Dado que el Senado de Colorado concuerda ya que la elección escolar es un elemento crítico de la reforma educativa, y que la decisión de la Suprema Corte de los EE.UU. sobre los vales removió la nube legal, la legislatura no debería establecer una versión intermedia o puerta de escape de la elección escolar.
Veinte años de investigación y de costosa frustración desde el informe “La Nación en Riesgo” de 1983 han probado que el actual sistema es muy resistente a la reforma. Los esfuerzos para superar la resistencia con evaluaciones de objetivos elevados y el micro-gerenciamiento docente han, en muchos casos, empeorado las cosas. Esa experiencia y las resmas de la investigación demuestran que la genuina competencia es nuestra mejor esperanza para un mejor sistema educativo del K-12*. La rivalidad constructiva, pero modesta, que resulta de los programas limitados como el de la ley aprobada por el Senado de Colorado no es suficiente para facilitar la transformación que solamente un mercado educativo verdaderamente competitivo puede proporcionar. En un escenario de verdadera competencia, las escuelas públicas y privadas competirían igualmente por los clientes. El gobierno no favorecería a las escuelas públicas en detrimento de las escuelas privadamente administradas.
Los programas de elección escolar existentes y la ley aprobada por el Senado de Colorado proporcionan a los usuarios de la escuela pública mucho más financiamiento del contribuyente que a los usuarios de la escuela privada. Colorado limita la participación a los niños en las escuelas fracasadas, y ellos obtienen solamente el 85 por ciento del financiamiento por alumno del establecimiento fallido. Los mismos tipos de límites existen en Milwaukee y en Cleveland. Por ejemplo, el programa de Milwaukee permite los vales pero no mayores a $5.783, pero las Escuelas Públicas de Milwaukee (MPS su sigla en inglés) gastan $10.228 por alumno. El control de precios existe porque las familias no pueden suplementar los fondos del vale con su propio dinero. Solamente una pequeña fracción de las familias de bajos ingresos es elegible. Cleveland ofrece menos vales y aún más pequeños.
Al igual que la ley aprobada por el Senado de Colorado, el programa de la Florida solamente financia a los estudiantes de las peores escuelas del estado. El importe del vale de la Florida es de cerca de la mitad de los fondos proporcionados para un estudiante de escuela pública (Colorado proporcionaría el 85 por ciento), y las familias no pueden utilizar los vales en escuelas que cobran más que el importe del vale. En otras palabras, las familias de la Florida y de Colorado no son elegibles hasta que el estado certifique que sus hijos son víctimas de la negligencia educativa. Y las escuelas privadas no pueden cobrar los vales a menos que prometan hacer más con menos: ayudar a los usuarios del vale a ponerse al día y entonces superar a sus pares de la escuela pública con mucho menos que el nivel de financiamiento de la escuela fracasada.
En un mercado educativo verdaderamente competitivo, el gobierno no discriminaría contra los padres que eligen para sus hijos las escuelas administradas privadamente. Todos los padres tendrían la opción genuina, y serían capaces de elegir igualmente entre las escuelas privadas y las públicas. Los programas limitados de elección escolar como el de la ley del Senado de Colorado ayudan a los pocos niños que son lo suficientemente afortunados como para participar, pero tales programas no pueden proporcionar los recursos y los incentivos que mejorarían enormemente tanto a las escuelas privadas como a las públicas. El tratamiento preferencial para los usuarios de la escuela pública deja intactos los elementos negativos del actual sistema, lo cual prolonga los efectos periódicamente reafirmados e intolerables que produjeron la declaración de la comisión presidencial de 1983 de “La Nación en Riesgo”. Un informe de una comisión presidencial de febrero 2001 sobre la seguridad nacional que incluía una sección sobre los problemas de la educación en el K-12, sostenía que los resultados del actual sistema son una seria amenaza a la seguridad nacional.
Sin la competencia hecha y derecha que solamente puede fomentar un programa universal y no discriminatorio, los programas de elección solamente pueden producir beneficios modestos. Los programas actuales básicamente llenan los asientos vacíos en las escuelas privadas existentes. Milwaukee, con el programa de vales más antiguo, más grande, y más generoso de la nación, no ha ampliado lo suficiente la capacidad de la escuela privada como para eliminar las listas de espera. Pero en un sistema competitivo maduro, los empresarios escolares formarían escuelas nuevas para perseguir las enormes oportunidades de beneficiarse mejorando las ofertas existentes.
