Un caso de custodia infantil en Massachusetts puede estar colocando a los procedimientos de los tribunales de familia en una situación de colisión con la Primera Enmienda. La semana pasada, una jueza de un tribunal de familia de Massachusetts emitió una orden que restringe la distribución de un libro intitulado «Exposing the Corruption in the Massachusetts Family Courts» (“Poniendo al descubierto a la corrupción en los tribunales de familia de Massachussets”). El autor, Kevin Thompson, es un padre que no tiene la custodia de su hijo y que se siente traicionado por un sistema judicial al que denomina «anti-padre».
Haga click aquí para ver un avance del libro.
Thompson sostiene que su libro está «prohibido» en el sentido que se le da en Boston a esa palabra. Pero según la orden, que Thompson recibió por correo el viernes pasado, la incautación del libro resulta necesaria a efectos de proteger los intereses privados del menor. En otras palabras, el libro incluye información acerca del hijo de Thompson de 4 años de edad, lo que viola la privacidad del menor en un proceso judicial.
(Un «tribunal de familia» es comúnmente definido como «un tribunal separado, o más apropiadamente como una división separada de un tribunal ordinario de primera instancia estadual» que juzga conflictos familiares, tales como el divorcio, y cuestiones legales que involucran a niños tales como la custodia, el pago de alimentos y la adopción. Sus procedimientos se encuentran más enclaustrados que los de los demás tribunales; esto protege la privacidad pero también prohíbe el escrutinio).
La preocupación por la privacidad de los niños, sin embargo, no explica algunas de las circunstancias que rodean a la orden de restricción. Por ejemplo, la jueza que la emitió es también el tema de una sección completa del libro de Thompson: Capítulo 17, «Judge Mary McCauley Manzi» (“La jueza Mary McCauley Manzi”). El Canon 3 de «El Código de Conducta para los Jueces de los Estados Unidos « exige que un juez se recuse cuando «la imparcialidad pudiese estar razonablemente cuestionada».
La jueza Manzi pareciera tener un conflicto de intereses.
La historia de «Exposing the Corruption in the Massachusetts Family Courts» es larga y complicada. Los aspectos básicos son los siguientes.
Profesor de física de una escuela secundaria, Thompson tuvo una relación con una compañera de trabajo que resultó en el nacimiento de un hijo, Patrick. Ambos procuraron la custodia.
La jueza Manzi le concedió la custodia exclusiva a la madre con el derecho de visita para Thompson. Su intento de apelar la medida no tuvo éxito y una solicitud de revisión adicional fue denegada.
Frustrado por lo que considera es un prejuicio anti-padre dentro del tribunal de familia, Thompson escribió una exposición intencionalmente provocativa que criticó al sistema en general y a varios jueces por su nombre. En verdad, la misma es tan incendiaria que le resta credibilidad.
Sin embargo, el libro y Thompson han recibido la atención de los periódicos locales, tales como el Lawrence Eagle Tribune. Desafortunadamente, el silencio oficial que rodea a los tribunales de familia no ha permitido la refutación de parte de los jueces.
Thompson declara su intención: «Este libro fue escrito para obtener justicia en el tribunal de la opinión pública debido a que la justicia ciertamente no acontece detrás de las puertas cerradas de estas salas tribunalicias en las que »»el ganador se lleva todo»» y donde el poder absoluto ha corrompido de manera absoluta. La mojigata afirmación de que el secreto en los casos que se ventilan por ante los tribunales de familia protege la privacidad de los litigantes es una mentira.
«Los únicos intereses que son protegidos son los intereses de los chantajistas e hipócritas que invaden la »»privacidad familiar»» mediante la remoción de los padres cariñosos de las vidas de sus hijos contra su voluntad y sin una causa justa con el objeto de llenarse sus bolsillos».
El libro también recrimina contra la madre de Patrick, quien intentó que el mismo fuese legalmente restringido. El juez Peter C. DiGangi emitió una orden restrictiva pero finalmente se recusó de la audiencia complementaria en razón de que el libro también lo critica severamente.
En su lugar, la audiencia se celebró ante la jueza Manzi. El resultado: Thompson tiene prohibido diseminar información especifica relacionada con la identificación y aspectos médicos de la madre y del niño con relación a la causa de tenencia, y discutir la evidencia presentada por el Departamento de Servicios Sociales. Thompson sostiene que el material excluido constituye el corazón de su libro.
El caso se encuentra confinado hasta el año 2021, cuando Patrick presumiblemente alcance los 18 años de edad.
Otra audiencia ante el tribunal está fijada para el 19 de abril a fin de considerar el reclamo de la madre de las costas en las que ha incurrido relacionadas con los honorarios de su abogado.
