Recientemente se reveló que Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción, pagó 788 millones de dólares en sobornos para obtener contratos gubernamentales y/o asegurar la aprobación de legislación amigable en 12 países. La divulgación es parte de un acuerdo de reparación con las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza por el cual Odebrecht pagará 3.500 millones de dólares en concepto de multas.
Odebrecht participó en el esquema de corrupción conocido como Lava Jato que involucró a Petrobras, el gigante estatal de la energía de Brasil, coludida con empresas brasileñas para inflar contratos, manipular o evitar procesos de licitación y repartir dinero a los políticos y burócratas del gobierno para garantizar el negocio. Es un caso colosal de amiguismo a la vieja usanza que ha enviado a la cárcel a magnates y algunos políticos y ha puesto al ex Presidente Lula da Silva en serios problemas.
La revelación de que Odebrecht pagó sobornos en 11 países, nueve de América Latina y dos en África, ha convertido el caso en una sensación internacional. Mientras que la mayoría de los nombres de los funcionarios que recibieron los sobornos aún no es pública, se sabe lo suficiente como para sacar conclusiones importantes.
La primera tiene que ver con la conexión entre la corrupción y el control gubernamental de la economía. En el corazón de Lava Jato se encuentra el sistema económico de Brasil bajo el populismo de izquierda de Lula y su sucesora, Dilma Rousseff, quien fue destituida el año pasado. Utilizaron al BNDES, el banco estatal de desarrollo, para subvencionar inversiones en proyectos de infraestructura por compinches de gobierno tanto en el país como en el extranjero. Casi 1.400 préstamos subsidiados fueron otorgados por un total de 14 mil millones de dólares a empresas como Odebrecht. Mucho dinero se perdió: en el caso de Venezuela, varios de los aeropuertos, puertos, centrales hidroeléctricas y otros proyectos nunca fueron finalizados. Bajo este sistema el gobierno no poseía o manejaba a la mayor parte de las corporaciones, sino que ejercía una gran influencia en sus decisiones. La propaganda sostiene que esta era la única forma de revertir el gobierno oligárquico; el control económico resultó ser el epítome del gobierno oligárquico.
Otra conclusión se relaciona con la insuficiencia de los sistemas de denuncia y castigo. ¿Por qué ningún país de América Latina fuera de Brasil fue capaz de llegar a una negociación de pena o acuerdo de clemencia, del tipo que llevó a la confesión de Odebrecht? Había evidencia substancial apuntando a esta orgía de chanchullos. Sólo cuando los Estados Unidos y Suiza intervinieron salió la información a la luz. El fracaso de América Latina a actuar por cuenta propia ha expuesto la fragilidad institucional de aquellos países aún bajo gobiernos democráticos.
La desmitificación del populismo de izquierdas es otra consecuencia de estas revelaciones. Aparte del hecho de que Brasil, gobernada por el Partido de los Trabajadores, estaba en el centro del esquema, otros gobiernos populistas estuvieron involucrados. Venezuela fue el mayor beneficiario de créditos del BNDES a las corporaciones brasileñas que hacen negocios en el exterior—por valor de unos 3 mil millones de dólares. La República Dominicana y Cuba, las versiones democrática y dictatorial de la izquierda de la región, le siguen. Para no hablar de Argentina, donde Odebrecht fue el mayor beneficiario no argentino de contratos bajo los Kirchner.
Esta conclusión debe extenderse al otro lado del espectro ideológico. Tres de los cuatro países que conforman la pro mercado Alianza del Pacífico—México, Perú y Colombia—también fueron parte de este esquema. Chile no lo fue, pero otras empresas brasileñas todavía tienen que confesar sus prácticas internacionales, por lo que aún podría quedar enredado en el escándalo. Sin lugar a dudas, la corrupción en los países de la Alianza del Pacífico involucró a aquellas partes de sus sistemas institucionales más distantes de las normas competitivas y favorables al mercado que les han permitido prosperar y provocaron el surgimiento de una importante clase media. Pero la percepción a los ojos de muchos latinoamericanos será la de que el mercado, no el control económico, fue el culpable.
Por último, una palabra optimista. A pesar del efecto desmoralizador de Lava Jato, ha habido una saludable, aunque tardía, reacción por parte de los sistemas judiciales de muchos países, liderados por Brasil. El purgatorio moral, político y judicial en el que se encuentran las instituciones de muchos países podría ser el inicio de un muy necesario proceso de limpieza.
