La política de Obama sobre las libertades civiles: ¿Una versión “liviana” de Bush?

Barack Obama llegó a la presidencia como uno de los políticos que retóricamente más estaba a favor de las libertades civiles en la memoria reciente. Y al poco tiempo de asumir el cargo, recibió el aplauso de los amigos de la libertad por su promulgación de las órdenes ejecutivas que disponían el cierre de Guantánamo y las prisiones secretas de la CIA, terminaban con las torturas de la CIA, suspendían los procedimientos irregulares en los tribunales militares y prometían una apertura mayor que la que tuvo la sigilosa administración Bush. Desafortunadamente, en vez de enjuiciar a los funcionarios de la administración Bush, incluido George W. Bush, por la violación de los estatutos criminales contra la tortura, las escuchas telefónicas ilegales de estadounidenses y otras fechorías—evitando de ese modo el mal precedente de otorgarle a un presidente una pase libre para realizar actos ilegales—Obama parece estar presto a reivindicar el programa contra el terrorismo de la anterior administración adoptando una versión “liviana” de Bush.

Señales de alerta de que Obama era más blando que lo publicitado respecto de las libertades civiles aparecieron incluso antes de que asumiera el cargo, cuando como senador, votó a favor de la legislación manifiestamente inconstitucional que permitía el espionaje federal de algunos correos electrónicos y llamadas telefónicas sin una autorización. La Constitución establece que todas las requisas y confiscaciones gubernamentales de la propiedad privada requieren una autorización aprobada judicialmente basada en una causa probable de que se ha cometido un delito—sin mencionar excepción alguna, ni siquiera la de la seguridad nacional.

A los políticos les encantan los actos simbólicos y la rápida promesa de Obama de clausurar la famosa prisión de Guantánamo y las prisiones secretas de la CIA fue ampliamente elogiada. Pero si las libertades civiles siguen siendo violadas en otros ámbitos, ¿hemos progresado tanto?

Los nominados de Obama han afirmado que la administración continuará con la política de la CIA de la “rendición extraordinaria” de los sospechados de terrorismo—un eufemismo para el secuestro secreto sin la sutileza legal de la extradición o de cualquier otro derecho procesal al debido proceso. Antes de la administración Bush, dicho secuestro gubernamentalmente avalado estaba autorizado solamente para regresar a los sospechosos a sus países de origen. La administración Bush comenzó a utilizar tales rendiciones para abducir a sospechosos y enviarlos a terceras naciones que practicaban una tortura más dura— presumiblemente para mantener (relativamente) limpias las manos estadounidenses. Leon Panetta, el Director de la CIA de Obama, ha dicho que la nueva administración continuará la práctica de la administración Bush de la rendición a terceros países y dependiendo de las sospechosas promesas diplomáticas de esos países de no torturar.

También, Obama supuestamente le prohibió a la CIA torturar mediante una orden ejecutiva, pero dichas ordenes no son leyes y pueden ser revertidas de un plumazo. Peor aún, a pesar de que el director de la CIA Panetta ha admitido que el “submarino” (ahogo simulado) es tortura, ha también afirmado públicamente que si las técnicas de interrogatorio normales no conseguían información de un prisionero sospechado de estar involucrado en un ataque inminente, solicitaría la autoridad para emplear métodos más duros.

Tal vez la sonsera más grande sobre las libertades civiles, fue la promesa de Elena Kagan, la nominada de la administración para el cargo de Procurador General en el Departamento de Justicia, de continuar deteniendo a prisioneros de manera indefinida sin juicio, incluso si fuesen terroristas financistas, no combatientes, lejos de una zona de combate. Ominosamente, la administración Obama está demorándose en asumir una posición sobre la incluso más importante política de la era Bush de encarcelar perpetuamente a los “combatientes enemigos” sin juicio en territorio de los EE.UU.. Para actuar de conformidad con las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos, el recurso del habeas corpus, uno de los pilares del Estado de Derecho, únicamente debería ser suspendido por el Congreso en áreas en las que el combate haya tornado inoperantes a los tribunales civiles—lo que difícilmente sea el caso de los Estados Unidos durante su interminable “guerra contra el terror”.

A pesar de que la orden ejecutiva de Obama suspendió los tribunales militares irregulares de la administración Bush, los cuales poseen insuficientes salvaguardas del procedimiento legal, ha mantenido abiertas sus opciones sobre su reanudación.

Finalmente, la nueva administración ha parodiado la utilización de la administración Bush de la doctrina de los “secretos de Estado” para tratar de evitar las demandas judiciales de ex detenidos de la CIA y, por la misma razón, presionado a los tribunales de otro país para que no revele la información sobre la tortura de los EE.UU. de un prisionero. Tradicionalmente, la doctrina fue utilizada usualmente para retener evidencia específica en un procedimiento legal, no para impedir causas enteras contra el gobierno por mala conducta. Esto es mucho para un gobierno más abierto.

La administración Obama es nueva y debiera dársele la oportunidad de hacer lo correcto. Aunque ciertamente mejor que la carente de ley administración Bush, no sorprende que el nuevo jefe nos recuerde al antiguo mandatario.

Históricamente, la camiseta partidaria no ha sido un indicador tan bueno de las políticas presidenciales vigentes como si lo es el momento en la cual el Jefe del Ejecutivo gobernó. Por ejemplo, en términos de los programas vigentes, Richard Nixon fue el último presidente liberal (en el sentido estadounidense del término), un mandatario que mayormente continuó con la penetración del gobierno en la sociedad estadounidense de Lyndon Johnson e incluso la expandió todavía más. De forma similar, Jimmy Carter inició el regreso a la derecha y Ronald Reagan lo continuó (pero en la práctica no era en verdad tan conservador). Las libertades civiles siguen la tendencia general. Después del primer ataque con bombas al Word Trade Center en 1993 y en Oklahoma City y los ataques en el subterráneo de Tokio en 1995, Bill Clinton promulgó la Antiterrorism and Effective Death Penalty Act (Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte Efectiva) de 1996, que incrementaba las facultades del gobierno para vigilar a los estadounidenses y pavimentó el camino para la vasta expansión ulterior de dicha autoridad (y las dramáticas violaciones de las libertades civiles de la administración Bush antes mencionadas) tras el 11 de septiembre.

Típicamente en la historia estadounidense, cualquier crisis—tal como la del 11/09—provoca una expansión del poder gubernamental. Después de que la crisis retrocede, usualmente tiene lugar una reacción pública ante los excesos del gobierno—tal como existe en la actualidad con las políticas de Bush. Sin embargo, el poder gubernamental nunca retrocede al nivel que tenía antes de la crisis. Lamentablemente, lo que es probable que veamos de esta presidencia de Obama posterior al 11/09 sea materializarse al mismo fenómeno histórico.

Traducido por Gabriel Gasave