Es improbable que Thompson acate la orden de restricción. «Exposing the Corruption in the Massachusetts Family Courts» todavía sigue siendo publicitado como disponible; además, Thompson ha declarado, «Dejé bien en claro durante la audiencia que la jueza Manzi no tiene jurisdicción para prohibir mi libro. Cualquier otra orden emitida en virtud de dicha audiencia será ilegal y, por ende, nula y carente de validez».
En su lugar, Thompson está invocando los derechos consagrados por la Primera Enmienda, declarando, «Esta Enmienda se aplica a los estados a través de la cláusula del debido proceso de la Décimo Cuarta Enmienda, la cual protege contra la interferencia gubernamental con ciertos derechos fundamentales e intereses de libertad».
Según el profesor de la Escuela de Leyes de la UCLA Eugene Volokh, Thompson puede estar acertado. «Si la jueza ha en verdad prohibido la distribución del libro, para mí esa parecería ser una clara violación a la Primera Enmienda», afirmó Volokh.
«Sin importar los casos en los que un juez pueda llegar a limitar los derechos de la tenencia de los padres basándose en sus expresiones, la jueza no puede prohibirles a los padres publicar libros; y el hecho de que el libro utilice el nombre y la fotografía del niño seguramente no es tampoco razón suficiente para prohibir la expresión de esta manera, — no existe ninguna excepción a la Primera Enmienda para las expresiones acerca de los niños».
No obstante ello, es común que los tribunales de familia en aras de un pronunciamiento final incluyan un mandato judicial permanente sobre la discusión de aspectos específicos del procedimiento.
Durante años, los críticos han sostenido que los tribunales de familia ignoran los derechos constitucionales. A veces los críticos lanzan desafíos legales.
Por ejemplo, la semana pasada la Comisión de Estándares Judiciales rechazó una demanda contra un juez de un tribunal de familia de Carolina del Norte. El juez fue acusado de ignorar el derecho del demandado a contar con asistencia letrada cuando insistió que procedía celebrar una audiencia aún cuando el abogado del acusado se encontraba ausente.
Dado el historial de Thompson de apelar los pronunciamientos en su contra, el destino de «Exposing the Corruption in the Massachusetts Family Courts» es probable que sea revelado a través de dicha medida. De ser así, impactará en el corazón de una de las características definitorias de los tribunales de familia: la capacidad de rodear a los procedimientos con el silencio.
Traducido por Gabriel Gasave
Una orden judicial podría violar la Primera Enmienda a la Constitución de los EE.UU.
Un caso de custodia infantil en Massachusetts puede estar colocando a los procedimientos de los tribunales de familia en una situación de colisión con la Primera Enmienda. La semana pasada, una jueza de un tribunal de familia de Massachusetts emitió una orden que restringe la distribución de un libro intitulado «Exposing the Corruption in the Massachusetts Family Courts» (“Poniendo al descubierto a la corrupción en los tribunales de familia de Massachussets”). El autor, Kevin Thompson, es un padre que no tiene la custodia de su hijo y que se siente traicionado por un sistema judicial al que denomina «anti-padre».
Haga click aquí para ver un avance del libro.
Thompson sostiene que su libro está «prohibido» en el sentido que se le da en Boston a esa palabra. Pero según la orden, que Thompson recibió por correo el viernes pasado, la incautación del libro resulta necesaria a efectos de proteger los intereses privados del menor. En otras palabras, el libro incluye información acerca del hijo de Thompson de 4 años de edad, lo que viola la privacidad del menor en un proceso judicial.
(Un «tribunal de familia» es comúnmente definido como «un tribunal separado, o más apropiadamente como una división separada de un tribunal ordinario de primera instancia estadual» que juzga conflictos familiares, tales como el divorcio, y cuestiones legales que involucran a niños tales como la custodia, el pago de alimentos y la adopción. Sus procedimientos se encuentran más enclaustrados que los de los demás tribunales; esto protege la privacidad pero también prohíbe el escrutinio).
La preocupación por la privacidad de los niños, sin embargo, no explica algunas de las circunstancias que rodean a la orden de restricción. Por ejemplo, la jueza que la emitió es también el tema de una sección completa del libro de Thompson: Capítulo 17, «Judge Mary McCauley Manzi» (“La jueza Mary McCauley Manzi”). El Canon 3 de «El Código de Conducta para los Jueces de los Estados Unidos « exige que un juez se recuse cuando «la imparcialidad pudiese estar razonablemente cuestionada».
La jueza Manzi pareciera tener un conflicto de intereses.
La historia de «Exposing the Corruption in the Massachusetts Family Courts» es larga y complicada. Los aspectos básicos son los siguientes.
Profesor de física de una escuela secundaria, Thompson tuvo una relación con una compañera de trabajo que resultó en el nacimiento de un hijo, Patrick. Ambos procuraron la custodia.
