La represión contra los peatones imprudentes evidencia que tenemos demasiadas leyes

Las multas demuestran a los ciudadanos quién es el jefe; la Policía debería ignorar las ofensas menores para concentrarse en los homicidios, las violaciones y los escalamientos.

La sorpresa que recibió a la aplicación de multas a los peatones imprudentes en las calles Ste. Catherine y Peel el sábado es asombrosa. “¿Me lo dice en serio?” preguntaba un peatón ingenuamente. Los policías estaban seguros de hacer cumplir una ley que había estado en los libros durante décadas. ¿O es una ordenanza? ¿O es parte de las medidas que fueron introducidas furtivamente dentro del revisado “Code de la Route” (rebautizado el “Code de la sécurité routière” a fin de introducir el políticamente correcto e incuestionable término de “seguridad”) unos pocos años atrás?

¿Quién sabe? Como fuera señalado por el Montréal Economic Institute, 15.000 páginas de leyes provinciales y 21.000 páginas de regulaciones provinciales se encuentran vigentes. Cada año, el gobierno federal y el de Quebec adoptan juntos 11.000 páginas de nuevas leyes y regulaciones. Insumiría un mes de tiempo completo cada año el leer la producción legislativa anual, asumiendo que uno es capaz de comprender una página de ininteligible lenguaje legal por minuto.

La gran mayoría de los ciudadanos permanecen “racionalmente ignorantes,” como dicen los economistas, todo esto debido a que la información relevante es demasiado confusa y costosa de reunir (si hablamos solamente en términos de tiempo) y porque el individuo promedio no puede hacer nada con esta información. A veces, algunos individuos tan solo ignoran la ley (como la prohibición de fumar en los restaurantes o las licencias de armas), pero tarde o temprano, los inspectores y los policías vendrán, y todos tienen que darse por vencidos, lo más abochornadamente cuando se les dice que la ley ha sido adoptada muchos años atrás.

Si ellos recuerdan épocas más libres, o si la propaganda estatal ha sido lo suficientemente eficaz, la gente se olvida que las leyes no son deseos piadosos. Si el peatón imprudente no se detiene cuando el policía lo aborda, será obligado a hacerlo. Si se resiste, será golpeado. Si resulta realmente amenazante, será baleado. Lo mismo le ocurrirá a aquel que no abona la multa y se resiste al alguacil. La coacción legal es una ventaja cuando se la aplica al homicidio, a la violación y al robo pero se convierte en un rasgo de la tiranía cuando la misma trata con el comportamiento pacífico o incivilidades menores.

Probablemente sea eficiente y civilizado que los peatones respeten las luces rojas y los cruces peatonales. Paradójicamente, cuanto más avanza la intervención estatal, más retrocede la civilidad. ¿O es ello lo paradójico? A cualquier tasa, el ser un peatón imprudente es una falta relativamente menor (y un riesgo que recae principalmente sobre los propios imprudentes), y la misma no debería consumir los recursos de la aplicación de la ley cuando homicidios, violaciones e invasiones a los hogares siguen sin ser resueltos. Sospecho que la principal razón, tal vez inconsciente, de por qué la policía molesta ahora a los peatones imprudentes es para mostrarles a los ciudadanos quien manda aquí. Este conocimiento ayudará a hacer cumplir una serie de otras prohibiciones, actuales y futuras.

Sospecho también que los peatones imprudentes fueron forzados por los policías a identificarse y que los dóciles ciudadanos, aún cuando maldijeron, cumplieron avergonzadamente exhibiendo sus papeles de identificación de facto: la ubicua licencia de conducir y la tarjeta del seguro médico con fotografías. La principal ventaja de la ausencia practica de papeles de identificación hasta hace un par de décadas atrás era, de hecho, la de hacer que las restricciones previas y los controles tiránicos fuesen difíciles de implementar. Me pregunto ¿por qué al estado le gustan tanto los papeles de identificación?

En la actualidad, usted puede ser arrestado y enjuiciado por manejar un bote a motor sin una licencia, por ofrecer una conferencia prohibida por el Código Criminal, por tener la pistola del abuelo en el guardarropas del dormitorio, por expresar su opinión durante una campaña electoral, por realizar transacciones en efectivo no informadas, por fumar en sitios privados denominados “públicos” por el Ministerio del Amor, perdón, por el Departamento de Salud, por defenderse contra los atacantes, por adquirir acciones con información que otros no poseen, etcétera, etcétera, y por no pagar los impuestos que financian a toda esta opresión.

Si se hiciesen cumplir todas las leyes que aparecen en los libros, el ciudadano promedio pronto se percataría de que está viviendo en una débil tiranía. Y esto es nada comparado con las futuras leyes y regulaciones que serán adoptadas por nuestros hombres de paja en el Parlamento.

Traducido por Gabriel Gasave