Las faltas de George W. Bush susceptibles de un juicio político

Varios presidentes recientes podrían haber sido sometidos a un juicio político por acciones inconstitucionales o ilegales durante sus presidencias. Pero el actual presidente, George W. Bush, puede ganar el premio por la comisión de las faltas más proclives a dicha medida que las de cualquiera de los últimos mandatarios.

No obstante ello, cuando uno piensa acerca del mal comportamiento conducente a un posible juicio político, Bill Clinton y Richard Nixon vienen primero a la mente. A pesar de que Bill Clinton fue juzgado por tener sexo con una pasante y luego mentir al respecto ante un gran jurado, un caso mejor podría haberse planteado a fin de juzgarlo por llevar adelante una guerra inconstitucional sobre Kosovo sin la aprobación del Congreso. Los artículos del juicio político de Nixon se centraron en su empleo de métodos ilegales de vigilancia contra sus oponentes políticos y la obstrucción de la justicia y el desacato al Congreso al encubrirlos. Su lanzamiento de una guerra inconstitucional en Camboya sin la aprobación parlamentaria fue igualmente seria, pero quedó fuera de los artículos. Curiosamente, Lyndon Johnson, el predecesor de Nixon, también utilizó actividades ilegales de vigilancia contra los rivales políticos, pero no fue enjuiciado.

Ronald Reagan, quien actualmente es un celebrado ex presidente y el icono de los conservadores, le temía justificadamente al juicio político por el caso Irán-Contras. Violó a sabiendas la Ley del Control de las Exportaciones de Armas, un estatuto criminal, y le vendió armas a los simpatizantes radicales de los terroristas. Su administración también violó inconstitucionalmente una prohibición parlamentaria sobre la provisión de dinero y apoyo a los combatientes nicaragüenses conocidos como Contras. La violación de la administración Reagan de la Enmienda Boland fue una puñalada en el corazón del sistema de controles y contrapesos en la Constitución de los Estados Unidos al evitar la facultad más importante del Congreso—la apropiación de los dineros públicos.

George W. Bush le está siguiendo las pisadas a sus predecesores, pero puede haber dejado más huellas. Para empezar, la invasión de otro país basándose en pretextos falsos es un motivo para el juicio político. También, la Cuarta Enmienda a la Constitución estadounidense esencialmente afirma que los individuos tienen el derecho a estar seguros contra cateos y confiscaciones no razonables y que ninguna orden de allanamiento deberá ser emitida sin una causa probable de que un crimen haya sido cometido. Y la Ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero (FISA como se la conoce en inglés) requiere que las autorizaciones para las escuchas telefónicas atinentes a la seguridad nacional sean aprobadas por el tribunal secreto de la FISA. La ley sostiene que constituye un delito que funcionarios gubernamentales realicen una vigilancia electrónica fuera de los alcances exclusivos de la ley o del estatuto criminal de escuchas telefónicas. La autorización del presidente Bush de monitorear los correos electrónicos y las llamadas telefónicas de los estadounidenses mediante la Agencia de Seguridad Nacional (NSA es su sigla en inglés), incluso sin la mínima protección de las autorizaciones del tribunal de la FISA, resulta claramente inconstitucional e ilegal. Las ordenes ejecutivas sin la revisión judicial violan a los controles y contrapesos insuperables que los fundadores de la nación crearon en el gobierno de los Estados Unidos y son una amenaza considerable a la libertad estadounidense. Además, la vigilancia de los estadounidenses por parte de la NSA, un servicio de inteligencia en vez de una agencia encargada de la aplicación de la ley, es una regresión a las prácticas de la era de Vietnam, cuando las agencias de inteligencia eran incorrectamente empleadas para espiar a los manifestantes en contra de la guerra—otra violación por parte de LBJ y Nixon de los derechos constitucionales de los individuos susceptible del juicio político.

El presidente Bush admite de modo desafiante el inicio de tal flagrante espionaje interno pero sostiene que el Congreso implícitamente autorizó dichas actividades cuando aprobó el uso de la fuerza en contra de al Qaeda y que tales acciones encuadran perfectamente en sus facultades constitucionales como comandante en jefe. Pero los padres fundadores de la nación jamás planearon que los principios centrales de la Constitución fuesen suspendidos durante la época de guerra. En verdad, se percataron de que era en los momentos de guerra y de crisis que las protecciones constitucionales del pueblo se encontraban más en riesgo de usurpación por parte de los políticos, quienes pretenden defender la libertad estadounidense mientras en verdad la socavan.

El FBI de la administración Bush ha expandido también su uso de las cartas de la seguridad nacional a fin de examinar los registros personales de decenas de miles de estadounidenses que no están sospechados de encontrarse involucrados en actos de terrorismo o ni siquiera en actos ilegales.

Aparentemente el presidente nos está retrotrayendo a la era de Vietnam al monitorear a manifestantes en contra de la guerra. La información sobre pacíficas manifestaciones contrarias a la guerra se ha abierto camino aparentemente en las bases de datos del Pentágono sobre posibles amenazas a la seguridad de los Estados Unidos.

Finalmente, las políticas del presidente sobre los detenidos en la “guerra contra el terror” probablemente califiquen como faltas susceptibles de ser enjuiciadas políticamente. La administración Bush decidió que la “guerra contra el terror” la exceptuaba de un derecho penal ambiguo y de las convenciones internacionales (que son también la ley de la nación) que prohíben la tortura y el tratamiento inhumano de los prisioneros. Un presidente estadounidense permitiendo la tortura es algo tanto desagradable como ineficaz para obtener buena información de parte de aquellos detenidos. Además, la administración inventó la categoría ficticia de los “combatientes enemigos” para privar a los detenidos de las protecciones legales tanto de los tribunales estadounidenses como del estatus de “prisionero de guerra”. La administración intentó luego detener a estos combatientes enemigos, algunos de ellos ciudadanos estadounidense, de manera indefinida sin juicio, acceso a un abogado, o el derecho a que los tribunales revisasen sus causas.

Todas estas acciones forman parte del intento del presidente Bush por expandir el poder de la presidencia durante las épocas de guerra—como si la presidencia imperial no hubiese sido expandida lo suficiente por sus predecesores recientes. El presidente Bush por lo general hace que el Fiscal General o el Consejo de la Casa Blanca concuerden con su usurpación de facultades parlamentarias y judiciales, pero, por supuesto, ¿quién en el poder ejecutivo va a estar en desacuerdo con su jefe? Según el Washington Post, la administración Bush describe a la facultad del presidente de hacer la guerra bajo la Constitución como “plenaria”—queriendo decir absoluta. Los fundadores darían vueltas en sus tumbas ante esta interpretación de un documento que fue en verdad diseñado para limitar las facultades de guerra presidenciales, como resultado de su repulsión por la manera en que los monarcas europeos llevaban fácilmente a sus países a la guerra y cargaban los costos—en sangre y en tesoros—sobre sus pueblos. El conservador Bob Barr, un ex congresista del estado de Georgia que fue citado en el Post, lo expresó de la mejor manera: “El pueblo estadounidense tendrá que decir, ‘Suficiente de este asunto de justificar cualquier cosa como necesaria para la guerra contra terror.’ Ya sea que la Constitución y las leyes de este país significan algo o no. Es verdaderamente espantoso lo que está aconteciendo en este país.”

Traducido por Gabriel Gasave