La jueza Manzi le concedió la custodia exclusiva a la madre con el derecho de visita para Thompson. Su intento de apelar la medida no tuvo éxito y una solicitud de revisión adicional fue denegada.
Frustrado por lo que considera es un prejuicio anti-padre dentro del tribunal de familia, Thompson escribió una exposición intencionalmente provocativa que criticó al sistema en general y a varios jueces por su nombre. En verdad, la misma es tan incendiaria que le resta credibilidad.
Sin embargo, el libro y Thompson han recibido la atención de los periódicos locales, tales como el Lawrence Eagle Tribune. Desafortunadamente, el silencio oficial que rodea a los tribunales de familia no ha permitido la refutación de parte de los jueces.
Thompson declara su intención: «Este libro fue escrito para obtener justicia en el tribunal de la opinión pública debido a que la justicia ciertamente no acontece detrás de las puertas cerradas de estas salas tribunalicias en las que »»el ganador se lleva todo»» y donde el poder absoluto ha corrompido de manera absoluta. La mojigata afirmación de que el secreto en los casos que se ventilan por ante los tribunales de familia protege la privacidad de los litigantes es una mentira.
«Los únicos intereses que son protegidos son los intereses de los chantajistas e hipócritas que invaden la »»privacidad familiar»» mediante la remoción de los padres cariñosos de las vidas de sus hijos contra su voluntad y sin una causa justa con el objeto de llenarse sus bolsillos».
El libro también recrimina contra la madre de Patrick, quien intentó que el mismo fuese legalmente restringido. El juez Peter C. DiGangi emitió una orden restrictiva pero finalmente se recusó de la audiencia complementaria en razón de que el libro también lo critica severamente.
En su lugar, la audiencia se celebró ante la jueza Manzi. El resultado: Thompson tiene prohibido diseminar información especifica relacionada con la identificación y aspectos médicos de la madre y del niño con relación a la causa de tenencia, y discutir la evidencia presentada por el Departamento de Servicios Sociales. Thompson sostiene que el material excluido constituye el corazón de su libro.
El caso se encuentra confinado hasta el año 2021, cuando Patrick presumiblemente alcance los 18 años de edad.
Otra audiencia ante el tribunal está fijada para el 19 de abril a fin de considerar el reclamo de la madre de las costas en las que ha incurrido relacionadas con los honorarios de su abogado.
Es improbable que Thompson acate la orden de restricción. «Exposing the Corruption in the Massachusetts Family Courts» todavía sigue siendo publicitado como disponible; además, Thompson ha declarado, «Dejé bien en claro durante la audiencia que la jueza Manzi no tiene jurisdicción para prohibir mi libro. Cualquier otra orden emitida en virtud de dicha audiencia será ilegal y, por ende, nula y carente de validez».
En su lugar, Thompson está invocando los derechos consagrados por la Primera Enmienda, declarando, «Esta Enmienda se aplica a los estados a través de la cláusula del debido proceso de la Décimo Cuarta Enmienda, la cual protege contra la interferencia gubernamental con ciertos derechos fundamentales e intereses de libertad».
Según el profesor de la Escuela de Leyes de la UCLA Eugene Volokh, Thompson puede estar acertado. «Si la jueza ha en verdad prohibido la distribución del libro, para mí esa parecería ser una clara violación a la Primera Enmienda», afirmó Volokh.
«Sin importar los casos en los que un juez pueda llegar a limitar los derechos de la tenencia de los padres basándose en sus expresiones, la jueza no puede prohibirles a los padres publicar libros; y el hecho de que el libro utilice el nombre y la fotografía del niño seguramente no es tampoco razón suficiente para prohibir la expresión de esta manera, — no existe ninguna excepción a la Primera Enmienda para las expresiones acerca de los niños».
No obstante ello, es común que los tribunales de familia en aras de un pronunciamiento final incluyan un mandato judicial permanente sobre la discusión de aspectos específicos del procedimiento.
Durante años, los críticos han sostenido que los tribunales de familia ignoran los derechos constitucionales. A veces los críticos lanzan desafíos legales.
Por ejemplo, la semana pasada la Comisión de Estándares Judiciales rechazó una demanda contra un juez de un tribunal de familia de Carolina del Norte. El juez fue acusado de ignorar el derecho del demandado a contar con asistencia letrada cuando insistió que procedía celebrar una audiencia aún cuando el abogado del acusado se encontraba ausente.
Dado el historial de Thompson de apelar los pronunciamientos en su contra, el destino de «Exposing the Corruption in the Massachusetts Family Courts» es probable que sea revelado a través de dicha medida. De ser así, impactará en el corazón de una de las características definitorias de los tribunales de familia: la capacidad de rodear a los procedimientos con el silencio.
Traducido por Gabriel Gasave
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