Es necesaria la implementación de una ley federal de protección para la prensa en Estados Unidos

Nos guste o no, la Primera Enmienda de la Constitución otorga a los medios de comunicación una protección especial en la república estadounidense. La enmienda establece que: “El Congreso no aprobará ninguna ley… que coarte la libertad… de expresión”.

Con uno de los recientes candidatos presidenciales amenazando inconstitucionalmente con cerrar medios de comunicación o quitarles sus (inexistentes) licencias cuando expresen o hagan algo que no sea de su agrado, no es difícil imaginárselo en el cargo tratando de descubrir a los denunciantes del gobierno aplicando la coerción legal a fin de obligar a los miembros de la prensa para que revelen sus fuentes. De hecho, este candidato, cuando fue presidente con anterioridad, hizo precisamente eso, al igual que lo hizo incluso en mayor medida su predecesor perteneciente al otro partido político.

Cuarenta y nueve estados y el Distrito de Columbia tienen leyes o sentencias de tribunales estatales que protegen a los periodistas de este tipo de coacción gubernamental. A pesar de la protección especial que la Constitución otorga a los medios de comunicación a nivel nacional, no existe ninguna ley federal similar que proporcione la misma salvaguarda. Por ello, las sentencias de los tribunales federales de apelación han tenido que ofrecer una protección provisional.

¿Por qué es necesaria una ley escudo federal para los periodistas? Si el gobierno no puede mantener en secreto su información esencial, entonces la prensa debería tener libertad para publicarla y ponerla a disposición del público. Sin embargo, el gobierno no lo ve así, y tiene mucho poder legal coercitivo para citar a los reporteros de información

Legalmente, si los reporteros recogen o difunden «información de defensa nacional», una categoría vagamente definida, proporcionada por filtradores o informantes, pueden enfrentarse al riesgo de ser procesados penalmente bajo la Ley de Espionaje de 1917; sólo la tradición ha limitado el enjuiciamiento de periodistas bajo esta ley. Por supuesto, la falta general de una protección de las fuentes periodísticas disuade a estos informantes federales de hablar con los periodistas sobre irregularidades o corrupción en el gobierno. Incluso en una república, el público debería ser consciente de que existe mucha corrupción y chanchullos en el gobierno.

Una propuesta de ley federal para proteger a los periodistas, la Ley PRESS (Protect Reporters from Exploitative State Spying), se encuentra en trámite por ante el Congreso y fue aprobada por la Cámara de Representantes por unanimidad en dos ocasiones (una hazaña inusual de consenso en el polarizado mundo político actual). No obstante, un pequeño grupo de miembros del Senado se ha opuesto al proyecto de ley porque fomentaría las filtraciones de información sobre seguridad nacional y aplicación de la ley. Sin embargo, el proyecto de ley tiene excepciones para obligar a los reporteros a divulgar sus fuentes para prevenir cualquier acto de terrorismo o violencia inminente y no proporciona inmunidad a los reporteros que cometan actos ilegales para obtener información (como piratería informática, etc.).

Además, está ampliamente reconocido que existe una práctica excesiva de clasificación de información por parte de las autoridades federales bajo el pretexto de la “seguridad nacional”, lo que a menudo se utiliza de manera abusiva para ocultar información que podría resultar embarazosa para el gobierno.

Finalmente, los pocos senadores que se oponen al proyecto de ley se defienden argumentando que son textualistas y originalistas constitucionales. Sin embargo, la prohibición de la Primera Enmienda de restringir la libertad de expresión no menciona ninguna excepción explícita para la «seguridad nacional».

Además, el gobierno posee un poder coercitivo tan amplio que, a menudo, puede identificar a los filtradores y procesarlos sin necesidad de intimidar a los periodistas para que revelen sus fuentes. Aunque una ley federal de escudo podría parecer otorgarles un estatus especial a los reporteros, la Primera Enmienda ya reconoce que, para mantener una república vibrante, es necesario ofrecer protecciones especiales que aseguren una prensa libre. (Sin embargo, en la era digital, la concepción tradicional de los periodistas podría necesitar una actualización para incluir nuevas formas de ejercicio de la profesión).

Y esas salvaguardias para la prensa pueden ser especialmente necesarias si resulta elegido un candidato que repite como un loro a Joseph Stalin al considerar a la prensa como un “enemigo del pueblo” y amenazar regularmente a los medios de comunicación con represalias y coacciones.

Traducido  por Gabriel Gasave