Los inmigrantes son los chivos expiatorios para los costos del Bienestar Social

Si los políticos desean incrementar sus números en las encuestas exponiendo los abusos de nuestro sistema de bienestar, deberían comenzar con los nativos en vez de con los inmigrantes. Los inmigrantes, ya sean legales o ilegales, retienen los retazos sobrantes de nuestra economía y, y principalmente, asumen al trabajo como una virtud en las clases de tareas a las que los nativos ven como carentes de valor. Son un poderoso recordatorio de la virtud y el valor inherente a la iniciativa, algo que se ha vuelto insignificante para demasiados estadounidenses nativos por obra de un estado benefactor que proporciona efectivo, provisiones y racionalizaciones para el trabajo declinante.

¿Quién duda honestamente de que son los propios estadounidenses quienes presentan la más severa presión sobre el estado de bienestar (y, de esa manera, sobre los contribuyentes)? Por lo tanto, ¿por qué el sugerido recorte del Gobernador Pete Wilson de los beneficios sociales para los hijos de los inmigrantes ilegales? Porque es mucho más fácil no cuestionarse la noción central del estado de bienestar; es mejor solamente improvisar con ella.

Considérese al hablar sobre la reforma inmigratoria como una máscara para el oportunismo bipartidista a fin de acrecentar la burocracia. Como las sugeridas reformas de Wilson, las políticas inmigratorias ofrecidas recientemente por los líderes demócratas de California le pasan por el costado a la resultante cultura prebendaria del estado benefactor. Aún peor, después de agotar al New Deal y a la Gran Sociedad, los demócratas están aparentemente deseando darle al Estado Policial una prueba; su idea de resolver la “crisis inmigratoria” es la de otorgarle al gobierno aún más dinero, más empleados y, lo más importante, más autoridad.

La propuesta de la Senadora Dianne Feinstein de un peaje de un dólar para cruzar la frontera a fin de contratar más agentes para la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. ha sido formulada como parte de un gobierno preventivo. Pero incluso un incremento de diez veces en el plantel de la Patrulla Fronteriza no hará una gran mella en la inmigración ilegal. Mientras los estadounidenses sepan que no tienen que trabajar para ganarse su sustento y el salario gubernamental y las restricciones laborales creen mercados negros para la mano de obra, los inmigrantes ilegales vendrán aquí.

La Senadora Barbara Boxer desea movilizar a la Guardia Nacional. ¿Pero los inmigrantes que han invertido todos sus ahorros y arriesgado sus vidas para cruzar la frontera serán desalentados por otro despliegue de la autoridad policial?

¿Y es tan mala la inmigración ilegal que tenemos que militarizar la frontera? Existen peligros más claros y actuales para la República. La Guerra gubernamental contra las Drogas ha ayudado a convertir a nuestras ciudades en mini-Beiruts, pero ¿urgiría Boxer el envió de tropas para patrullar las ciudades de los votantes demócratas ricos de California?

Difícilmente. Como la propuesta de Wilson, el plan de Boxer es un caso de la postura correcta en el momento correcto, un ganga política de tomar como chivos expiatorios a quienes no constituyen el electorado.

No obstante, Boxer y Feinstein difícilmente se llevan el pastel del oportunismo de la Izquierda: la tesorera estadual y la probable aspirante a gobernador Kathleen Brown habla como si ella tuviese una solución final para la “crisis inmigratoria.” Ha avalado deportaciones masivas, tropas en la frontera, una Tarjeta de la Seguridad Social a prueba de alteraciones (“papeles, por favor”) y sanciones a los empleadores.

Y considérense las inspiraciones del Vocero Willie Brown y del Asambleísta del Condado de Orange Tom Umberg. Han replicado con un esquema particularmente autoritario para confiscar los activos y la propiedad de los empleadores de extranjeros ilegales. Gracioso como libertarios civiles de carrera pueden caer patas para arriba enamorados con amenazantes poderes policíacos cuando el clima político cambia.

Imaginemos tan sólo lo que una unidad SWAT del Servicio de Inmigración y Naturalización podría lograr al hacer cumplir tal legislación “progresiva” en materia de cateo y de incautación. Tal vez otro sangriento Waco (un hito en la crasa zurra política por parte de una fuerza policial federal bajo el oportuno pretexto político de incautar armas de fuego), o, más probablemente, casos de errores de identidad con un potencial para la tragedia.

Como la muerte debida a un tiroteo accidental de Donald Scott, un solitario millonario de Malibu, durante un irrupción a su hogar por parte de los alguaciles del condado, de agentes federales de drogas y de tropas de la Guardia Nacional actuando bajo las leyes de incautación de la propiedad y confiscación de drogas . No había drogas en la casa de Scott, pero las autoridades tenían una apreciación de su propiedad de casi 200 acres y $5 millones, la cual Scott había rehusado vender en repetidas ocasiones al Servicio de Parques Nacionales, que deseaba adicionar la propiedad a su Área de Recreación Nacional de las Montañas de Santa Mónica.

Los californianos deben sacudirse su xenofobia—como lo hicieron después de que los inmigrantes agrícolas fueran asimilados y después de que el Gobernador Earl Warren fustigara el apoyo para los campos de detención para los inmigrantes japoneses durante la Segunda Guerra Mundial—así como su confianza ciega en las propuestas para una acrecentada burocracia policial.

Es mejor que los nativos atraídos actualmente por los llamados codificados y bipartidistas contra la inmigración que solamente sirven para priorizar la burocracia retornen al sentido común, en lugar de arriesgarse aquedarse un día sin libertades—e incluso exprimidos por la factura de un estado benefactor así como también una clase marginal auto-destructiva creada y mantenida en los EE.UU.

Traducido por Gabriel Gasave