Inmigrantes favorecen economía nacional

Por William E. Gibson
El Sentinel

El poder de compra no distingue nacionalidad o estatus migratorio

En las bulliciosas tiendas, restaurantes y centros comerciales del sur de la Florida, todos los días los inmigrantes indocumentados hacen compras para ellos y para sus familias, levantando la economía al contribuir con los impuestos sobre la venta.

Los comerciantes, muchos de los cuales también son inmigrantes, dicen que sus negocios dependen de estos consumidores, cuyo poder de compra es tan grande que es verdaderamente difícil de medir.

«Comen, manejan y compran. Hacen funcionar nuestra economía», dijo Dinah C. Liautaud, ciudadana estadounidense de ascendencia cubana y haitiana, quien dirige Tropical Flavors, una tienda de jugos orgánicos en Delray Beach; y Patty’s Plus, una panadería en Miami. Liautaud calcula que 30 por ciento de sus clientes en Delray Beach y la mayoría de los de Miami son personas que recién han inmigrado.

«Lo único es que no pagan impuestos [sobre la renta]. Por lo demás, están totalmente integrados en la sociedad en todos los niveles. Trabajan y ganan dinero».

«La inmigración ilegal ha ocasionado gastos pero también ha dado beneficios a la Florida y a todo el país, provocando consecuencias en la economía que se intensificarían si el Congreso aprueba una ley similar a la propuesta de ley presentada por el Senado para legalizar a millones de residentes en todo el país y crear un programa de trabajadores temporales.

La Oficina de Presupuesto del Congreso, una rama de investigación independiente del Congreso, calcula que implementar una ley costaría al Tío Sam $54 mil millones en 10 años, que mayormente se utilizarían para dar estampillas de comida y cobertura de Medicaid para los hijos de los inmigrantes que legalicen su estatus.

Estos costos, sin embargo, serían ampliamente compensados con la ganancia de $66 mil millones en ingresos federales, mayormente provenientes de la recaudación de impuestos sobre la renta

La oficina de presupuestos pronostica que la ley del Senado aumentaría la población estadounidense a 8 millones en los próximos 10 años aumentando así la carga en los servicios sociales al convertir a millones de residentes legales de bajos ingresos y a sus hijos en personas elegibles para estampillas de comida, Medicaid y otros programas del gobierno.

Estas perspectivas han renovado el prolongado debate sobre los efectos económicos de la inmigración, alarmando a quienes desean reducir significativamente el número de futuros inmigrantes.

«En general, lo que veo que está ocurriendo en nuestra comunidad es que los hospitales están viéndose afectados por la cantidad de gente indocumentada que no tiene seguro de salud ni dinero para pagar por los servicios», dijo Joyce Tarnow, presidenta de Floridians for a Sustainable Population, un grupo con sede en Pompano Beach que desea frenar la inmigración.

«Una cosa es cuidar de nuestros propios indigentes, pero otra muy distinta son los inmigrantes indocumentados. Nuestras cortes, nuestras cárceles, nuestras escuelas, nuestros hospitales están sobre poblados con gente que no debería estar acá», dijo Tarnow. «Esto cuesta mucho dinero a los ciudadanos americanos».

Los floridanos han estado experimentando desde hace mucho los costos y beneficios de la inmigración, particularmente los efectos en los servicios sociales y el mercado laboral.

Una parte del debate ve a los residente indocumentados como una fuerza laboral esencial, mientras que la otra cree que la competencia extranjera reduce los salarios de los ciudadanos estadounidenses.

Pero, quienes se encuentran en el país sin documentos también son consumidores, que junto a los inmigrantes legales forman un gran mercado para la industria estadounidense.

Nadie sabe con exactitud el poder de compra que los inmigrantes indocumentados representan, pero el creciente número de ellos han hecho que las industrias y los anunciantes los vean como una parte importante del creciente mercado de consumo hispano.

Según cifras recientes, el número de inmigrantes indocumentados en el país asciende a 11.5 millones, de los cuales 885,000 están en la Florida.

«Y eso representa un gran número de pañales, carros y comida. Y francamente, muchos dólares que pueden atribuirse a los inmigrantes», dijo Carl Kravetz, presidente de la Asociación de Agencias Publicitarias Hispanas.

Un estudio realizado por Santiago Solutions Group encontró que los nuevos inmigrantes, que han estado en el país menos de un tercio de sus vidas, están pagando $2.9 mil millones al año en celulares.

Las familias hispanas gastan un promedio de $133 a la semana en comida, mientras que los no hispanos gastan cerca de $92.50, según el Foor Marketing Institute, grupo dedicado a la investigación de la industria.

A pesar que estos inmigrantes envían parte de sus ingresos a sus familias en sus países, contribuyen enormemente en la recaudación de impuestos por lo que compran y por la renta que pagan.

«Puede ser que envíen $200 a sus familias en su tierra natal, pero el resto lo gastan acá. Y a esos inmigrantes les gustan los carros, las camionetas, las computadoras y la tecnología estadounidense», dijo Mark House, de 33 años, estudiante de antropología que entrevistó a inmigrantes indocumentados en Kansas y Colorado para un proyecto de investigación en la Universidad de la Florida.

Mayormente lo que motivó la propuesta de ley de inmigración aprobada por el Senado es sacar a una población de las sombras a una economía legítima, que los obligaría a pagar impuestos sobre la renta.

Los críticos mantienen cierto escepticismo sobre el efecto real de esto, alegando que los inmigrantes que recién están llegando cuentan con demasiada educación y habilidades.