Muchos creen que los programas limitados de elección escolar evolucionarán gradualmente en programas más grandes no discriminatorios y universales. Este puede ser un pensamiento optimista. Los programas gubernamentales son más propensos a ganar restricciones que a desprenderse de ellas. Los programas de elección como el que existía en el Distrito de Alum Rock en San José, California, y los otros se encuentran periódicamente amenazados. Las restricciones originales claves como el control de precios, los límites a la participación, y la discriminación contra los usuarios de las escuelas privadas permanecen.
Un período inicial de prueba es aceptable, pero la experiencia nos dice que es muy importante establecer los elementos críticos en la legislación original. Una transición gradual a un mercado competitivo maduro se encuentra asegurada por el hecho de que las escuelas públicas albergan cerca del 90 por ciento de la capacidad escolar. Las escuelas públicas tendrían mucho tiempo para volverse valiosas a fin de ser elegidas junto a un surtido creciente de opciones privadas. Aún con un programa universal y no discriminatorio plenamente en práctica, tomaría años de rápido crecimiento antes que el sector privado pudiese satisfacer las demandas de las familias que prefieren las escuelas privadas a las escuelas públicas.
Desafortunadamente, la gente en números crecientes pareciera ver a los programas de elección escolar como nada más que potenciales válvulas de escape para los niños de bajos ingresos atrapados en las peores escuelas de los centros urbanos. Eso estaría bien si las otras escuelas públicas fuesen aceptables. Desafortunadamente, no lo son. Propuestas de válvulas de escape como la de la ley del Senado de Colorado no pueden ofrecerle a la totalidad del sistema la mejora que una “Nación en Riesgo” precisa desesperadamente. Ahora que la cuestión de la constitucionalidad ya no enturbia más el debate sobre la elección, deberíamos procurar la opción escolar para todos los niños, no tan solo programas limitados para los estudiantes más desesperados. El sueño de crear un mayor estándar de calidad para las escuelas privadas y para las escuelas públicas puede volverse una realidad, pero solamente si dejamos de fijamos una corta visión de esa meta.
*Nota del Traductor:
Por K-12 se entiende el ciclo educativo que se extiende desde el Kindergarten o Jardín de infantes hasta el curso 12 de la Escuela Secundaria inclusive.
Traducido por Gabriel Gasave
Los programas limitados de elección escolar no dan en el blanco
Dado que el Senado de Colorado concuerda ya que la elección escolar es un elemento crítico de la reforma educativa, y que la decisión de la Suprema Corte de los EE.UU. sobre los vales removió la nube legal, la legislatura no debería establecer una versión intermedia o puerta de escape de la elección escolar.
Veinte años de investigación y de costosa frustración desde el informe “La Nación en Riesgo” de 1983 han probado que el actual sistema es muy resistente a la reforma. Los esfuerzos para superar la resistencia con evaluaciones de objetivos elevados y el micro-gerenciamiento docente han, en muchos casos, empeorado las cosas. Esa experiencia y las resmas de la investigación demuestran que la genuina competencia es nuestra mejor esperanza para un mejor sistema educativo del K-12*. La rivalidad constructiva, pero modesta, que resulta de los programas limitados como el de la ley aprobada por el Senado de Colorado no es suficiente para facilitar la transformación que solamente un mercado educativo verdaderamente competitivo puede proporcionar. En un escenario de verdadera competencia, las escuelas públicas y privadas competirían igualmente por los clientes. El gobierno no favorecería a las escuelas públicas en detrimento de las escuelas privadamente administradas.
Los programas de elección escolar existentes y la ley aprobada por el Senado de Colorado proporcionan a los usuarios de la escuela pública mucho más financiamiento del contribuyente que a los usuarios de la escuela privada. Colorado limita la participación a los niños en las escuelas fracasadas, y ellos obtienen solamente el 85 por ciento del financiamiento por alumno del establecimiento fallido. Los mismos tipos de límites existen en Milwaukee y en Cleveland. Por ejemplo, el programa de Milwaukee permite los vales pero no mayores a $5.783, pero las Escuelas Públicas de Milwaukee (MPS su sigla en inglés) gastan $10.228 por alumno. El control de precios existe porque las familias no pueden suplementar los fondos del vale con su propio dinero. Solamente una pequeña fracción de las familias de bajos ingresos es elegible. Cleveland ofrece menos vales y aún más pequeños.
