Los resultados de los comicios especiales para la banca del Senado de Massachusetts, alguna vez ocupada por Ted Kennedy, reverberaron como un “tiro que se escuchó en todo el mundo”—o al menos uno que se escuchó en todo Washington. Al parecer, últimamente en Washington el tema del gasto ha alienado a aquellos políticamente independientes a los que Barack Obama conquistó en noviembre de 2008. Y el presidente recibe el mensaje— o al menos está haciendo un buen espectáculo al respecto.
Su nueva propuesta es un rigurosamente limitado congelamiento del gasto durante tres años, que cubre sólo una octava parte del presupuesto federal. La propuesta comprende solamente a los “gastos discrecionales”, programas para los que el Congreso asigna dinero anualmente, y deja fuera a los programas de beneficios sociales de más rápido crecimiento, como el Seguro Social, el Medicare y el Medicaid, que están ascendiendo a toda marcha en piloto automático. Está aceptado que los programas de prestaciones sociales son difíciles de recortar, porque. . . bien. . . la gente se siente con derecho a sus dádivas gubernamentales.
Sin embargo el congelamiento del gasto propuesto por Obama, que en el año fiscal 2010 ahorrará tan sólo unos insignificantes 10 a 15 mil millones de dólares (billones en inglés) en un presupuesto federal anual de 3,5 billones de dólares (trillones en inglés), ni siquiera abarca a todos los gastos discrecionales. Quedan exentos los Departamentos de Defensa y Seguridad Interior y la ayuda exterior. No obstante, solamente el gasto del Departamento de Defensa, con la Guerra Fría concluida hace mucho, es el mayor en términos ajustados por inflación desde la Segunda Guerra Mundial y se ha duplicado desde que George W. Bush asumió el cargo en 2001.
La justificación del presidente Obama para no incluir estos gastos de seguridad en su congelamiento del gasto discrecional es que está llevando adelante dos guerras. Además de la solución obvia de terminar con los dos conflictos—que son parte de la “guerra contra el terror” pero que han tenido el efecto contraproducente de incrementar el terrorismo vengativo—y recortar el presupuesto de defensa, los gastos militares podrían reducirse incluso si se mantienen los dos esfuerzos bélicos.
Así como Obama utilizó la crisis económica para tratar de sancionar un inconexo y costoso proyecto de ley sobre la atención de la salud, George W. Bush utilizó los ataques del 11 de septiembre para llevar a cabo una invasión de Irak que no guardaba relación alguna con ellos, al que luego utilizó como excusa para inflar los presupuestos de la defensa y de las áreas no relacionadas con ella. Aunque Obama ha profundizado la deuda nacional y el déficit presupuestario, la mayor parte de ambos se la debemos a Bush, porque su imprudente despilfarro duró ocho años y hasta ahora el de Obama sólo uno. Sin embargo, pese a una retórica política diferente, algunas cosas nunca cambian en Washington.
Así que ¿por qué Obama no congela al menos el gasto en seguridad? ¿Podrá ser que la “guerra contra el terror” requiera recursos similares a los de la Guerra Fría para tener éxito? No, la inteligencia, los aviones teledirigidos y las operaciones de la CIA y las Fuerzas Especiales para llevar a cabo una guerra contra el terror real, encubierta y más efectiva son razonablemente baratas. La verdadera respuesta de por qué no hay un congelamiento de los gastos de defensa: Debido a que los demócratas siempre tienen miedo de ser llamados “debiluchos” en temas de seguridad nacional—probablemente la misma razón por la que Obama tuvo que apoyar al menos una guerra de ultramar y de ese modo aumentó de mala gana el conflicto afgano.
Sin embargo, incluso si la guerra en Afganistán es considerada necesaria, no tiene nada que ver con la mayor parte del presupuesto de defensa. Una gran parte de ese presupuesto es repartido a los intereses especiales, incluidas las industrias de defensa e incluso los miembros de los servicios uniformados.
