No impongan impuestos a las compras por Internet

Si la Navidad de 1999 se destacó por el volumen de obsequios adquiridos a través de Internet, la Navidad de 2000 podría ser notable por algo más: el cobro de impuestos a las transacciones en Internet.

El Congreso se encuentra discutiendo a fondo sí gravar o no a las mismas. En 1998 impuso una moratoria de tres años para dar tiempo a fin de que se estudie el tema. Con miles de millones de dólares en concepto de ingresos tributarios en juego, el tema se está calentando.

En diciembre, la Advisory Commission on Electronic Commerce se reunió a efectos de considerar tornar permanente a la moratoria. La comisión suspendió la sesión sin llegar a un acuerdo.

Los consumidores que adquieren productos online disfrutan actualmente de la misma inmunidad respecto de los impuestos a las ventas estaduales y locales que los clientes que realizan ordenes de compra por catalogo, las que les son remitidas por correo. La Corte Suprema se pronunció una década atrás considerando que exigirle a los minoristas de un estado que les cobren el impuesto a las ventas a los consumidores radicados en otro, implica interferir de manera inconstitucional sobre el comercio interestadual.

Quienes apoyan una legislación sobre el particular, apuntaron a revertir el fallo de la Corte Suprema, sosteniendo que su objetivo meta es simplemente el de restaurar la “neutralidad” de la legislación sobre el impuesto a las ventas. Afirman que la existencia de un paraíso fiscal en Internet, coloca a los minoristas locales en una situación de desventaja competitiva. Y entonces, que el terminar con la ausencia de un impuesto sobre Internet no implica el establecimiento de un nuevo gravamen sino que simplemente se trata de nivelar el terreno de juego del comercio. Además, los gobiernos estaduales y locales pierden un ingreso tributario considerable cuando los consumidores adquieren productos en Internet de parte de comerciantes radicados en otras jurisdicciones—un ingreso en concepto de impuestos que es urgentemente necesario para financiar escuelas, carreteras, y otros servicios públicos esenciales.

Los que se oponen a dicha tributación enfatizan que el comercio electrónico ya se encuentra generando efectivamente un ingreso sustancial para los gobiernos locales y estaduales proveniente de una variedad de fuentes tributarias, incluidos los impuestos a las ganancias de las empresas y de las personas, y que un ingreso tributario adicional difícilmente sea necesario en un momento en el que la economía se encuentra en auge y la mayoría de los presupuestos de los gobiernos estaduales están nadando en tinta negra.

Resultan incuestionables para todos los que participan de este debate, los beneficios para los contribuyentes que trae aparejado el mantener el status quo. La competencia entre las 30.000 jurisdicciones impositivas estaduales y locales de la nación, ayuda a mantener bajas tasas impositivas en su relación mínima de costo-eficacia. Si un estado o una ciudad impone una tasa del impuesto a las ventas que resulta demasiado elevada con relación a los servicios públicos a los que esos impuestos ayudan a financiar, su base tributaria se reducirá en la medida que tanto las empresas como los consumidores se desplacen hacia otras jurisdicciones con impuestos más bajos y mejores carreteras y escuelas.

Pero mudarse es algo costoso. La habilidad para eludir los altos impuestos locales efectuando transacciones a través de Internet o mediante ordenes de compra por catalogo mediante el correo, ofrece un margen alternativo de competencia que obliga a los gobiernos a ser más fiscalmente responsables.

Mientras los minoristas locales se encuentran entonces en una desventaja competitiva, las empresas de envíos por correo y los minoristas “electrónicos” tienen su propia desventaja competitiva bajo la forma de los costos de envío y de empaque que deben abonar sus consumidores. Los minoristas locales pueden entonces recapturar los negocios perdidos en manos de las ventas por catalogo o a través de Internet ofreciendo servicios que los consumidores valoran—y por los cuales están deseosos de pagar. O reduciendo sus precios de modo tal que, a pesar del impuesto a las ventas, los importes que cobren sean iguales o menores que aquellos cobrados por los comerciantes de Internet los que incluyen los cargos por envío y empaque.

Así es como se supone que debe funcionar la competencia. Cuando en cambio, el terreno de juego es nivelado obligando a las compañías de Internet a subir sus precios al tener que cobrar el impuesto a las ventas para luego remitirlo a la tesorería del estado en donde reside el comprador, el proceso competitivo del mercado entra en corto circuito.

Las propuestas para gravar el comercio en Internet son intentos finamente velados con el objetivo de proteger a los comerciantes minoristas locales ineficientes y a los gobiernos locales de las benéficas fuerzas de la competencia. Es una política pública poco sabia la de corregir los “efectos distorsivos” del paraíso fiscal de Internet mediante la introducción de otra distorsión. Esto es especialmente válido respecto del impuesto a las ventas, el cual es altamente regresivo, y coloca la carga tributaria más pesada sobre los estadounidenses de ingresos bajos. Mucho mejor es permitir que la floreciente competencia del comercio electrónico ayude a terminar con las distorsiones creadas por los gravámenes existentes.

Traducido Gabriel Gasave