Al igual que la ley aprobada por el Senado de Colorado, el programa de la Florida solamente financia a los estudiantes de las peores escuelas del estado. El importe del vale de la Florida es de cerca de la mitad de los fondos proporcionados para un estudiante de escuela pública (Colorado proporcionaría el 85 por ciento), y las familias no pueden utilizar los vales en escuelas que cobran más que el importe del vale. En otras palabras, las familias de la Florida y de Colorado no son elegibles hasta que el estado certifique que sus hijos son víctimas de la negligencia educativa. Y las escuelas privadas no pueden cobrar los vales a menos que prometan hacer más con menos: ayudar a los usuarios del vale a ponerse al día y entonces superar a sus pares de la escuela pública con mucho menos que el nivel de financiamiento de la escuela fracasada.
En un mercado educativo verdaderamente competitivo, el gobierno no discriminaría contra los padres que eligen para sus hijos las escuelas administradas privadamente. Todos los padres tendrían la opción genuina, y serían capaces de elegir igualmente entre las escuelas privadas y las públicas. Los programas limitados de elección escolar como el de la ley del Senado de Colorado ayudan a los pocos niños que son lo suficientemente afortunados como para participar, pero tales programas no pueden proporcionar los recursos y los incentivos que mejorarían enormemente tanto a las escuelas privadas como a las públicas. El tratamiento preferencial para los usuarios de la escuela pública deja intactos los elementos negativos del actual sistema, lo cual prolonga los efectos periódicamente reafirmados e intolerables que produjeron la declaración de la comisión presidencial de 1983 de “La Nación en Riesgo”. Un informe de una comisión presidencial de febrero 2001 sobre la seguridad nacional que incluía una sección sobre los problemas de la educación en el K-12, sostenía que los resultados del actual sistema son una seria amenaza a la seguridad nacional.
Sin la competencia hecha y derecha que solamente puede fomentar un programa universal y no discriminatorio, los programas de elección solamente pueden producir beneficios modestos. Los programas actuales básicamente llenan los asientos vacíos en las escuelas privadas existentes. Milwaukee, con el programa de vales más antiguo, más grande, y más generoso de la nación, no ha ampliado lo suficiente la capacidad de la escuela privada como para eliminar las listas de espera. Pero en un sistema competitivo maduro, los empresarios escolares formarían escuelas nuevas para perseguir las enormes oportunidades de beneficiarse mejorando las ofertas existentes.
Muchos creen que los programas limitados de elección escolar evolucionarán gradualmente en programas más grandes no discriminatorios y universales. Este puede ser un pensamiento optimista. Los programas gubernamentales son más propensos a ganar restricciones que a desprenderse de ellas. Los programas de elección como el que existía en el Distrito de Alum Rock en San José, California, y los otros se encuentran periódicamente amenazados. Las restricciones originales claves como el control de precios, los límites a la participación, y la discriminación contra los usuarios de las escuelas privadas permanecen.
Un período inicial de prueba es aceptable, pero la experiencia nos dice que es muy importante establecer los elementos críticos en la legislación original. Una transición gradual a un mercado competitivo maduro se encuentra asegurada por el hecho de que las escuelas públicas albergan cerca del 90 por ciento de la capacidad escolar. Las escuelas públicas tendrían mucho tiempo para volverse valiosas a fin de ser elegidas junto a un surtido creciente de opciones privadas. Aún con un programa universal y no discriminatorio plenamente en práctica, tomaría años de rápido crecimiento antes que el sector privado pudiese satisfacer las demandas de las familias que prefieren las escuelas privadas a las escuelas públicas.
Desafortunadamente, la gente en números crecientes pareciera ver a los programas de elección escolar como nada más que potenciales válvulas de escape para los niños de bajos ingresos atrapados en las peores escuelas de los centros urbanos. Eso estaría bien si las otras escuelas públicas fuesen aceptables. Desafortunadamente, no lo son. Propuestas de válvulas de escape como la de la ley del Senado de Colorado no pueden ofrecerle a la totalidad del sistema la mejora que una “Nación en Riesgo” precisa desesperadamente. Ahora que la cuestión de la constitucionalidad ya no enturbia más el debate sobre la elección, deberíamos procurar la opción escolar para todos los niños, no tan solo programas limitados para los estudiantes más desesperados. El sueño de crear un mayor estándar de calidad para las escuelas privadas y para las escuelas públicas puede volverse una realidad, pero solamente si dejamos de fijamos una corta visión de esa meta.
*Nota del Traductor:
Por K-12 se entiende el ciclo educativo que se extiende desde el Kindergarten o Jardín de infantes hasta el curso 12 de la Escuela Secundaria inclusive.
Traducido por Gabriel Gasave
EconomíaEconomía de libre mercadoEducaciónLibertad para la elección de la escuela
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