Mantengamos a los violentos tras las rejas

El número de internos en las prisiones y cárceles de los Estados Unidos sigue creciendo. Según un nuevo informe del Departamento de Justicia, la tasa de individuos mantenidos en custodia casi se ha duplicado desde 1985, pasando la misma de 313 internos por cada 100.000 residentes a cerca de 600 internos por cada idéntico número de habitantes. En Texas, el número de prisioneros estaduales se quintuplicó entre 1975 y 1994.

Mientas que las poblaciones carcelarias continúan en aumento, las consecuencias de tal encarcelación contra los delitos violentos son fervientemente debatidas—y números crecientes de estadounidenses se preguntan sí no estaremos colocando en la cárcel a los individuos equivocados mientras dejamos salir a algunos que, en aras de la seguridad pública, sería mejor que cumpliesen con la totalidad de sus condenas.

Le puede llegar a sorprender a mucha gente, pero los Estados Unidos encarcelan a un porcentaje mayor de su población que casi cualquier otro país en el mundo. Previamente, tan solo Sudáfrica y la ex Unión Soviética tenían un porcentaje más alto de su población en las prisiones.

Desde el fin del apartheid, la tasa de encarcelamiento en Sudáfrica ha declinado de manera dramática, dejando que los Estados Unidos y Rusia detenten el dudoso honor de ser los líderes en materia de prisiones. En 1992-93, Rusia encarceló a 558 de cada 100.000 de sus ciudadanos mientras que los Estados Unidos lo hacían con 519. Desde entonces, los Estados Unidos han incrementado sus índices de encarcelamiento; no fuimos capaces de obtener las cifras más recientes sobre la situación en Rusia.

Las cifras de encarcelamiento de ambos países son radicalmente más altas que las de cualquier otro país. Inglaterra (en 1992-93) encarceló a 93 de cada 100.000 residentes. Para Canadá el número fue de 116; para Japón, de 36; para Francia, 84; para Nueva Zelanda, 135. Singapur es considerado un sitio severo y punitivo, pero no obstante ello puso a 229 de cada 100.000 residentes en prisión, menos de la mitad del índice de encarcelamiento para los Estados Unidos.

La tasa de encarcelamiento pareciera guardar poca relación con el acaecimiento de delitos violentos. Desde 1980 a 1986, el número de internos en las prisiones se incrementó en un 65 por ciento y los delitos violentos declinaron en un 16 por ciento. Desde 1986 a 1991, la población interna aumentó en un 51 por ciento—y los delitos violentos también se incrementaron, en un 15 por ciento. Desde 1991, los índices de encarcelamiento han seguido creciendo, y los delitos violentos parecen haberse nivelado—pero siguen siendo muchos más altos que lo que eran en los años 50 o 60 cuando encarcelamos a un porcentaje mucho menor de la población.

En parte, esta disyunción puede deberse a que estamos colocando en las cárceles a los individuos equivocados. A pesar de la inquietud pública respecto de los delitos violentos, entre 1980 y 1993, el 84 por ciento del incremento en los nuevos encarcelamientos de los tribunales fueron por delitos menores relacionados con las drogas, la propiedad, y el orden público, y solamente el 16 por ciento fueron por delitos violentos. En 1980, cerca del 6 por ciento de los nuevos prisioneros estaduales estaban vinculados a delitos menores por drogas; en 1990 el total de ellos representaba el 30 por ciento.

La imposición de sentencias mínimas obligatorias para los delitos menores relacionados con las drogas ha llevado a tener una mayor sobrepoblación carcelaria, la cual a su vez ha conducido a más liberaciones anticipadas por delitos violentos. Florida, por ejemplo, intensificó su guerra contra las drogas entre 1984 y 1989. En 1984, un prisionero típico de Florida cumplía el 50 por ciento de su condena, pero para 1989, el prisionero promedio cumplía tan solo con el 33 por ciento de la misma.

En fascinante nuevo estudio para The Independent Institute, los profesores de economía Bruce Benson y David Rasmussen de la Florida State University demuestran, con estudios de casos comparativos, que cuando la guerra contra las drogas aumenta, otras prioridades atinentes a la aplicación de la ley sufren las consecuencias. Lejos de disminuir los delitos, librar una guerra contra las drogas pareciera incrementarlos.

Ambos recomendaron tomar medidas enérgicas contra los delincuentes juveniles antes de que el crimen se convierta en su forma de vida, abolir las leyes de confiscación de activos, convertir a la seguridad pública (en vez de al número de arrestos) en la prioridad principal de la política, descentralizar el sistema penitenciario, y despenalizar el consumo de estupefacientes.

Esas recomendaciones merecen una seria consideración y debate. En un año electoral es improbable que lo obtengan.

Traducido por Gabriel Gasave