El socialismo del siglo XXI que ha comenzado a poner en práctica el presidente venezolano Hugo Chávez está mostrando ya algunos resultados concretos. Tanto la Electricidad de Caracas como la principal empresa de telecomunicaciones del país, la CANTV, están ahora nacionalizadas, o para decirlo con más exactitud, han pasado al control directo del estado. En ambos casos el gobierno venezolano ha procedido a comprar –a precio de mercado- varios paquetes accionarios que estaban en manos privadas, de modo de obtener un control absoluto sobre dichas empresas. El gasto en que se ha incurrido no ha sido poco, pues supera con creces la cifra de los 2.000 millones de dólares. Sólo en la CANTV, que estuvo durante 16 años en manos privadas, se han gastado unos 1.600 millones.
Es muy probable que pronto corra el mismo destino SIDOR, la Siderúrgica del Orinoco, y varias otras empresas que el gobierno considera “estratégicas” para la economía del país; se ha decidido, además, revocar las concesiones petroleras que tenían desde hace diez años varias corporaciones internacionales para extraer los petróleos pesados y las arenas bituminosas que existen en el sureste de Venezuela, lo cual requiere de una tecnología realmente muy avanzada. Más grave aún desde el punto de vista político es que el gobierno ha decidido no renovar la concesión de la televisora venezolana de mayor cobertura, RCTV, la única de señal abierta que todavía no estaba bajo el control de los partidarios de Chávez. Se mantiene, entretanto, un control de cambios sumamente estricto, que dificulta seriamente las importaciones privadas y, por supuesto, la llegada de inversiones extranjeras al país, ahora prácticamente nulas. Caracas sufre ahora la escasez y el desabastecimiento de muchos productos, desde alimentos a medicinas, que no se importan en la cantidad requerida o con la velocidad necesaria para satisfacer las necesidades del consumo.
Las operaciones de compra de empresas privadas no tienen ninguna justificación económica o social, pues se trata de compañías que estaban funcionando normalmente, arrojando razonables ganancias y prestando un buen servicio a los consumidores. La CANTV, por ejemplo, había sido privatizada en 1991 por cuanto, bajo control estatal, se había mostrado incapaz de satisfacer las necesidades de la población. Hasta esa época era prácticamente imposible conseguir nuevas líneas telefónicas, las instalaciones se habían vuelto obsoletas y la empresa producía constantes pérdidas, mientras no eran pocos los casos de corrupción. Desde su privatización, por otra parte, la CANTV había cambiado por completo: con casi cuatro millones de líneas fijas y ocho de móviles o celulares, en un país de 26 millones de habitantes, la CANTV resultaba la principal empresa de telecomunicaciones de Venezuela, prestaba un excelente servicio y, de paso, lo hacía a un precio completamente accesible para el consumidor, como lo muestran claramente las cifras que acabamos de señalar. ¿Por qué, entonces, volverla a comprar, por qué pasarla nuevamente al control del estado?
Las razones, obviamente, son de tipo político. Chávez y sus seguidores quieren consolidar el control que ya tienen sobre el país extendiendo su dominio al plano de la economía. Adueñándose de las comunicaciones y la televisión podrán asegurar su completo control sobre todo lo que ocurre en Venezuela, ya que la actividad petrolera se encuentra estatizada hace más de tres décadas y el estado es poderoso gracias a sus enormes ingresos. Tendrán también en sus manos la mayoría de las grandes industrias y, a través del control de cambios, podrán ejercer toda la presión que deseen sobre las restantes empresas privadas que queden luego de esta oleada estatizadora.
Venezuela será entonces completamente socialista, aunque se mantendrá cierta ilusoria apariencia de libertad: existirá propiedad privada, es cierto, pero toda empresa tendrá que someterse a los dictados del gobierno o, de lo contrario, tendrá que desaparecer; habrá elecciones, claro está, pero con un dispositivo electrónico tan bien montado que asegure la continua victoria del gobierno y la reelección perpetua de Hugo Chávez; habrá libertades para circular dentro y fuera del país, al menos por un tiempo, pero el gobierno se asegurará el control absoluto de la educación y de los tribunales.
Este socialismo del siglo XXI se parecerá enormemente, entonces, al régimen que establecieron Mussolini en Italia y Hitler en Alemania, a la Cuba de Fidel Castro y a otros países que, fascistas o comunistas, ahogaron por completo la libertad de los individuos durante las nefastas dictaduras que fueron tan características del siglo XX. La única diferencia de importancia es que Chávez habrá logrado todo esto sin recurrir a la violencia, manteniendo ciertas apariencias democráticas que quiere preservar para que se lo siga aceptando aún dentro del mundo civilizado. ¿Hasta cuando durará esta situación? No lo podemos saber, por supuesto, aunque sí sabemos que los pobres seguirán siendo pobres y que el dinero petrolero se acabará tarde o temprano. Pero, es triste decirlo, la dictadura implacable de quien controla todos los resortes políticos y económicos del poder durará, posiblemente, un largo y angustioso tiempo.
