El pantano del matrimonio

La cuestión de los matrimonios homosexuales está explotando en los niveles federales y estaduales, con algunos políticos que reclaman una enmienda constitutcional que defina al matrimonio como la unión “entre un hombre y una mujer.” Estos políticos están en lo correcto respecto de una cosa: La institución del matrimonio está en peligro. Pero son los propios políticos los que constituyen la amenaza.

Las facultades del gobierno sobre el matrimonio se han incrementado durante las pasadas décadas. Tradicionalmente, los políticos han utilizado varios métodos para controlar al matrimonio, incluyendo:

• Ellos definen qué es lo que constituye un matrimonio y criminalizan o rehúsan reconocer a otras uniones. Por ejemplo, en 1967 todavía 16 estados ostentaban leyes contra el matrimonio interracial.
• Usurpan los derechos y hacen depender su ejercicio del estado civil. Por ejemplo, puede ser difícil para los homosexuales ejercer derechos hereditarios incluso cuando una unión comprometida basada en el derecho consuetudinario—un contrato claramente involucrado—se encuentra presente.
• Ofrecen prestaciones, tales como los beneficios del bienestar, en base al estado civil. Por ejemplo, la Ley de Promoción de la Responsabilidad Personal, Laboral y Familiar de 2002 consolidó el énfasis que la Ley de Reforma del Bienestar de 1996 había puesto sobre la promoción del matrimonio en los programas estatales de bienestar. El financiamiento gubernamental es control gubernamental.

La actual batalla sobre el matrimonio puede ser retrotraída a la Ley de Defensa del Matrimonio de 1996, la cual fue ampliamente considerada como una disposición anti-homosexual. El ley define federalmente al matrimonio como una institución heterosexual, negando de esa manera beneficios prestacionales federales, tales como los beneficios de los veteranos, a las parejas homosexuales. También permite que los estados rechacen el reconocimiento de los matrimonios del mismo-sexo que pudieran estar consagrados por las leyes de otro estado.

Sin embargo, la autoridad para reconocer al matrimonio del mismo-sexo todavía reside en el nivel estadual y algunos estados han estimulado la legalización. La Suprema Corte de Massachusetts se encuentra considerando en la actualidad el caso “Goodridge c/ Department of Public Health (Departamento de Salud Pública),” en el cual los homosexuales han solicitado que el matrimonio legal sea declarado un derecho. (Esto es diferente a la situación del estado de Vermont, el cual recientemente aseguró las uniones civiles algo más limitadas.)

El periodista David Mattson explicó la posible trascendencia del caso Goodridge. Si el mismo prospera, a otros estados se les podría “exigir que otorguen reconocimiento legal a estos matrimonios del mismo-sexo bajo la cláusula de la plena fe y del crédito de la Constitución…” Si el planteo fracasa y es denegado, la Suprema Corte de los EE.UU. podría “decidir que los estados deben reconocer estos matrimonios, cambiando en esencia a la Constitución de Massachusetts y forzando el matrimonio del mismo-sexo en todos los estados.”

Existe motivo para creer que la Suprema Corte fallará en favor de Goodridge y del matrimonio del mismo-sexo. El 26 de junio, en un pronunciamiento recaído en la causa “Lawrence y Garner c/ Texas”, la Suprema Corte derogó las leyes sobre la sodomía de Tejas las que efectivamente prohibían el sexo homosexual. El miembro del Tribunal, Antonin Scalia, expresó su disenso y llamó a la decisión una invitación al “matrimonio homosexual,”, presumiblemente porque la misma hacia extensivas las provisiones del debido-proceso de la Enmienda Decimocuarta al acto de contemplar la preferencia sexual.

Así, los partidarios del matrimonio tradicional han aguzado sus reclamos para una enmienda la cual podría terminar con toda discusión sobre la constitucionalidad del matrimonio homosexual mediante la incorporación de una definición heterosexual en la propia Constitución.

En cuanto a la oposición a una enmienda por parte de la comunidad homosexual, no queda claro si los partidarios del matrimonio del mismo-sexo están persiguiendo derechos o prestaciones.

El pronunciamiento de la Suprema Corte en el caso Lawrence le dio a la comunidad homosexual una victoria en materia de derechos al retirar al gobierno de sus dormitorios. No obstante ello, algunos partidarios de los homosexuales están convocando al gobierno para que regrese reclamando un sello de aprobación estatal sobre sus relaciones. Desean que los matrimonios homosexuales sean legalmente consagrados en el mismo nivel que los heterosexuales, permitiendo así que los homosexuales y sus cónyuges tengan acceso a masivas prestaciones tanto a nivel estadual como federal, incluyendo la elegibilidad para los beneficios de la asistencia pública.

Los miembros de Gay & Lesbian Advocates & Defenders (GLAD es su sigla en inglés)—una poderosa organización por los derechos de los homosexuales—explicitaron esta meta en un descargo referente al caso Goodridge. En respuesta a la pregunta, “Por qué no la solución de la unión civil adoptada por Vermont?” GLAD respondió:

“Las uniones civiles son un buen primer paso, pero no van lo suficientemente lejos. . . . Las parejas homosexuales y lesbianas desean y precisan lo que todos los demás poseen—el derecho a recibir las protecciones completas conferidas por el gobierno estatal y federal que se originan mediante el matrimonio.” Una diferencia fundamental entre un matrimonio y una unión civil es que el primero posee un reclamo automático sobre numerosas prestaciones federales.

Los partidarios del matrimonio homosexual no parecen rebelarse contra el control estatal, desean ser subsumidos por él.

El debate actual sobre el matrimonio homosexual es un juego de poder en los niveles más altos del gobierno y de la judicatura para controlar lo que debiera ser la cuestión más personal entre los seres humanos: el matrimonio.

Para salvar su esencia, el matrimonio precisa ser removido de los poderes políticos y privatizado.

Lo que constituye un matrimonio debería estar determinado por un contrato que involucra a adultos que prestan su consentimiento, no por el gobierno. Los políticos deberían ser despojados de la facultad de dictar a qué los adultos que consienten se pueden casar o los términos de esos matrimonios. La única preocupación apropiada de la ley debiera ser la de hacer cumplir el contrato y arbitrar ante cualquier violación que ocurra.

En el desarrollo de esta función, no debería otorgársele más peso a la preferencia sexual de aquellos involucrados que la que se le da a su color de piel—es decir, ninguno. La única “prestación” que debería acompañar al matrimonio es la de hacer cumplir los términos de ese contrato.

Traducido por Gabriel Gasave