¿Se convertirá en una quimera la perforación petrolera?

Si el discurso desde el salón oval del presidente Obama dejó algo en claro, es que su administración y los activistas que lo apoyan ven al derrame de petróleo del Golfo simplemente como una oportunidad para impulsar su programa pre-existente—que no tiene nada que ver con la limpieza del Golfo, la protección del frágil medio ambiente costero o la promoción de la economía de la región.

La orden del 27 mayo de la administración Obama para detener todas las perforaciones exploratorias de aguas profundas en aguas estadounidense del Golfo de México durante seis meses, en espera del informe de una comisión que investiga las causas del accidente de la plataforma Deepwater Horizon de BP, es un ejemplo de ello.

La reacción pública y política al devastador derrame de petróleo en el Golfo ha revitalizado a una coalición de grupos de presión ambientalistas y anti-energía que se opone no sólo a la perforación en aguas profundas, sino a toda la producción de petróleo en alta mar y, en algunos casos, a todo uso de combustibles fósiles. Como de costumbre, los políticos oportunistas se han apresurado a aprovechar el momento.

“Usted no desea dejar que se le escape una buena crisis”, declara Athan Manuel, director de protección de tierras en la oficina legislativa del Sierra Club. La organización insta a una moratoria permanente sobre nuevas perforaciones mar adentro.

Kieran Suckling, director ejecutivo del Center for Biological Diversity, cuestiona las aseveraciones de la industria de que la perforación en aguas poco profundas es mucho más segura que la perforación en aguas profundas. El centro desea que la actual moratoria de seis meses se extienda a todas las perforaciones mar adentro.

La presión de estos grupos ya ha dado sus frutos. El 8 de junio, la administración emitió nuevos estándares de seguridad para la perforación en aguas poco profundas. Según Bloomberg BusinessWeek, “hasta 50 equipos de perforación de aguas poco profundas que emplean a unos 5.000 trabajadores pueden necesitar nuevos permisos en las próximas seis semanas conforme una nueva revisión de la administración”.

De acuerdo con Vikki Spruill, presidente y director ejecutivo de Ocean Conservancy, la moratoria del Sr. Obama es sólo el comienzo: “el primer paso necesario en una reforma más amplia de un sistema resquebrajado”.

Lexi Shultz de la Union of Concerned Scientists considera que el accidente de BP, junto con la reciente explosión mortal en una mina de carbón de Virginia Occidental, ha “cambiado el terreno [político]”, colocando a los opositores del petróleo, el gas y el carbón en una posición mucho más fuerte para obtener restricciones gubernamentales a dichas formas de producción de energía.

Los miembros del Congreso ya han celebrado audiencias sobre el desastre de BP en el Golfo, y muchas más seguirán en la medida en que grandilocuentes legisladores busquen la publicidad y el posicionamiento que tales eventos de alto perfil posibilitan. Nuevas leyes y reglamentaciones es prácticamente seguro que resultarán de la apresurada actividad legislativa. Nadie sabe cuál será la situación legal y reglamentaria dentro de un año.

Los ambientalistas y otros que buscan mayores restricciones sobre la perforación mar adentro no expresan preocupación alguna por las decenas de miles de personas que serán expulsadas de sus empleos directamente o por el incluso número mayor—los minoristas, los empleados de restaurantes, los concesionarios de automóviles, los propietarios y empleados de un sinnúmero de pequeños negocios de todo tipo—que se verán perjudicados de manera indirecta.

Tampoco las facciones anti-industria derraman alguna lágrima por los miles de millones de dólares en capital perdido que sufrirán millones de accionistas de una gran variedad de empresas. Muchos grupos anti-energía evidencian poca apreciación del grado en que las economías modernas dependen fuertemente del uso de combustibles fósiles y productos petroquímicos.

Las consecuencias regulatorias y legislativas del derrame de petróleo podrían ser altamente perjudiciales para la economía aún si estuviesen limitadas al sector energético, porque ese sector va de la mano con todas las demás partes de la economía.

Pero una amenaza mayor es que los grupos ambientalistas y otros que se oponen a la industria aprovechen su inesperada influencia política para victorias políticas de mayor alcance. Podrían, por ejemplo, dirigir la ira del público sobre la contaminación petrolera del Golfo hacia la cruzada en curso para suprimir las emisiones de dióxido de carbono.

Cuando este tipo de fuerza política presiona en contra de un frente amplio, crea un “régimen de incertidumbre” en la economía—un temor prevaleciente entre los inversionistas y empresarios sobre la seguridad futura de sus derechos de propiedad y su capacidad para obtener un rendimiento adecuado sobre las inversiones de riesgo a largo plazo.

Anteriormente, durante la última fase del New Deal de Franklin D. Roosevelt, entre 1935 y 1939, las acciones del gobierno causaron un sustancial régimen de incertidumbre. El efecto fue el de desalentar las inversiones privadas a largo plazo, retrasando la plena recuperación de la Gran Depresión. Durante los 11 años entre 1930 y 1940, como un todo, la inversión privada neta fue negativa. No fue sino hasta 1941 que la inversión privada neta anual superó su cuantía de 1929.

La contaminación petrolera en el Golfo ya está dañando a los residentes, trabajadores y dueños de negocios y causando desgarradores daños a las marismas, las playas y la fauna que habita las aguas y los humedales del área. Esperemos que la terrible situación no sea políticamente multiplicada por medidas que causen un daño aun mayor a la economía nacional.

Traducido por Gabriel Gasave