Así que aquí hay algunas sugerencias de ítems que podrían ser suprimidos del presupuesto de defensa sin perjudicar a la seguridad nacional. La Armada podría cancelar el portaaviones CVN-79, terminar la construcción de las naves de combate litoral y los buques anfibios clase LPD-26, detener la producción de los exorbitantemente costosos destructores clase DDG-1000 Zumwalt, y poner fin a la producción de los submarinos clase Virginia SSN-774. La Armada tiene poca relevancia para la guerra contra el terror y, con el equipamiento existente, posee un dominio aplastante sobre cualquier otra flota del mundo. La Fuerza Aérea debería detener la producción de los aviones C-17, que son caros en comparación con el transporte marítimo, y demorar la producción de los aviones de combate F-35 Lightning II Joint Strike hasta que las pruebas de vuelo hayan sido satisfactorias. La Infantería de Marina debería cancelar la aeronave MV-22 Osprey, ya que el alcance y las ventajas de velocidad sobre los helicópteros existentes no justifican su costo mucho mayor.
El Ejército y la Infantería de Marina deberían ponerle fin a la expansión de sus fuerzas. La adición de más soldados es muy costosa en virtud de los sueldos, beneficios, equipamiento y apoyo adicional. Si alguna administración presidencial siente que necesita usar la fuerza militar contra los terroristas, debería emplearla sólo con moderación después de que los métodos de aplicación de la ley hayan fracasado, y con una pisada más ligera para no alimentar el fuego islamista que procura desalentar. De ese modo, si los Estados Unidos no estuviesen llevando a cabo contraproducentes ocupaciones de tierras musulmanas para supuestamente acabar con el terrorismo, las fuerzas de tierra no precisarían ser aumentadas, e incluso pueden ser reducidas. Esta reducción debería permitir el recorte de las armas y equipos que son adquiridos por tales fuerzas.
Finalmente, hay montones de negociados en la ayuda exterior y los presupuestos de la seguridad nacional que podrían ser eliminados. A lo sumo (e incluso esto es una exageración), el limitado congelamiento del gasto propuesto por Obama resultará en un ahorro de sólo el 3 por ciento del creciente déficit presupuestario en los próximos 10 años. Para evitar la reputación de su predecesor de “gastar como un marinero borracho”, Obama debe incluir a los masivos beneficios sociales y los gastos discrecionales de seguridad en su recorte del presupuesto a fin de éste que sea serio.
Traducido por Gabriel Gasave
¿Por qué congelar el gasto solamente de una parte del presupuesto?
Los resultados de los comicios especiales para la banca del Senado de Massachusetts, alguna vez ocupada por Ted Kennedy, reverberaron como un “tiro que se escuchó en todo el mundo”—o al menos uno que se escuchó en todo Washington. Al parecer, últimamente en Washington el tema del gasto ha alienado a aquellos políticamente independientes a los que Barack Obama conquistó en noviembre de 2008. Y el presidente recibe el mensaje— o al menos está haciendo un buen espectáculo al respecto.
Su nueva propuesta es un rigurosamente limitado congelamiento del gasto durante tres años, que cubre sólo una octava parte del presupuesto federal. La propuesta comprende solamente a los “gastos discrecionales”, programas para los que el Congreso asigna dinero anualmente, y deja fuera a los programas de beneficios sociales de más rápido crecimiento, como el Seguro Social, el Medicare y el Medicaid, que están ascendiendo a toda marcha en piloto automático. Está aceptado que los programas de prestaciones sociales son difíciles de recortar, porque. . . bien. . . la gente se siente con derecho a sus dádivas gubernamentales.
Sin embargo el congelamiento del gasto propuesto por Obama, que en el año fiscal 2010 ahorrará tan sólo unos insignificantes 10 a 15 mil millones de dólares (billones en inglés) en un presupuesto federal anual de 3,5 billones de dólares (trillones en inglés), ni siquiera abarca a todos los gastos discrecionales. Quedan exentos los Departamentos de Defensa y Seguridad Interior y la ayuda exterior. No obstante, solamente el gasto del Departamento de Defensa, con la Guerra Fría concluida hace mucho, es el mayor en términos ajustados por inflación desde la Segunda Guerra Mundial y se ha duplicado desde que George W. Bush asumió el cargo en 2001.
La justificación del presidente Obama para no incluir estos gastos de seguridad en su congelamiento del gasto discrecional es que está llevando adelante dos guerras. Además de la solución obvia de terminar con los dos conflictos—que son parte de la “guerra contra el terror” pero que han tenido el efecto contraproducente de incrementar el terrorismo vengativo—y recortar el presupuesto de defensa, los gastos militares podrían reducirse incluso si se mantienen los dos esfuerzos bélicos.
