El más reciente plan para agravar la crisis de la vivienda en California
En el contexto de una escasez nacional de viviendas asequibles, atribuida en gran medida a las políticas gubernamentales, los legisladores de California están considerando limitar la inversión empresarial en propiedades unifamiliares para alquiler. Esta medida podría empeorar la crisis de asequibilidad de la vivienda en el Estado Dorado. Dado que California a menudo marca pauta para las políticas federales y de otros estados, los inquilinos deberían esperar que esta idea errónea sea abandonada antes de su adopción generalizada.
Una propuesta, el proyecto de ley 2584 de la Asamblea de California, presentado recientemente por el demócrata de San José Alex Lee, establecería un sistema de cuotas que prohibiría a los “inversores institucionales que posean más de 1,000 viviendas unifamiliares comprar propiedades adicionales y convertirlas en viviendas de alquiler”. Una segunda propuesta, el proyecto de ley 1212 del Senado, presentado por la demócrata de Berkeley Nancy Skinner, impediría a los fondos de cobertura y otras “entidades de inversión corporativa” adquirir viviendas unifamiliares en California a partir del próximo año.
Ambos legisladores sostienen que los inversionistas institucionales adinerados, como las firmas de capital de riesgo, los fondos de cobertura y los fondos de inversión inmobiliaria, están adquiriendo tantas viviendas unifamiliares que los compradores de vivienda por primera vez y de bajos ingresos están siendo excluidos del mercado. Esta afirmación muestra la falta de comprensión que tienen estos legisladores californianos sobre el papel que la mayoría de los inversionistas institucionales desempeñan en el mercado de la vivienda.
Los defensores contra la vivienda corporativa están sobreestimando la influencia de los inversores institucionales. Según la Oficina de Investigación de California, una entidad no partidista, los grandes propietarios institucionales poseen menos del 2% de todas las viviendas unifamiliares en el Estado Dorado, lo que equivale a 60,500 unidades en todo el estado. A nivel nacional, los inversores institucionales tenían solo el 5% de los 14 millones de viviendas unifamiliares para alquilar en Estados Unidos en 2022, es decir, alrededor de 700,000 unidades, según MetLife Investment Management. Los inversores corporativos no tienen un control lo suficientemente significativo en ningún mercado de viviendas como para dictar los precios de alquiler o desplazar a los desesperados compradores de viviendas.
A pesar de su escala relativamente pequeña, los arrendadores corporativos representan nichos valiosos en los mercados de vivienda, ya que a menudo adquieren propiedades abandonadas y las tornan habitables de nuevo. Según investigadores del Urban Institute, los inversores institucionales pueden adquirir viviendas en mal estado en grandes cantidades, mejorarlas y ponerlas en alquiler. Gracias a sus menores costos de inversión y conocimientos especializados, los arrendadores corporativos pueden realizar estas reparaciones de manera eficiente y económica, aprovechando economías de escala. Esto contribuye a aumentar la oferta de viviendas de alquiler necesarias con urgencia y listas para ser ocupadas.
Las restricciones defendidas por el Sr. Lee y la Sra. Skinner excluirían a estos inversores, lo que agravaría la escasez de viviendas unifamiliares de alquiler asequibles. Redfin informa que los inversores gastan más de 100.000 millones de dólares (billones en inglés) al año a nivel nacional para adquirir y rehabilitar viviendas unifamiliares. La solución a la escasez de vivienda es más inversión, no menos.
Los legisladores de California han aprobado más de 100 leyes desde 2017 con el objetivo de fomentar la construcción de viviendas adicionales, pero aún no han logrado generar el tan prometido auge en la construcción que ayudaría a reducir los precios de la vivienda. De hecho, muchas de estas nuevas leyes han tenido el efecto contrario, minando los objetivos declarados de los defensores de la vivienda asequible.
A través de sus decisiones y acciones, los inversores institucionales han venido diciéndole a los legisladores que la forma de abordar la crisis de vivienda asequible es eliminando las restricciones onerosas a la construcción de nuevas viviendas y a la rehabilitación de propiedades existentes, y fortaleciendo los derechos de propiedad privada.
Los políticos progresistas de California argumentan que desean limitar la inversión corporativa en el mercado de alquiler de viviendas unifamiliares porque creen que esto beneficiaría a los inquilinos y a los compradores de vivienda comunes. Sin embargo, sus propuestas en realidad podrían provocar la retirada del capital financiero, reducir el suministro futuro de viviendas en alquiler y aumentar los precios de los alquileres. Esta no es una idea que California debería promover fuera de sus fronteras.
Traducido por Gabriel Gasave
