Las crisis-inducidas nos hacen perder libertades

Michael Barone piensa que, este vez, la guerra no dará lugar a aumentos significativos en el tamaño y el alcance del gobierno (“No es una Victoria para el Gobierno Grande,” página editorial, 15 de enero), debido a que la guerra contra el terrorismo no precisa del gasto masivo y de los amplios controles económicos de la Segunda Guerra Mundial, y porque los votantes continúan, por lo menos en ciertas encuestas, favoreciendo en lo abstracto a un gobierno más pequeño.

Habiendo estudiado esta cuestión durante mucho tiempo y escrito un libro sobre ella (Crisis and Leviathan, Oxford University Press, 1987), no estoy convencido de que la crisis actual vaya a diferir de las anteriores, todas las cuales, desde la Primera Guerra Mundial hasta el episodio de los derechos civiles y la Guerra de Vietnam, provocaron un aumento permanente del gobierno.

Debido a que la guerra contra el terrorismo acaba de comenzar, es demasiado pronto para concluir que el patrón que tuvo lugar a lo largo del siglo veinte haya sido roto. Si el gobierno decide emprender una guerra a gran escala contra Irak, tal como un número de funcionarios y de consejeros de alto nivel lo están impulsando, o si envía fuerzas para combatir en un frente extendido desde África a Indonesia y a las Filipinas, entonces el tamaño y el alcance del gobierno ciertamente crecerá.

Ya, sin embargo, el gobierno ha crecido de maneras significativas. Especialmente importantes son las facultades considerablemente realzadas que el gobierno ha asumido para espiar y confiscar la propiedad de todos los estadounidenses. Varios fragmentos de la Ley Patriota de los EE.UU. ensanchan el Estado del Gran Hermano, desde provisiones de fisgoneo a medidas de confiscación de activos, las que se encuentran dirigidas ostensiblemente a disminuir el lavado de dinero—la última premisa sobre la evidencia inadmisible en las cortes de EE.UU..

El Procurador General John Ashcroft ha reactivado la notoria operación Cointelpro del FBI utilizada desde 1957 hasta 1971, para espiar a organizaciones políticas y religiosas domésticas. Un número de estados se encuentran considerando la promulgación de leyes de emergencia las cuales le otorgarían a sus gobernadores facultades draconianas sobre las personas, la propiedad y la información personal.

A medida que tales medidas continúan aumentando los poderes del gobierno en todos los niveles, la población permanece en gran medida insensible a las amenazas que esas disposiciones representan para la libertad, no solo en la actualidad sino con toda probabilidad durante muchos años por venir. El encuestador John Zogby declaró recientemente que “la buena voluntad de claudicar libertades personales es apabullante, debido a que el nivel de temor es muy alto.” Podemos esperar solamente que la gente recupere su calma y su sentido de la proporción antes de que el trinquete gire una vez más y nuestras libertades sustenten otra pérdida irreversible por una crisis inducida.

Traducido por Gabriel Gasave