El año pasado, el gobierno estadounidense envió $860 millones en asistencia al gobierno colombiano a efectos de ayudar a financiar su programa anti-drogas y pro-democracia, denominado Plan Colombia. Gran parte de esta ayuda fue para combatir la producción y el trafico de narcóticos.
El Congreso pronto asignará otros $625 millones para lo que está siendo denominado como la Iniciativa Regional Andina, y no hay indicación que la misma disminuirá la participación estadounidense en la guerra colombiana contra la droga.
Esta es una trágica equivocación. Los esfuerzos antinarcóticos en Colombia han sido ineficaces, y una intervención adicional de los EE.UU. tan sólo empeorará una situación desesperada.
Uno de los componentes primarios de los esfuerzos estadounidenses anti-drogas ha sido una campaña de fumigación contra las granjas de coca y de amapola de Colombia, las cuales constituyen la fuente del 90 por ciento de la cocaína de los Estados Unidos y del 65 por ciento de su heroína.
En esta campaña, los aviones eliminadores de cultivos vuelan sobre las granjas y dejan caer herbicidas para erradicar los sembradíos de coca y de amapola. Todo lo que este programa ha logrado es forzar a las granjas a trasladarse, mientras que no hace nada para contener la producción total de coca y de amapola. En la década pasada, el cultivo de coca se ha desplazado desde Bolivia a Perú y desde el centro de Colombia al sur del país debido a la fumigación, pero la producción total de cocaína se ha efectivamente incrementado.
Otro elemento del Plan Colombia es la ayuda militar para combatir a las organizaciones responsables de la producción de la droga. El año pasado, los Estados Unidos le otorgaron al gobierno colombiano más de $640 millones en asistencia militar y policial, incluyendo entrenamiento militar por parte de los Boinas Verdes y la entrega de 60 helicópteros de combate.
Tanto la fumigación como la acción militar han probado ser fútiles. La demanda estadounidense de cocaína la convierte en un producto demasiado lucrativo para detenerlo. Los granjeros pobres no pararán de cultivar coca mientras hacerlo sea, en promedio, ocho veces más provechoso que cultivar café o cacao, y los traficantes de droga no abandonarán fácilmente una industria estimada en $6 mil millones.
A pesar de nuestros esfuerzos antinarcóticos, la producción de cocaína en Colombia se ha más que duplicado durante los últimos cinco años. Inyectar otros $625 millones en el Plan Colombia no revertirá esta tendencia.
Lo que el mismo hará es aumentar el sufrimiento del empobrecido y exhausto por la guerra pueblo colombiano. Cuando los infames cárteles de la droga de Cali y Medellín fueron derribados a mediados de los años 90, el control del comercio de drogas pasó a manos de numerosos grupos de traficantes de droga más pequeños y difíciles de rastrear y a las guerrillas izquierdistas, las que han estado peleando una revolución durante 37 años.
Aunque los voceros del Departamento de Estado han dicho que el gobierno de los EE.UU. apoya las conversaciones de paz con las guerrillas, sus acciones apuntalan una escalada en la guerra contra los guerrilleros.
En la actualidad, el combate es más severo de lo que ha sido durante 37 años, y los críticos están trazando paralelos entre la implicación estadounidense en la guerra civil de Colombia y la Guerra de Vietnam. Además, la ayuda militar no hace nada para resolver el creciente problema de los paramilitares de derecha, quienes son responsables de numerosas masacres civiles y de su propia y significativa operación de tráfico de drogas.
Mientras que el hábito de la cocaína de los Estados Unidos está impulsando una industria de $6 mil millones en Colombia, el gobierno estadounidense se encuentra gastando cientos de millones para emprender una guerra violenta e ineficaz contra la producción de cocaína.
La misma también está contribuyendo a la escalada de un conflicto largo y sangriento. El Plan Colombia debe terminar antes de que más de civiles inocentes en ese país sean forzados a pagar por el comportamiento irresponsable e imprudente de los Estados Unidos, y de que este país aumente las filas de sus enemigos en el exterior.
