Llegó el momento de jubilar al politizado Sistema de Pensiones de California

Al fondo de pensiones de los empleados públicos de California, CALPERS, como se lo conoce en inglés, los escándalos no le son ajenos. Las acusaciones en contra del fondo se han extendido desde la consecución de agendas políticas hasta la corrupción. A comienzos de este mes, Sean Harrigan fue despedido de su cargo como presidente de la junta directiva del CALPERS, en parte debido a que inició un agresivo esfuerzo de reforma corporativa.

Pero los problemas del fondo no radican en los miembros individuales del directorio: cualquier agencia gubernamental de inversiones sucumbirá eventualmente a las tentaciones políticas o financieras. La mejor manera de evitar problemas en el futuro es la de privatizar al sistema estadual de pensiones.

El CALPERS es el mayor fondo de pensiones de los Estados Unidos, manejando $177 mil millones (billones en inglés) para más de 1,4 millones de empleados y jubilados estaduales. Su Junta de Directores está compuesta por trece miembros y es designada por los funcionarios estaduales (quienes eligen a tres miembros), por el gobernador (escoge a seis miembros), y por integrantes de CALPERS (eligen también a seis miembros de la junta.) A pesar de que la junta tiene un deber fiduciario de maximizar los reembolsos para los empleados estaduales, la misma emplea a menudo su poder en materia de inversiones que posee el fondo, para alcanzar objetivos políticos.

Por ejemplo, la presión del CALPERS a favor de “un buen gobierno corporativo,” ha ido más allá de meramente intentar hacer que las juntas corporativas funcionen mejor para sus accionistas, para pasar a elegir a las empresas por razones políticas. Por ejemplo, el CALPERS exigió que la cadena de supermercados Safeway reemplazase a su junta de directores y se deshiciera de su Gerente General. No es simple coincidencia que la mayoría de los miembros del directorio del CALPERS posean lazos con los sindicatos de trabajadores y Safeway había recientemente tomado una postura firme contra los trabajadores del supermercado que dispusieron hacer una huelga.

Otro ejemplo del reciente activismo por parte del CALPERS es su es su postura de implementar una política de abstenerse de invertir en empresas que presten servicios que compiten de manera directa con los empleos estaduales. El CALPERS exige también responsabilidad medio ambiental e invierte en compañías y tecnologías “medio ambientalmente responsables.” Bajo estas dos iniciativas, el CALPERS se encuentra procurando alcanzar objetivos que no son la maximización del reembolso para el fondo de pensiones.

Más problemático aún que los retornos más bajos, es la perspectiva de que el CALPERS dirija a las empresas privadas para promover su agenda política. La primera oración en la propuesta de inversiones medio ambientales del Tesorero Estadual Phil Angelides señala que el CALPERS deberá emplear “su influencia financiera en el mercado” para promover sus objetivos medio ambientales. Pero los gobiernos ya ejercen influencia sobre las empresas cuando sancionan legislación a través del proceso democrático.

En una economía capitalista se supone que el gobierno no posee una “influencia” adicional en las salas de directorio corporativas a través de la propiedad de las empresas. El sistema económico en el cual el gobierno posee los medios de producción es llamado socialismo.

Cuando un fondo gubernamental se vuelve tan grande como el CALPERS y comienza a influir en la toma de decisiones corporativas, los ciudadanos deberían preocuparse dado que ello implica que estamos recorriendo en demasía “el camino de servidumbre” sin que tan siquiera se haya expresado la voluntad del público.

Afortunadamente, la influencia política del CALPERS puede ser eliminada sin perjudicar a los empleados estaduales de California. El CALPERS tiene influencia política porque es un plan de beneficios definido, que administra el pool de todas las contribuciones de los empleados y de los empleadores y le paga a los jubilados un beneficio establecido de por vida. Su poder en el mercado deriva de la circunstancia de que el fondo logra administrar todo el dinero. El paso hacia un plan de contribuciones definido removería su capacidad de manejar el dinero.

Bajo un plan de contribuciones definidas, los empleados contribuirían con una parte de su paga, el estado igualaría esa contribución, y los fondos irían a una cuenta individual de retiro, similar al 401k*. Entonces los empleados individualmente, no el directorio del CALPERS, decidirían cómo serían administrados los activos. Dado que muchos empleados escogerían fondos mutuales o índices de fondos diferentes, ninguna agencia tendría el poder del CALPERS.

El privatizar al CALPERS no precisa ser tan complicado como enmendar a la Seguridad Social en virtud de que el CALPERS posee activos—$177 mil millones (billones en inglés.) Las cuentas individuales deberían ser establecidas al valor presente de la suma a la que un empleado tiene derecho bajo el actual sistema, de modo tal de asegurarnos que a los mismos no se los coloca en una peor situación. A fin de establecer estas cuentas, los activos deberían ser vendidos y los compromisos carentes de fondos reconocidos explícitamente.

Si es realizada de la manera correcta, la privatización del CALPERS podría erradicar a la política de las decisiones de inversión sin aumentar aún más la ya pesada carga para los empleados o los contribuyentes estaduales.

*Nota del Traductor:
401(k) alude a la sección del Internal Revenue Code (Código de Ingresos Internos) que estableció una cuenta de retiro a la cual contribuyen tanto el empleado como su empleador, y respecto de la cual el pago de impuestos se encuentra diferido hasta el momento en que comience el retiro de los fondos acumulados, pudiendo el empleado elegir los tipos de inversiones a realizarse con sus recursos.

Traducido por Gabriel Gasave