Traducido por Gabriel Gasave
Lecciones de Odebrecht
Recientemente se reveló que Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción, pagó 788 millones de dólares en sobornos para obtener contratos gubernamentales y/o asegurar la aprobación de legislación amigable en 12 países. La divulgación es parte de un acuerdo de reparación con las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza por el cual Odebrecht pagará 3.500 millones de dólares en concepto de multas.
Odebrecht participó en el esquema de corrupción conocido como Lava Jato que involucró a Petrobras, el gigante estatal de la energía de Brasil, coludida con empresas brasileñas para inflar contratos, manipular o evitar procesos de licitación y repartir dinero a los políticos y burócratas del gobierno para garantizar el negocio. Es un caso colosal de amiguismo a la vieja usanza que ha enviado a la cárcel a magnates y algunos políticos y ha puesto al ex Presidente Lula da Silva en serios problemas.
La revelación de que Odebrecht pagó sobornos en 11 países, nueve de América Latina y dos en África, ha convertido el caso en una sensación internacional. Mientras que la mayoría de los nombres de los funcionarios que recibieron los sobornos aún no es pública, se sabe lo suficiente como para sacar conclusiones importantes.
La primera tiene que ver con la conexión entre la corrupción y el control gubernamental de la economía. En el corazón de Lava Jato se encuentra el sistema económico de Brasil bajo el populismo de izquierda de Lula y su sucesora, Dilma Rousseff, quien fue destituida el año pasado. Utilizaron al BNDES, el banco estatal de desarrollo, para subvencionar inversiones en proyectos de infraestructura por compinches de gobierno tanto en el país como en el extranjero. Casi 1.400 préstamos subsidiados fueron otorgados por un total de 14 mil millones de dólares a empresas como Odebrecht. Mucho dinero se perdió: en el caso de Venezuela, varios de los aeropuertos, puertos, centrales hidroeléctricas y otros proyectos nunca fueron finalizados. Bajo este sistema el gobierno no poseía o manejaba a la mayor parte de las corporaciones, sino que ejercía una gran influencia en sus decisiones. La propaganda sostiene que esta era la única forma de revertir el gobierno oligárquico; el control económico resultó ser el epítome del gobierno oligárquico.
Otra conclusión se relaciona con la insuficiencia de los sistemas de denuncia y castigo. ¿Por qué ningún país de América Latina fuera de Brasil fue capaz de llegar a una negociación de pena o acuerdo de clemencia, del tipo que llevó a la confesión de Odebrecht? Había evidencia substancial apuntando a esta orgía de chanchullos. Sólo cuando los Estados Unidos y Suiza intervinieron salió la información a la luz. El fracaso de América Latina a actuar por cuenta propia ha expuesto la fragilidad institucional de aquellos países aún bajo gobiernos democráticos.
La desmitificación del populismo de izquierdas es otra consecuencia de estas revelaciones. Aparte del hecho de que Brasil, gobernada por el Partido de los Trabajadores, estaba en el centro del esquema, otros gobiernos populistas estuvieron involucrados. Venezuela fue el mayor beneficiario de créditos del BNDES a las corporaciones brasileñas que hacen negocios en el exterior—por valor de unos 3 mil millones de dólares. La República Dominicana y Cuba, las versiones democrática y dictatorial de la izquierda de la región, le siguen. Para no hablar de Argentina, donde Odebrecht fue el mayor beneficiario no argentino de contratos bajo los Kirchner.
Esta conclusión debe extenderse al otro lado del espectro ideológico. Tres de los cuatro países que conforman la pro mercado Alianza del Pacífico—México, Perú y Colombia—también fueron parte de este esquema. Chile no lo fue, pero otras empresas brasileñas todavía tienen que confesar sus prácticas internacionales, por lo que aún podría quedar enredado en el escándalo. Sin lugar a dudas, la corrupción en los países de la Alianza del Pacífico involucró a aquellas partes de sus sistemas institucionales más distantes de las normas competitivas y favorables al mercado que les han permitido prosperar y provocaron el surgimiento de una importante clase media. Pero la percepción a los ojos de muchos latinoamericanos será la de que el mercado, no el control económico, fue el culpable.
Por último, una palabra optimista. A pesar del efecto desmoralizador de Lava Jato, ha habido una saludable, aunque tardía, reacción por parte de los sistemas judiciales de muchos países, liderados por Brasil. El purgatorio moral, político y judicial en el que se encuentran las instituciones de muchos países podría ser el inicio de un muy necesario proceso de limpieza.
Traducido por Gabriel Gasave
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