El fallo de la Corte Suprema abre la puerta al abuso

La Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos dice en parte: “. . . tampoco podrá enajenarse la propiedad privada para darle usos públicos sin una compensación justa..”

Hasta la semana pasada, los tribunales por lo general habían interpretado a esa cláusula como una limitación de las facultades de los gobiernos locales respecto del dominio eminente, restringiéndolas exclusivamente a los proyectos que implicasen un genuino beneficio para el público, tales como carreteras y escuelas. Pero en un pasmoso revez el pasado martes, la Corte Suprema de los Estados Unidos falló que la firma New London Development Corporation podría “apropiarse” de la propiedad poseída por la Sra. Susette Kelo y sus vecinos, situada sobre la costanera de esta ciudad del estado de Connecticut, no para un uso “público” sino a fin de transferirla a desarrolladores privados de bienes raíces quienes esperan lucrar con la construcción de un hotel de lujo y de un complejo de oficinas.

Los comentarios sobre el pronunciamiento recaído en el caso Kelo vs. City of New London, el que contara con 5 votos a favor frente a 4 en contra, concentraron su atención en el razonamiento de la mayoría del tribunal, la cual abrazó una “interpretación más amplia y más natural del uso público como ‘finalidad pública,’” y sobre la opinión de la Jueza del Alto Tribunal Sandra Day O’Connor, cuyo mordaz disenso advirtió que el fallo “desvanece cualquier distinción entre el uso público y el privado de la propiedad.” Escribió además que: “Nada se hace para evitar que el Estado reemplace a cualquier Motel 6 con un Ritz-Carlton, a cualquier hogar con un centro comercial, o a cualquier granja con una fábrica.”

Como economistas, compartimos las inquietudes de O’Connor por dos razones. La primera, porque la teoría económica nos dice que el hecho de garantizar los derechos de propiedad es uno de los pilares esenciales de una sociedad libre y un motor importante para el crecimiento. Al elevar las probabilidades de que las facultades del dominio eminente sean ejercitadas de manera expansiva, el pronunciamiento recaído en la causa Kelo ha socavado seriamente esos derechos. Si la tierra poseída privadamente puede ser incautada para cualquier uso que los desarrolladores y los funcionarios del gobierno local creativamente puedan encubrir bajo el rotulo de una “finalidad pública,” entonces la propiedad privada será simplemente menos valiosa.

El estallido que usted escuchó la semana pasada puede haber sido la explosión de la “burbuja” de los bienes inmuebles.

En segundo término, al confiar en la experiencia de los funcionarios públicos de la ciudad de New London, tal como es enunciado en el “plan de desarrollo cuidadosamente considerado,” la Corte Suprema le ha abierto más ampliamente la puerta a la búsqueda de renta por parte de los poderosos intereses locales.

Los desarrolladores de bienes inmuebles a menudo ejercen una considerable influencia política en el nivel local. Sus intereses financieros personales en las leyes de zonificación y en otros temas de política que afectan a los valores de las propiedades, les ofrecen fuertes incentivos para que se involucren activamente en los asuntos cívicos y para que procuren designar a las juntas de planificación y a las agencias de desarrollo económico, donde puedan trabajar para controlar las decisiones sobre el uso de la tierra. (Por ejemplo, el director ejecutivo de la Mississippi Development Authority—la principal agencia estadual para el desarrollo económico—es presidente de una firma de inversión inmobiliaria que se especializa en la propiedad y en la operación de inmuebles para oficinas.)

El fallo en la causa Kelo suministra un conveniente camuflaje para las acciones del dominio eminente que son poco más que bienestar corporativo disfrazado. El único pretexto que ahora se necesita es el de sostener, tal como lo hiciera New London, que la transferencia de la propiedad de una particular a otro servirá a la “finalidad pública” de estimular a la economía local, “creando” empleos y nuevas fuentes de ingresos tributarios.

Las metas de la reelección o de la redesignación en un puesto público realzan el interés de los funcionarios del gobierno local para ejercer presión a favor de grupos políticamente bien organizados que buscan explotar los procesos del dominio eminente en provecho propio. Las ofertas bajas en concepto de una “justa compensación” son una consecuencia predecible de esa influencia. En palabras del profesor de leyes de la University of Chicago Richard Epstein: “Usted obtiene una habitual corrupción en la medida en que los individuos presionen a los municipios para que estos confisquen la tierra por una bicoca.”

Los habitantes del medio-sur del país saben como funciona esto. En el mes de febrero de 2001, bajo el pretexto de alentar el desarrollo económico, el estado de Mississippi inició a instancias de la Nissan Motor Corporation, procedimientos para condenar 1.300 acres de tierra privadamente poseía cerca de Canton, parte de la cual había estado en posesión de la familia Archie durante 60 años, para hacer lugar para la nueva planta de ensamblado de automóviles de la compañía.

La familia Archie eventualmente ganó un juicio que le permitía conservar su propiedad, y que obligaba a Nissan a rediseñar parte del diseño de las instalaciones. Otras familias tuvieron que luchar en los tribunales para recibir un precio justo por su propiedad. A uno de los propietarios les fueron ofrecidos inicialmente $9.200 por una parcela de 1,6 acres confiscada a favor de Nissan’; en diciembre de 2001, un jurado de Mississippi le concedió $20.000. Otra pareja de ancianos, cuyos tres acres eran adyacentes a la torre de agua de la planta, eventualmente aceptaron una oferta de acuerdo por $295.000.

El temor de O’Connor de que las granjas serán reemplazadas por fábricas evidentemente no es inverosímil. Sin embargo, mal encausado, el fallo en la causa Kelo es ahora la ley del país. Uno quisiera preguntarse, no obstante, ¿del país de quién?

Traducido por Gabriel Gasave