Así como Obama utilizó la crisis económica para tratar de sancionar un inconexo y costoso proyecto de ley sobre la atención de la salud, George W. Bush utilizó los ataques del 11 de septiembre para llevar a cabo una invasión de Irak que no guardaba relación alguna con ellos, al que luego utilizó como excusa para inflar los presupuestos de la defensa y de las áreas no relacionadas con ella. Aunque Obama ha profundizado la deuda nacional y el déficit presupuestario, la mayor parte de ambos se la debemos a Bush, porque su imprudente despilfarro duró ocho años y hasta ahora el de Obama sólo uno. Sin embargo, pese a una retórica política diferente, algunas cosas nunca cambian en Washington.
Así que ¿por qué Obama no congela al menos el gasto en seguridad? ¿Podrá ser que la “guerra contra el terror” requiera recursos similares a los de la Guerra Fría para tener éxito? No, la inteligencia, los aviones teledirigidos y las operaciones de la CIA y las Fuerzas Especiales para llevar a cabo una guerra contra el terror real, encubierta y más efectiva son razonablemente baratas. La verdadera respuesta de por qué no hay un congelamiento de los gastos de defensa: Debido a que los demócratas siempre tienen miedo de ser llamados “debiluchos” en temas de seguridad nacional—probablemente la misma razón por la que Obama tuvo que apoyar al menos una guerra de ultramar y de ese modo aumentó de mala gana el conflicto afgano.
Sin embargo, incluso si la guerra en Afganistán es considerada necesaria, no tiene nada que ver con la mayor parte del presupuesto de defensa. Una gran parte de ese presupuesto es repartido a los intereses especiales, incluidas las industrias de defensa e incluso los miembros de los servicios uniformados.
Así que aquí hay algunas sugerencias de ítems que podrían ser suprimidos del presupuesto de defensa sin perjudicar a la seguridad nacional. La Armada podría cancelar el portaaviones CVN-79, terminar la construcción de las naves de combate litoral y los buques anfibios clase LPD-26, detener la producción de los exorbitantemente costosos destructores clase DDG-1000 Zumwalt, y poner fin a la producción de los submarinos clase Virginia SSN-774. La Armada tiene poca relevancia para la guerra contra el terror y, con el equipamiento existente, posee un dominio aplastante sobre cualquier otra flota del mundo. La Fuerza Aérea debería detener la producción de los aviones C-17, que son caros en comparación con el transporte marítimo, y demorar la producción de los aviones de combate F-35 Lightning II Joint Strike hasta que las pruebas de vuelo hayan sido satisfactorias. La Infantería de Marina debería cancelar la aeronave MV-22 Osprey, ya que el alcance y las ventajas de velocidad sobre los helicópteros existentes no justifican su costo mucho mayor.
El Ejército y la Infantería de Marina deberían ponerle fin a la expansión de sus fuerzas. La adición de más soldados es muy costosa en virtud de los sueldos, beneficios, equipamiento y apoyo adicional. Si alguna administración presidencial siente que necesita usar la fuerza militar contra los terroristas, debería emplearla sólo con moderación después de que los métodos de aplicación de la ley hayan fracasado, y con una pisada más ligera para no alimentar el fuego islamista que procura desalentar. De ese modo, si los Estados Unidos no estuviesen llevando a cabo contraproducentes ocupaciones de tierras musulmanas para supuestamente acabar con el terrorismo, las fuerzas de tierra no precisarían ser aumentadas, e incluso pueden ser reducidas. Esta reducción debería permitir el recorte de las armas y equipos que son adquiridos por tales fuerzas.
Finalmente, hay montones de negociados en la ayuda exterior y los presupuestos de la seguridad nacional que podrían ser eliminados. A lo sumo (e incluso esto es una exageración), el limitado congelamiento del gasto propuesto por Obama resultará en un ahorro de sólo el 3 por ciento del creciente déficit presupuestario en los próximos 10 años. Para evitar la reputación de su predecesor de “gastar como un marinero borracho”, Obama debe incluir a los masivos beneficios sociales y los gastos discrecionales de seguridad en su recorte del presupuesto a fin de éste que sea serio.
Traducido por Gabriel Gasave
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