La Proposición 86 y la tiranía de la mayoría

Escribiendo como “Publius” en El Federalista Nº 10, y empleando diversos ejemplos históricos, James Madison advirtió que la más grave de las amenazas a las libertades estadounidenses surgiría de “la fuerza superior de una mayoría interesada y prepotente”. La Proposición 86, que incrementará el impuesto a las ventas sobre los cigarrillos en California en unos colosales $2,60 dólares por atado, es un póster infantil madisoniano a favor de una democracia mayoritaria que causa estragos.

En la votación del 7 de noviembre, si es que se puede creer en las encuestas, e involucrado en una batalla de último momento, el propuesto incremento tributario sobre los cigarrillos oculta a los intereses parroquiales de los activistas que se oponen al tabaco, los profesionales de la atención de la salud, los vendedores de programas para dejar de fumar, y los grandes derrochadores de Sacramento detrás de la cortina de humo de una preocupación altruista por el bienestar de estos parias sociales, quienes, a pesar del bombardeo cotidiano con información sobre los riesgos para la salud, no pueden dejar o no dejarán de comprar cigarrillos.

Los impuestos al “pecado”, tales como aquellos que gravan el alcohol, el tabaco, y la comida chatarra, son instrumentos populares de las finanzas públicas en virtud de que los mismos se aplican a los bienes de manera selectiva; por lo tanto no amenazan con la misma reacción negativa de los votantes que sería disparada por un intento de elevar las alícuotas impositivas sobre las ganancias, la propiedad, o las ventas generales, todo lo cual recae más ampliamente sobre el público contribuyente. Los cigarrillos cuadran en este perfil impositivo. Los fumadores ofrecen un blanco conveniente para la tributación depredadora en virtud de que ellos: se identifican fácilmente por su comportamiento de compra; representan a una minoría a menudo más pequeña de la población adulta; tienden a ser menos educados, pobres, y empleados en trabajos menores; pueden ser retratados como imponiendo costos externos no compensados sobre los no fumadores; son relativamente insensibles a los aumentos en el precio de los cigarrillos; y, fundamentalmente, son menos proclives que el ciudadano promedio, en razón de sus características demográficas, a concurrir a votar.

Evidentemente no avergonzados por el ingreso financiero inesperado producido por los incrementos pasados en el impuesto estadual a las ventas sobre los cigarrillos, el único reclamo de la coalición que apoya a la Proposición 86, que incluye a la American Cancer Society, la American Lung Association, y la Campaign for Tobacco–Free Kids, es que la medida no asigna a la totalidad de los $2 mil millones que se espera que recaude el nuevo impuesto a los programas destinados a ayudar a los fumadores a dejar el hábito o al tratamiento de enfermedades relacionadas con fumar. Olvidando por un momento (o al menos hasta el día de las elecciones) que California ya recauda $1.000 millones por año de las empresas tabacaleras como su parte del Acuerdo Transaccional Principal de 1998, dineros que supuestamente deben ser gastados para los mismos propósitos, la pura verdad es que ya los fumadores más que pagan sus propios gastos con el tributo actual de 87 centavos por atado. Cualquiera que sea la carga adicional que los fumadores posan sobre los recursos públicos para la atención de la salud de California está más que compensada por el ingreso generado por los impuestos a las ventas que actualmente desembolsan, y macabro como pueda parecer, a través de los recursos que ahorran—las pensiones que no reclaman, las camas en los geriátricos que no ocupan—a raíz de una muerte temprana.

Vale la pena enfatizar que el público tiene interés en reducir el consumo de cigarrillos, no en virtud de que los fumadores se perjudican a sí mismos, sino en cambio solamente en la medida que ellos perjudican a otros. Ningún economista responsable ha estimado que tales costos externos representan nada que se aproxime a los 87 centavos por atado—en California o en cualquier otra parte. Los $3,47, que serán el impuesto por atado si la Proposición 86 es aprobada, es el equivalente a ejercitar la opción nuclear de las finanzas públicas depredadoras.

Si no existe ninguna justificación de la salud pública para elevar el impuesto a las ventas de cigarrillos de California en casi un 400%, el ímpetu detrás de la Proposición 86 debe tener orígenes más mundanos. La posibilidad de todavía otra bonanza financiada por los contribuyentes ha alineado a los intereses de las principales caridades de la salud y otros grupos políticos de presión con el apetito insaciable de Sacramento por ingresos, expresamente para embaucar a la mayoría que vota para zarandear a los fumadores del estado una vez. Por muy democrático que sea, el gobierno de la mayoría puede terminar en tiranía, especialmente cuando los beneficiarios de la política halagan excesivamente a la gente, convenciéndolos de que poniendo a la carga tributaria sobre los hombros de otro es por el propio bien de los demás. Una victoria de la Proposición 86, más aún si es por un margen estrecho, le enseñará a los fumadores de California la dura lección política de James Madison comprendida hace más de dos siglos.

Traducido por Gabriel Gasave