¿No es posible la reforma?

El triste espectáculo de parálisis política en los Estados Unidos sugiere que los estadounidenses se encuentran estancados con el tamaño y alcance actuales de nuestro gobierno—y la economía deslucida que las restricciones gubernamentales provocan. ¿Es el estado de bienestar una red enmarañada de la cual ninguna nación puede escaparse?

Evidentemente no. Los chilenos y neocelandeses han demostrado que el gobierno grande puede ser revertido. Disminuyendo el tamaño y el alcance del gobierno, han detenido el crecimiento de su deuda pública, acelerado su desarrollo económico, y restaurado la esperanza por un futuro mejor. Desde mediados de los años setenta los chilenos han transformado su atrasado Estado de Bienestar en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo. Redujeron el crecimiento monetario, desecharon las barreras comerciales, y privatizaron las empresas propiedad del gobierno, una poda de dos tercios del sector público. Recortando impuestos y gastos aún más, el gobierno ha eliminado su déficit, manejando recientemente un superávit de cerca del 2% del PBI.

La tasa interna de ahorro de Chile se ha elevado a más del 25% del PBI (dos veces la tasa estadounidense), permitiendo una correspondientemente alta tasa de inversión, la cual es incrementada por una fuerte entrada de inversiones extranjeras. La economía ha crecido al 7% anual durante la pasada década (más de dos veces la tasa estadounidense).

Como nosotros, los chilenos tenían un sistema gubernamental de pensiones a la vejez de reparto, el cual había sido desnaturalizado y quebrado desvergonzadamente por los políticos. A medida que los cambios demográficos elevaron el número de beneficiarios de pensiones con relación al número de contribuyentes, los desembolsos del sistema, después de finales de los años 70, excedían cada vez más a sus ingresos.

En 1981, los chilenos comenzaron a privatizar la Seguridad Social. En lugar de un tambaleante esquema de Ponzi*, se les permitió a las compañías privadas competir para manejar los ahorros de retiro de los trabajadores, quienes tienen una amplia latitud para decidir cuánto contribuir—desde un 10% al 20% de sus salarios. (los trabajadores estadounidense pagan el 12.4% computando el aporte del empleado y la supuesta porción del empleador del impuesto del OASDI, es decir el Seguro a la Vejez y a la Incapacidad.)

Nueve de cada diez chilenos optaron por incorporarse el nuevo sistema. Ahora los trabajadores poseen sus propias cuentas de jubilación. En el momento de su retiro pueden recibir una pensión privada o comprar una anualidad de por vida de parte de una compañía de seguros privada. Según Jose Piñera, el ministro que manejó la privatización, los “trabajadores no han perdido ni diez centavos” y las pensiones bajo el nuevo sistema son un 40-50% más altas. Debido a que muchos trabajadores eligieron aportar más que el mínimo, el ahorro privado y la inversión de Chile se han elevado.

Nueva Zelanda es también instructiva. Después de la Segunda Guerra Mundial el crecimiento del gobierno estranguló su progreso. El extremo proteccionismo, los altos subsidios agrícolas, la enorme deuda nacional, las elevadas tasas impositivas, y el bienestar disipado contribuyeron a ello. Dice John Wood, embajador de Nueva Zelanda en los Estados Unidos, antes de 1984 “nos encontrábamos tan firmemente regulados, protegidos, y centralizados como cualquier país del este europeo, y nos desempeñábamos de manera similar.”

Para revertir este curso desastroso, los neocelandeses eligieron en 1984 un nuevo gobierno que inició vastas reformas. Abandonó los controles cambiarios, desreguló el sector financiero, y redujo radicalmente los aranceles en dos tercios. Los subsidios agrícolas, los cuales habían alcanzado un 30% de los ingresos de los granjeros, fueron virtualmente eliminados.

Mediante un proceso de dos etapas, Nueva Zelanda se desprendió de muchas de sus empresas estatales. Primero, se les exigió a las firmas que operasen sobre una base cercana a lo comercial y se les otorgó la flexibilidad para hacerlo. Segundo, las firmas fueron vendidas a los dueños privados. Desde 1987 el gobierno ha vendido 21 empresas estatales. El empleo público ha sido reducido un 59% desde 1984.

En Telecom New Zealand, comercializada en 1987 y privatizada en 1990, el número de empleados cayó de 26.500 a 9.300. Telecom substituyó su tecnología anticuada por un moderno sistema digital y ahora compite con MCI en larga distancia y Bell South en el servicio celular. Anteriormente absorbía subsidios; ahora obtiene beneficios.

Los neocelandeses derogaron las leyes laborales restrictivas y desregularon los mercados de trabajo. Reformaron el bienestar, reduciendo las prestaciones. Una ley sancionada en 1989 hace a la autoridad del banco central personalmente responsable de mantener la tasa de inflación por debajo del 2%.

La tasa de crecimiento económico de Nueva Zelanda ha sido recientemente de cerca del 5% y su tasa de inflación inferior al 2%. Se ha eliminado el déficit gubernamental, el cual era el 9% del PBI en 1984, y un superativ es ahora anticipado. El gasto público ha caído del 41% al 34% del PBI, relación casi similar a la de los EE.UU., la cual es demasiado alta, pero, a diferencia de los EE.UU., continúa cayendo. El desempleo ha caído del 0.9% al 6.6%.

Por supuesto, ni Chile ni Nueva Zelanda ofrecen un ejemplo perfecto de reforma económica. Ni han creado un régimen que se aproxime al laissez faire, ni se encuentran sus éxitos recientes garantizados para continuar sin la voluntad política de desmantelar aún más programas gubernamentales.

Pese a la reforma chilena de gran envergadura de la Seguridad Social, por ejemplo, el sistema sigue siendo obligatorio. Además, el gobierno restringe cómo las compañías pueden invertir los fondos de los trabajadores, requiriendo, por ejemplo, que al menos la mitad sea invertido en certificados del gobierno. Y porque el gobierno todavía le garantiza a cada trabajador una pensión mínima, los contribuyentes chilenos continúan soportando la última responsabilidad de las deudas del sistema.

Pero la reforma de la Seguridad Social de Chile, siendo actualmente imitada en cierto grado por Perú, Argentina, Colombia, e Italia, sugiere que los estadounidenses bien podrían adoptar reformas similares—idealmente yendo mucho más lejos. La clave es otorgarles a los trabajadores un derecho de propiedad privada sobre sus ahorros de inversión e invertir los fondos enteramente en la economía privada, donde serán genuinamente productivos.

Tanto Chile como Nueva Zelanda habían caído en desesperadas penurias antes de adoptar sus reformas. ¿Tendrán que deteriorarse aún más las condiciones aquí antes de que los defensores del status quo estén lo suficientemente desacreditados? Esperemos que no.

Mientras tanto Chile y Nueva Zelanda pueden servir como ejemplos instructivos de cómo los ciudadanos pueden ganar talando trozos del estado de bienestar. Incluso después del lodazal de la democracia social, la revitalización económica es posible.

*Nota del Traductor:
Se denomina Esquema de Ponzi a cualquier programa de inversión que ofrece altos retornos inverosímiles, en el cual les son abonados los mismos a los primeros inversores, usando el capital contribuido por los inversores ulteriores. Denominado así por Carlo Ponzi quien promovió tal esquema en los años 20 sobre la base del arbitraje teórico de cupones de respuesta postal internacional. A veces se lo denomina Esquema Pirámide debido a que la estructura debe estar apoyada, a medida que transcurre el tiempo, en una basa cada vez más amplia de inversores incautos.

Traducido por Gabriel Gasave