La economía venezolana en manos del Estado
El socialismo del siglo XXI que ha comenzado a poner en práctica el presidente venezolano Hugo Chávez está mostrando ya algunos resultados concretos. Tanto la Electricidad de Caracas como la principal empresa de telecomunicaciones del país, la CANTV, están ahora nacionalizadas, o para decirlo con más exactitud, han pasado al control directo del estado. En ambos casos el gobierno venezolano ha procedido a comprar –a precio de mercado- varios paquetes accionarios que estaban en manos privadas, de modo de obtener un control absoluto sobre dichas empresas. El gasto en que se ha incurrido no ha sido poco, pues supera con creces la cifra de los 2.000 millones de dólares. Sólo en la CANTV, que estuvo durante 16 años en manos privadas, se han gastado unos 1.600 millones.
Es muy probable que pronto corra el mismo destino SIDOR, la Siderúrgica del Orinoco, y varias otras empresas que el gobierno considera “estratégicas” para la economía del país; se ha decidido, además, revocar las concesiones petroleras que tenían desde hace diez años varias corporaciones internacionales para extraer los petróleos pesados y las arenas bituminosas que existen en el sureste de Venezuela, lo cual requiere de una tecnología realmente muy avanzada. Más grave aún desde el punto de vista político es que el gobierno ha decidido no renovar la concesión de la televisora venezolana de mayor cobertura, RCTV, la única de señal abierta que todavía no estaba bajo el control de los partidarios de Chávez. Se mantiene, entretanto, un control de cambios sumamente estricto, que dificulta seriamente las importaciones privadas y, por supuesto, la llegada de inversiones extranjeras al país, ahora prácticamente nulas. Caracas sufre ahora la escasez y el desabastecimiento de muchos productos, desde alimentos a medicinas, que no se importan en la cantidad requerida o con la velocidad necesaria para satisfacer las necesidades del consumo.
Las operaciones de compra de empresas privadas no tienen ninguna justificación económica o social, pues se trata de compañías que estaban funcionando normalmente, arrojando razonables ganancias y prestando un buen servicio a los consumidores. La CANTV, por ejemplo, había sido privatizada en 1991 por cuanto, bajo control estatal, se había mostrado incapaz de satisfacer las necesidades de la población. Hasta esa época era prácticamente imposible conseguir nuevas líneas telefónicas, las instalaciones se habían vuelto obsoletas y la empresa producía constantes pérdidas, mientras no eran pocos los casos de corrupción. Desde su privatización, por otra parte, la CANTV había cambiado por completo: con casi cuatro millones de líneas fijas y ocho de móviles o celulares, en un país de 26 millones de habitantes, la CANTV resultaba la principal empresa de telecomunicaciones de Venezuela, prestaba un excelente servicio y, de paso, lo hacía a un precio completamente accesible para el consumidor, como lo muestran claramente las cifras que acabamos de señalar. ¿Por qué, entonces, volverla a comprar, por qué pasarla nuevamente al control del estado?
Las razones, obviamente, son de tipo político. Chávez y sus seguidores quieren consolidar el control que ya tienen sobre el país extendiendo su dominio al plano de la economía. Adueñándose de las comunicaciones y la televisión podrán asegurar su completo control sobre todo lo que ocurre en Venezuela, ya que la actividad petrolera se encuentra estatizada hace más de tres décadas y el estado es poderoso gracias a sus enormes ingresos. Tendrán también en sus manos la mayoría de las grandes industrias y, a través del control de cambios, podrán ejercer toda la presión que deseen sobre las restantes empresas privadas que queden luego de esta oleada estatizadora.
Venezuela será entonces completamente socialista, aunque se mantendrá cierta ilusoria apariencia de libertad: existirá propiedad privada, es cierto, pero toda empresa tendrá que someterse a los dictados del gobierno o, de lo contrario, tendrá que desaparecer; habrá elecciones, claro está, pero con un dispositivo electrónico tan bien montado que asegure la continua victoria del gobierno y la reelección perpetua de Hugo Chávez; habrá libertades para circular dentro y fuera del país, al menos por un tiempo, pero el gobierno se asegurará el control absoluto de la educación y de los tribunales.
Este socialismo del siglo XXI se parecerá enormemente, entonces, al régimen que establecieron Mussolini en Italia y Hitler en Alemania, a la Cuba de Fidel Castro y a otros países que, fascistas o comunistas, ahogaron por completo la libertad de los individuos durante las nefastas dictaduras que fueron tan características del siglo XX. La única diferencia de importancia es que Chávez habrá logrado todo esto sin recurrir a la violencia, manteniendo ciertas apariencias democráticas que quiere preservar para que se lo siga aceptando aún dentro del mundo civilizado. ¿Hasta cuando durará esta situación? No lo podemos saber, por supuesto, aunque sí sabemos que los pobres seguirán siendo pobres y que el dinero petrolero se acabará tarde o temprano. Pero, es triste decirlo, la dictadura implacable de quien controla todos los resortes políticos y económicos del poder durará, posiblemente, un largo y angustioso tiempo.
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