El seguro privado sobre los depósitos podría salvar a las sociedades de ahorro y prestamos

En medio de todo el furor sobre la crisis en materia de ahorros y prestamos, ningún funcionario público ha señalado con el dedo al máximo culpable. La administración Bush admite que el padecimiento de la industria de las sociedades de ahorro y prestamos de la nación le costará al gobierno al menos $90.000 millones. Ese será el rescate financiero más costoso en la historia de los Estados Unidos—mayor que aquellos para Lockheed, Chrysler, la Ciudad de Nueva York, y Europa del Este (a través del Plan Marshall) combinados, incluso después de ajustarlos por inflación. Pero contrariamente a las percepciones populares, la crisis es el resultado no de demasiado pocas reglamentaciones, sino de un número excesivo de ellas. La misma puede ser rastreada en su totalidad hasta la perversa influencia de la garantía gubernamental de los depósitos.

Las compañías privadas de seguros desde hace mucho han sido conscientes de lo que se denomina un «riesgo moral». Si usted protege a alguien de las dolorosas consecuencias del riesgo, esa persona tendrá menos incentivos para evitar acciones riesgosas. Los seguros contra incendios o accidentes automovilísticos pueden de esa forma ser tan completos que fomenten el descuido y lleven a más incendios y accidentes. Una forma mediante la cual las compañías de seguros eluden el problema del riesgo moral es con un deducible o franquicia, la cual hace que el asegurado soporte parte del costo de los actos riesgosos. Las compañías privadas de seguros también varían las primas según los riesgos reales; de otro modo pierden dinero.

La garantía gubernamental de los depósitos ignora estos sanos principios. La misma subsidia por lo tanto la toma de riesgos por parte de las instituciones depositarias. Ellas pagan las mismas primas pase lo que pase, y sus depositantes no tienen ninguna razón financiera para imponer la disciplina del mercado al llevarse sus negocios a otra parte.

El gobierno federal garantizó por primera vez los depósitos en reacción a la Gran Depresión. La recientemente establecida Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC es su sigla en inglés) resguardaba a los pequeños depositantes contra cualquier pérdida por parte de los bancos comerciales, mientras que las asociaciones de ahorro y prestamos obtuvieron garantías similares de la Federal Savings and Loan Insurance Corporation (FSLIC es su sigla en inglés).

Sin embargo, no fue hasta los años 80 que esta bomba de tiempo del riesgo moral explotó. La penetrante reglamentación gubernamental protegía a los bancos y a las sociedades de ahorro y prestamos de la competencia mientras que restringía su cartera de inversiones a activos seguros. Solamente después de que la inflación y las crecientes tasas de interés de la década del 70 obligaron a estas instituciones a salir activamente en búsqueda de depósitos, el gobierno inició la desregulación financiera.

Desafortunadamente, la desregulación no fue lo suficientemente lejos. Al dejar intacta a la garantía de los depósitos, premió a los gerentes de los bancos y sociedades de ahorro y prestamos que ‘apostaban con el dinero de sus depositantes’. Todos los coloridos titulares acerca de vaqueros timadores pasan por alto el modo en que el contexto reglamentario distorsiona el freno normal del mercado contra tal comportamiento.

El favoritismo del gobierno por los bancos y las sociedades de ahorro y prestamos insolventes agrava la crisis. Sí la FDIC y la FSLIC estuviesen verdaderamente interesadas en proteger al pequeño depositante, cerrarían las instituciones insolventes y reembolsarían directamente a los depositantes. En su lugar, usualmente acuerdan comprar y asumir convenios que fusionan a instituciones fallidas con otras prosperas.

Los grandes depositantes se encuentran protegidos al igual que los pequeños en una solución cortoplacista que meramente agrava las dificultades en el largo plazo.

La crisis ha alcanzado tales proporciones épicas entre las sociedades de ahorro y prestamos que la FSLIC ya no posee los recursos suficientes ni siquiera para lograr fusiones de rescate financiero. Los crecientes números de instituciones quebradas siguen compitiendo con las sociedades de ahorro y prestamos sanas, haciendo que las tasas de interés abonadas a los depositantes sean todavía más altas. Genie Short y Jeffrey Gunther del Banco de la Reserva Federal de Dallas señalan en un reciente trabajo que ‘dichas políticas penalizan a las instituciones administradas más conservadoramente por sobre las más agresivas».

Ningún juego de manos reglamentario puede transformar mágicamente en buenos a los malos prestamos. Sin los ingresos suficientes provenientes de estos prestamos, las instituciones fallidas solamente pueden pagarle intereses a sus actuales depositantes con el dinero de los nuevos depositantes. Los reguladores por eso aprueban una creciente “cadena de cartas” que torna a la contabilidad final incluso más costosa. Cuando asumen el control de una sociedad de ahorro y prestamos por sí mismos, los reguladores están todavía impotentes para hacer algo más sin fondos externos.

Ninguna de las propuestas de la Administración se aboca a las raíces del problema. Intentar regular aún más a la industria de las sociedades de ahorro y prestamos mediante la imposición, por ejemplo, de mayores exigencias de capital, simplemente la destruirá. La supervivencia competitiva de los bancos y de las sociedades de ahorro y prestamos obliga a la desregulación financiera. El refugio reglamentario que las disposiciones les han concedido a los bancos y a las sociedades de ahorro y prestamos y que les otorgan una considerable parte del mercado no puede ser reconstruido.

Si el congreso incrementa las primas de los seguros, las instituciones sanas serán las que pagarán. Esto castigará adicionalmente a la misma clase de gerenciamiento que debiera ser alentado. El gobierno no puede nunca administrar adecuadamente la variable de las primas. «Un sistema racional de primas de seguros basadas en el riesgo ofrecidas de forma monopólica por una agencia pública es sencillamente imposible», sostiene Gerald O’Driscoll del Banco de la Reserva Federal de Dallas. Sin el “feedback” de las ganancias y las perdidas, los burócratas no poseen ni la información ni el incentivo para equiparar las primas al riesgo.

Solamente una solución puede superar el riesgo moral en las industrias bancarias y de ahorr: el seguro privado de los depósitos. El gobierno debe disolver a la FDIC y a la FSLIC. Esto permitirá que las fuerzas competitivas del mercado establezcan seguros actuarialmente razonables que protejan a los depositantes sin subsidiar la insolvencia.

La crisis de las sociedades de ahorro y prestamos es tan solo la punta del iceberg del riesgo moral. Aunque aún no están a la vista, la garantía de los depósitos genera los mismos perversos incentivos para los bancos comerciales. A menos que la desregulación avance hacia la privatización de la garantía sobre los depósitos, la nación pronto enfrentará una crisis mayor en toda la industria bancaria.

Traducido por Gabriel Gasave