Puerto Rico vive crisis económica

El Sentinel

SAN JUAN · En medio de sonoras protestas y un desempleo masivo, los puertorriqueños intentan salir de una de sus peores crisis fiscales esta semana, causada por un enfrentamiento político entre los dos principales partidos cuyo poder de gobierno es compartido sin asomo de armonía.

Miles de maestros, oficinistas, técnicos de mantenimiento y jefes de agencias públicas se han lanzado a la calle a protestar debido al cierre patronal ordenado el lunes por el gobernador Aníbal Acevedo Vilá, del Partido Popular Democrático (PPD), a causa de falta de dinero para pagar salarios.

Días antes, otra marcha cívica denominada «Grita Puerto Rico», llevó unas 50 mil personas a la calle para protestar, algo que los políticos observaron con cierto nerviosismo.

Los maestros y sindicatos de servicios han concentrado sus protestas con panderetas y tambores en la zona bancaria de la capital y en los grandes centros comerciales, para exigir que se le impongan nuevos impuestos a las corporaciones, la banca y a las grandes tiendas, los cuales ya tributan.

Mientras tanto, en las oficinas de los departamentos del Trabajo y de Familia en San Juan, las filas de empleados cesanteados que solicitan pagos por desempleo y cupones para comprar alimentos, le dan la vuelta al edificio.

El cierre ha lanzado a la calle a 95 mil empleados gubernamentales.

Forcejeo político

La debacle fiscal ocurrió cuando el gobernador anunció un impuesto de ventas de 7 por ciento sobre todos los artículos de consumo para ayudar a pagar la deuda pública y reforzar las debilitadas arcas gubernamentales.

A cambio, prometió amplias reformas contributivas para la sufrida clase media que ha tenido que soportar este año aumentos en las facturas de electricidad, de agua, peajes en las vías públicas, la gasolina y hasta el cobro forzado de multas de tránsito ya caducas.

El opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), cuyo líder es el ex gobernador Pedro Rosselló, puso se opuso al plan tributario al alegar que sólo 4 por ciento bastaba para mejorar las finanzas públicas y que el presupuesto solicitado por el Gobernador es inflado, algo que niega Acevedo Vilá.

«Tenemos una insuficiencia de fondos y esto se debe a la falta de acción de parte de la Legislatura que se niega a aprobar un presupuesto de Gobierno que haga operacional el aparato público», planteó Acevedo Vilá reiteradamente a los medios de comunicación.

Acevedo Vilá calcula el presente déficit operacional en $731 millones pero está dispuesto a cuadrar el presupuesto con unos $531 millones que le otorguen los legisladores.

Por su parte, Rosselló — ahora senador de distrito — no ceja, ni siquiera por 5.9 que han propuesto para zanjar las diferencias.

«Podemos ver la causa del déficit en el descomunal descontrol de gastos por parte del Gobierno», afirmó Rosselló durante un mensaje televisivo pagado por su partido.

Crisis anunciada

Durante las elecciones del 2004, el PPD obtuvo la gobernación pero el PNP controló Cámara y Senado. Sus líderes prometieron compartir el poder, algo que nunca funcionó debido a sus contrastantes ideologías.

El PPD es pro autonomía y el PNP busca la estadidad federada, por lo que se anticipó que habría poca armonía en la administración pública.

En lo único que coinciden es en admitir que las finanzas del Estado Libre Asociado están en bancarrota debido a los abultados préstamos para ambiciosas obras públicas, práctica de todos los gobernantes.

Irónicamente, señalan los economistas, los principales megaproyectos fueron durante los ocho años de gobernación de Rosselló (1992 al 2000), tales como el Tren Urbano, el «Corredor del Este», una autopista hacia el este y el llamado «supertubo», para suministro de agua potable por toda la costa norte.

Debido a la situación fiscal, el prestigio crediticio del ELA ha sufrido una degradación en el mercado internacional de valores, una de las principales fuentes de financiamiento del ELA. La deuda pública de Puerto Rico por ventas de bonos es de $7 mil millones.

Han corrido rumores de que el gobierno federal nombraría un síndico para administrar el país durante la crisis fiscal.

«Sería vergonzoso y bochornoso que los puertorriqueños tuviéramos que someternos a ese tipo de supervisión porque es una admisión a la incapacidad de gobernarnos», dijo Alfredo Salazar, presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Además del impuesto de venta al consumidor, los legisladores han propuesto uno para el sector manufacturero.

La idea es que las corporaciones con ganancias brutas mayores de $10 millones al año paguen 4 por ciento adicional, lo que los legisladores dicen, podría sacar a Puerto Rico del atolladero fiscal.

Puerto Rico tiene una economía informal o clandestina estimada en $1,500 millones al año, y que no tributa, algo que busca subsanar Acevedo Vilá con el impuesto de 7 por ciento a las ventas.

No es algo nuevo

El economista Sergio Marxuach, explicó que el problema fiscal de Puerto Rico viene desde mediados del pasado siglo.»Sabemos del gasto desmedido del gobierno de los pasados 30 años, y a eso hay que añadirle que (el país) se ha endeudado de manera acelerada», dijo el economista.

Recordó que cada vez que hay crisis fiscal se acude a una reforma contributiva para que los trabajadores paguen los errores de los administradores.

No obstante, Acevedo Vilá dramatizó su postura al ordenar el cierre esta semana de 43 agencias de gobierno, incluyendo el enorme Departamento de Educación, cuyos 560,000 alumnos tuvieron que terminar su semestre a destiempo.

Los 95,000 funcionarios y maestros del sistema público ahora están en las filas del desempleo.

La Junta de Planificación calcula que cada 15 días de cierre costará a la economía insular $2.5 millones.

El cierre de las 43 agencias deja sin salario a los 95,000 trabajadores lo que agrava la tasa de desempleo, que está ya en 11.4 por ciento.

Ya los centros comerciales han sentido el efecto con una merma de 35 por ciento, aseguró la Asociación de Comerciantes.

«El cierre parcial del gobierno tendría efectos en el consumo, en el pago a proveedores y en el servicio público… con un impacto en la economía estimado en $1,400 millones», aseveró el economista José Alameda. Estimó que la inversión en obras públicas se ha contraído hasta en 67 por ciento.