Inmigración—Sé realista

Los republicanos en la Cámara de Representantes deberían estar a la vanguardia de la reforma migratoria, no los demócratas.

Los conservadores a menudo acusan a los socialistas de constructivismo e ingeniería social—es decir, de tratar de imponer sus poco realistas y rígidas preferencias sobre la sociedad. El problema con la actual política inmigratoria es precisamente la falta de conexión entre las leyes que dificultan el curso natural de las cosas y una realidad que es más flexible de lo que los políticos entienden. Pese a sus defectos, incluidos los intentos de anticipar el número de futuros inmigrantes necesarios y los costosos aspectos burocráticos relacionados con la seguridad fronteriza y la verificación por parte de los empleadores, el proyecto de reforma aprobado por el Senado hace más de un mes trata de acercar la ley a la realidad.

Con los años, las leyes se tornaron inaplicables y tuvieron todo tipo de consecuencias no deseadas. Como resultado de ello, las propias autoridades a menudo hicieron la vista gorda ante lo que estaba sucediendo sobre el terreno. Como suele ser el caso cuando las normas gubernamentales y la vida real se encuentran distanciadas, cómicos disparates han tenido lugar periódicamente. Una ley llamada “Texas Proviso” en los Estados Unidos hizo legal durante treinta años contratar a un trabajador no autorizado para cortar el césped de alguien, aunque ilegal para ese empleador invitar al trabajador a su casa para beber un vaso de agua.

Después se impusieron restricciones a la inmigración japonesa en 1907 y, particularmente, después de que nuevas leyes fueran dirigidas contra los inmigrantes de Europa del Este y del Sur en la década de 1920, los empleadores comenzaron a reclutar mexicanos en grande cantidades, desatando una serie de acontecimientos cuyas consecuencias a largo plazo el gobierno no previó. En 1965, la nueva legislación innovadora eliminó la formula de los orígenes nacionales vigente en la época, estableció algunos límites hemisféricos, e hizo hincapié en la reunificación familiar. Las autoridades fracasaron en ver que, a raíz de que los estadounidenses de origen europeo tenían pocos parientes extranjeros aun vivos, habría un aumento muy significativo en las admisiones anuales procedentes de otras regiones.

El final del programa Bracero de trabajadores temporales a mediados de la década de 1960 fue un claro fracaso en reconocer la realidad de una agroindustria estadounidense dependiente de la mano de obra mexicana. El programa había ayudado a llevar a la inmigración ilegal a números insignificantes. Tras ser desechado, la inmigración no autorizada repuntó con fuerza.

Hacia el final del siglo, las leyes de Clinton tuvieron el efecto de aumentar el número de residentes ilegales mexicanos no a causa de un aumento de las entradas, sino debido a una caída en picada del número de partidas de personas que de otro modo habrían seguido yendo y viniendo en base a la demanda estacional.

Por el contrario, el actual proyecto de ley intenta cerrar la brecha entre la ley y la realidad. Sí, ofrece a los más de once millones de inmigrantes indocumentados y a los trabajadores agrícolas del programa de la “tarjeta azul” un (largo) camino hacia la residencia permanente pero igual de importante es que prevé un cierto grado de flexibilidad en el futuro. Por ejemplo, el tope de visas basadas en el mérito (una nueva categoría) arrancará en 120.000 pero se elevará a 250.000 si las condiciones del mercado así lo aconsejan. Del mismo modo, el número de visas de alta cualificación podría llegar a 180.000, mientras que el tope de visas de baja calificación, que comenzará en 20 mil, podría ir tan alto como 200.000. En el caso de la reagrupación familiar, la cifra podría llegar a 480.000.

Aunque incluso estos límites podrían demostrar ser poco realistas en el largo plazo, el espíritu del proyecto de ley tiene en cuenta las lecciones del pasado, cuando los visados y permisos fueron topeados con casi ningún grado de flexibilidad o consideración de la oferta y la demanda.

Estos últimos años han demostrado que el flujo de inmigrantes es imposible de anticipar. Entre 2000 y 2005, alrededor de medio millón de personas se escabulló en el país cada año—pero el número se redujo en dos tercios entre 2007 y 2009. De manera similar, el número de personas deseosas de abandonar México es impredecible. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de México, la emigración mexicana se ha reducido en un sesenta por ciento.

Es igualmente inútil tratar de determinar cuántos inmigrantes son necesarios en industrias específicas, como algunos están sugiriendo a fin de reducir drásticamente los límites previstos en el proyecto de reforma. Contrariamente a la percepción generalizada, sólo el 11,6 por ciento de las personas nacidas en el extranjero empleadas en los EE.UU. trabajan en empleos relacionados con la construcción, la extracción y el mantenimiento, mientras que casi el treinta por ciento trabaja en empleos administrativos y profesionales, el dieciocho por ciento en empleos de ventas y tareas de oficina, y el dos por ciento en la agricultura. Imagínese lo absurdo de un sistema que sesgó la expedición de permisos para, por ejemplo, la construcción y la agricultura. El actual proyecto de ley, por lo tanto, se concentra en categorías amplias en lugar de industrias específicas.

Los republicanos de la Cámara de Representantes deberían empezar a ver a la reforma migratoria con una saludable desconfianza de las soluciones verticales y una mente abierta hacia los cambiantes dictados de la interacción humana.

Traducido por Gabriel Gasave