen, para que eso funcione tiene que haber alineación de incentivos, en otras palabras, los directores independientes deben poder ganar mucho dinero por hacer bien las cosas e idealmente deben tener parte de su patrimonio comprometido con la suerte de la empresa. O sea que en la práctica los directores independientes no pueden ser mayoría y tendrían que ser unos tipos riquísimos. No. La mayoría de la junta debe estar constituida por dolientes. La experiencia enseña que los dolientes privados son mejores que los públicos y los dolientes grandes mejores que los pequeños para hacer seguimiento y control a los dineros en juego. ¿Cómo se logra eso con el 20%? ¿Con mayorías calificadas sistemáticas?

PROPIEDAD Y CONTROL: ¿CÓMO ALINEARLOS?

Qué tan distintas tienen que ser la estructura de propiedad, la junta y la administración para definir rumbos que le ayuden a la empresa a buscar salidas de viabilidad al lastre de la social democracia petrolera: el 26% de los activos de Ecopetrol corresponde a los fondos en fiducia que respaldan al 90% del cálculo actuarial de pensiones. Las obligaciones laborales contabilizadas equivalen a la mitad de los pasivos totales y al 72% del patrimonio. La empresa ha asumido compromisos por casi diez billones de pesos hacia sus 5.856 trabajadores y responde por beneficios de salud y bienestar para 67.386 empleados, ex empleados y familiares.

Llama la atención el que entre las motivaciones de la decisión se indique que la empresa no ha logrado retener personal de buena calidad porque les paga muy poco, cuando al propio tiempo está amarrada a una convención y a unos multiplicadores de gasto laboral que han llevado el cálculo actuarial de $6.3 billones en el año 2000 a $9.6 billones en el 2005.

Y de otro lado, a pesar de que empresa le pagó a la Nación en 2005 dividendos por $1.3 billones, e impuestos y regalías por $1.7 billones, el año pasado la Nación capitalizó a Ecopetrol en reservas de hidrocarburos por $1.3 billones por el crudo extraído en el año de campos que estaban en explotación a la fecha de creación de la ANH. O sea, deme la caja y tome el aceite. Los inversionistas van a preguntar por el valor presente de los flujos de caja verdaderamente libres, lo cual depende al parecer tanto de decisiones tomadas y contratos vigentes, como de decisiones por tomar.

VARIOS PASOS DE AVANCE

El gobierno ha reconocido la precaria gobernabilidad de Ecopetrol y la necesidad de avanzar hacia un esquema diferente. También ha logrado separar la propiedad de la empresa y del subsuelo en cabeza de la ANH. Y ha avanzado en reducir los subsidios cruzados en la estructura de precios e impuestos. Si Ecopetrol como operador deja de ser monopolio natural, desaparece el argumento económico más fuerte a favor de la propiedad estatal y quedan solamente los argumentos políticos en juego: la continuidad de la ineficiente social democracia petrolera o el avance hacia una empresa más gobernable y hacia una política energética con mayores grados de libertad.