La tragedia de los comunes

Por todo el ex bloque Soviético, el mal manejo del medio ambiente puede ser hallado en regiones enteras de tierra, en vastas extensiones de agua, y en el aire en general, los que fueron sistemáticamente envenenados, con individuos utilizados como conejillos de indias para experimentos nucleares y toda otra forma de horrores tóxicos.

Pero esta “tragedia de los comunes” existe allí dondequiera que los derechos de propiedad sobre los recursos naturales se encuentran prohibidos—aún en los Estados Unidos. A menos que los individuos puedan controlar los recursos naturales como propiedad privada—como propios—los recursos serán objeto de abuso.

El gobierno federal posee aproximadamente un tercio de la tierra en los Estados Unidos, y sus políticas respecto a las mismas en el Oeste, donde se sitúan las mayores extensiones de su propiedad, han conducido al constante deterioro de la tierra y de su fauna. Desgraciadamente, la Rebelión Segabrush de fines de los años 70 buscó meramente traspasar las tierras federales a los estados, en respuesta a las políticas de la Administración Carter. Tal como la idea del manejo por parte del gobierno federal, la administración de esta tierras por parte de los estados hubiese fracasado en corregir los problemas inherentes “comunes”, a pesar de las burocracias más localizadas que habrían asumido el control.

La privatización, sin embargo, hubiese resuelto muchos de los problemas de la mala administración de la tierra por parte del Bureau of Land Management y de otras agencias federales.

La calidad del gerenciamiento de las tierras privadas en contraste con el de tierras públicas—ya sean federales, estatales o locales—revela esto: existen pocos, si es que hay alguno, problemas de desmalezamiento, agotamiento, o de erosión del suelo en las propiedades de Boise Cascade o en otros bosques privados. Existen pocos, si es que hay alguno, problemas de sobre-pastoreo en los ranchos privados. Y hay por lejos menos cazadores furtivos en las tierras privadas que en los parques públicos.

Aquellos cercanos a la tierra—ya sea en un sentido comercial o aún en términos de una causa—son mucho mejores administradores que los burócratas, cuyo gerenciamiento de los «comunes» asegura el abuso, dado que poseen pocos incentivos para proteger la tierra. En virtud de que sus ingresos son extraídos de la ciudadanía a través de la fuerza tributaria, los administradores burocráticos no tienen modo alguno de decir si están administrando los recursos de manera beneficiosa para el público o no.

Así como en una economía de mercado, los consumidores desencantados son libres de hacer sus compras en otra parte, tal oportunidad no existe bajo el dominio de una burocracia con facultades monopólicas.

Con ingresos garantizados, casi sin importar cómo se desempañan, los burócratas realmente poseen todos los incentivos para administrar mal los recursos a fin de justificar sus empleos y la existencia de sus siempre expandidas agencias. Incluso, si los burócratas fuesen ángeles con las correctas ambiciones de solamente hacer el bien, el dilema de su ignorancia al encontrarse a salvo del veredicto de los clientes (la ciudadanía), les impediría actuar para proteger y realzar los recursos.

En contraste, la calidad de la administración de la tierra para la fauna, privatizando las tierras federales, se encuentra bien ilustrada por centenares de exitosos cotos privados operados a través de los Estados Unidos, muchos de los cuales ayudan a incrementar las poblaciones de aquellas especies amenazadas y en peligro.

Por ejemplo, el Santuario de la Fauna Rainey de la Sociedad Audubon en Vermilion Pariah, Luisiana, posee y maneja cuidadosamente la tierra para la fauna y para la producción petrolera. A efectos de maximizar su valor, la Sociedad Audubon investigó y sopesó cuidadosamente el uso de su tierra y descubrió que no existe necesariamente un conflicto entre la prosecución de las metas económicas y las ambientales.

El Nature Conservancy, otro importante grupo medio-ambientalista, alcanza da manera similar muchas de sus metas eficazmente—apartar tierra para las especies –al adquirir propiedad, manteniéndola fuera de las manos del gobierno. Si el Departamento del Interior está explorando modelos de políticas innovadoras, no existe una escasez de estudios que demuestran lo que podría lograrse vendiendo tierras gubernamentales a los particulares.

Para empezar, la administración Clinton, a medida que la misma continúa analizando el gerenciamiento de las tierras federales, debería considerar por lo menos el transferir algunas propiedades fiscales—puede elegir entre 100 millones de acres—a los intereses que compiten actualmente unos con otros para un acceso continuo y casi carente de costo a las tierras públicas.

En las tierras privatizadas, las inquietudes de los rancheros y de los leñadores se encontrarían forzadas a considerar no tan sólo el pastoreo, la extracción y la cosecha (ahora a bajos costos), sino la reforestación, la remediación, y la rotación de la tierra si es que desean conservarla rentable en el futuro.

Asimismo, si algunas tierras federales se convirtiesen en propiedad de grupos medio-ambientalistas, podría ser que los mismos aprendan que acordonar la propiedad no es siempre la mejor alternativa para mantener saludables a la misma y a la fauna.

Traducido por Gabriel Gasave