El dilema humanitario

Washington, DC—El 25 de octubre, nueve ciudadanos franceses, siete españoles y un belga fueron arrestados cuando el Arca de Zoé, una ONG francesa, trató de llevarse en un avión a 103 niños del este del Chad, cerca de la frontera con Sudán, sosteniendo que eran huérfanos del conflicto de Darfur. Los niños iban a ser entregados a familias adoptivas en Francia. Once de los detenidos han sido liberados desde entonces gracias, en parte, al Presidente francés Nicolás Sarkozy, pero el resto serán procesados por intento de secuestro en el Chad. El caso plantea cuestiones morales y legales acerca del derecho a la interferencia humanitaria por parte de ciudadanos de un país en otra nación.

El Arca de Zoé sostiene que los niños ingresaron al Chad a través de la porosa frontera oriental de ese país, que los familiares aceptaron desprenderse de los niños y que el putrefacto sistema legal del Chad tenía que ser eludido para salvarles la vida. Las autoridades chadianas afirman que los niños no eran huérfanos, que los padres creían que los niños estaban siendo trasladados a otras localidades del propio país para ser educados allí y que el puente aéreo era ilegal.

La opinión pública europea ha condenado abrumadoramente a la organización benéfica francesa y denunciado lo que denomina “ONGs imperialistas” que, a menudo respaldadas por gobiernos poderosos, violan las leyes de naciones más pequeñas bajo el disfraz de las iniciativas humanitarias.

Mientras que en este caso la organización benéfica parecería haber actuado de forma fraudulenta —muchos de los niños no eran huérfanos y varios fueron vendados para que luciesen heridos—, me permito sugerir que es inmoral extrapolar estos hechos para descalificar todos los casos de intervención humanitaria internacional realizada por agentes privados.

¿Qué hubiese ocurrido si esas familias hubieran sabido que sus hijos iban a ser enviados a Francia? ¿Y qué hubiera sucedido si, tras haber intentado las partes interesadas actuar con apego a las leyes chadianas, el tiránico gobierno africano hubiese impedido al Arca de Zoé trasladar a los niños a pesar de cernirse sobre ellos un peligro inminente? Quienes sostienen que incluso bajo tales circunstancias una organización benéfica europea no tendría derecho a violar las normas de un tercer país viven en un mundo de irrealidad. Lo que están diciendo, en el fondo, es que los padres deberían trasferir la patria potestad a su gobierno aún sí esa decisión implica una posible esclavitud o la muerte.

La invocación del derecho internacional, como lo están haciendo muchos críticos de los esfuerzos humanitarios privados en Europa, no necesariamente ayuda: si bien es cierto que la Convención de La Haya de 1993 declara que las soluciones nacionales priman sobre las internacionales, la Convención de Ginebra de 1951 justifica salvar a niños que están bajo amenaza. Ese tema trasciende el derecho internacional y es, ante todo, de índole moral.

La historia ofrece muchos ejemplos de progenitores que salvaron a sus hijos enviándolos al extranjero con ayuda exterior en contra de las leyes nacionales. A comienzos de la Revolución Cubana, miles de familias, aterradas de que el gobierno asumiese la custodia de sus hijos, los enviaron al exterior ilegalmente a través de la “Operación Peter Pan”, un esfuerzo en el que estuvo involucrada la Iglesia Católica y gracias al cual unos 15.000 menores de edad de origen cubano se establecieron en los Estados Unidos. Para no hablar del heroico contrabando de cientos de niños judíos realizado por Irena Sendler en 1942 para sacarlos del Guetto de Varsovia. La susodicha persuadió a los padres de que aceptaran que sus hijos adoptasen identidades católicas para ser salvados y trabajó en coordinación con una organización británica. ¿Se trató de imperialismo, secuestro de bebés y fraude, o de humanitarismo en su mejor expresión?

El Chad es una dictadura cuyo Presidente eliminó los límites constitucionales a la reelección hace un par de años; los grupos que libraron una guerra civil hasta hace poco están todavía muy activos y miles de personas llegan por la frontera cada semana escapando del infierno sudanés. Para los niños de Abeché, la región próxima a la frontera con Sudán desbordada por los refugiados y grupos armados infiltrados, el riesgo de muerte o de hambruna es uno muy real. Si los padres hubiesen querido enviar a sus niños a Francia bajo la protección de familias adoptivas, ¿habría sido reprobable organizar un vuelo chárter discreto para sacarlos del país simplemente porque el gobierno chadiano considera que enviar a un niño para que sea criado en Francia es un acto de colonialismo?

Los europeos disgustados con las acciones aparentemente fraudulentas del Arca de Zoé deben ponderar con más cuidado las implicancias morales de lo que están pidiendo a sus gobiernos —es decir, prohibir todos los esfuerzos humanitarios no avalados por las autoridades del país donde reside el problema. De lo contrario, pueden acabar ellos mismos comportándose como imperialistas al negar a los niños africanos en peligro de muerte la posibilidad de sobrevivir.

(c) 2007, The Washington Post Writers Group