Traducido por Gabriel Gasave
Una batalla perdida en Colombia
El año pasado, el gobierno estadounidense envió $860 millones en asistencia al gobierno colombiano a efectos de ayudar a financiar su programa anti-drogas y pro-democracia, denominado Plan Colombia. Gran parte de esta ayuda fue para combatir la producción y el trafico de narcóticos.
El Congreso pronto asignará otros $625 millones para lo que está siendo denominado como la Iniciativa Regional Andina, y no hay indicación que la misma disminuirá la participación estadounidense en la guerra colombiana contra la droga.
Esta es una trágica equivocación. Los esfuerzos antinarcóticos en Colombia han sido ineficaces, y una intervención adicional de los EE.UU. tan sólo empeorará una situación desesperada.
Uno de los componentes primarios de los esfuerzos estadounidenses anti-drogas ha sido una campaña de fumigación contra las granjas de coca y de amapola de Colombia, las cuales constituyen la fuente del 90 por ciento de la cocaína de los Estados Unidos y del 65 por ciento de su heroína.
En esta campaña, los aviones eliminadores de cultivos vuelan sobre las granjas y dejan caer herbicidas para erradicar los sembradíos de coca y de amapola. Todo lo que este programa ha logrado es forzar a las granjas a trasladarse, mientras que no hace nada para contener la producción total de coca y de amapola. En la década pasada, el cultivo de coca se ha desplazado desde Bolivia a Perú y desde el centro de Colombia al sur del país debido a la fumigación, pero la producción total de cocaína se ha efectivamente incrementado.
Otro elemento del Plan Colombia es la ayuda militar para combatir a las organizaciones responsables de la producción de la droga. El año pasado, los Estados Unidos le otorgaron al gobierno colombiano más de $640 millones en asistencia militar y policial, incluyendo entrenamiento militar por parte de los Boinas Verdes y la entrega de 60 helicópteros de combate.
Tanto la fumigación como la acción militar han probado ser fútiles. La demanda estadounidense de cocaína la convierte en un producto demasiado lucrativo para detenerlo. Los granjeros pobres no pararán de cultivar coca mientras hacerlo sea, en promedio, ocho veces más provechoso que cultivar café o cacao, y los traficantes de droga no abandonarán fácilmente una industria estimada en $6 mil millones.
A pesar de nuestros esfuerzos antinarcóticos, la producción de cocaína en Colombia se ha más que duplicado durante los últimos cinco años. Inyectar otros $625 millones en el Plan Colombia no revertirá esta tendencia.
Lo que el mismo hará es aumentar el sufrimiento del empobrecido y exhausto por la guerra pueblo colombiano. Cuando los infames cárteles de la droga de Cali y Medellín fueron derribados a mediados de los años 90, el control del comercio de drogas pasó a manos de numerosos grupos de traficantes de droga más pequeños y difíciles de rastrear y a las guerrillas izquierdistas, las que han estado peleando una revolución durante 37 años.
Aunque los voceros del Departamento de Estado han dicho que el gobierno de los EE.UU. apoya las conversaciones de paz con las guerrillas, sus acciones apuntalan una escalada en la guerra contra los guerrilleros.
En la actualidad, el combate es más severo de lo que ha sido durante 37 años, y los críticos están trazando paralelos entre la implicación estadounidense en la guerra civil de Colombia y la Guerra de Vietnam. Además, la ayuda militar no hace nada para resolver el creciente problema de los paramilitares de derecha, quienes son responsables de numerosas masacres civiles y de su propia y significativa operación de tráfico de drogas.
Mientras que el hábito de la cocaína de los Estados Unidos está impulsando una industria de $6 mil millones en Colombia, el gobierno estadounidense se encuentra gastando cientos de millones para emprender una guerra violenta e ineficaz contra la producción de cocaína.
La misma también está contribuyendo a la escalada de un conflicto largo y sangriento. El Plan Colombia debe terminar antes de que más de civiles inocentes en ese país sean forzados a pagar por el comportamiento irresponsable e imprudente de los Estados Unidos, y de que este país aumente las filas de sus enemigos en el exterior.
Traducido por Gabriel Gasave
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