Deportaciones Masivas: Inviables, costosas y perjudiciales para alcanzar otros objetivos

El presidente electo Donald Trump ha prometido emprender la mayor deportación de inmigrantes indocumentados de la historia estadounidense. La designación de Thomas Homan, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE es su sigla en inglés), como zar de la frontera es una señal de su compromiso con esa promesa.

Hay 11,7 millones de personas residiendo ilegalmente en Estados Unidos. “En conclusión”, sostiene Homan, “si te encuentras en el país ilegalmente, más vale que estés alerta”.

Sin embargo, desde un punto de vista realista, es difícil imaginar llevar a cabo una deportación masiva que se acerque a esa cifra. Los enormes costos involucrados -incluidos los costos ocultos que no resultan insignificantes- limitarían casi con toda seguridad su escala.

Al hablar de las órdenes ejecutivas que se están redactando para que el presidente las firme inmediatamente después de asumir el cargo, la portavoz del equipo de transición de Trump, Karoline Leavitt, dijo: “El día uno él va a iniciar la mayor deportación de inmigrantes ilegales de la historia estadounidense”. Como ha declarado Homan: “Por supuesto, tiene que haber una deportación histórica”.

¿Qué constituiría una “deportación histórica”? Durante el primer mandato de Trump, su administración deportó a 1,5 millones de inmigrantes indocumentados. El presidente Biden está en camino de deportar el mismo número para cuando deje el cargo. Aproximadamente 3 millones de personas fueron deportadas durante los ocho años de mandato del presidente Barack Obama. Por lo tanto, durante los últimos 16 años, las deportaciones “normales” han promediado las 375.000 al año.

La mayor parte de los deportados eran personas detenidas tras cruzar  la frontera recientemente. Las deportaciones desde el interior de Estados Unidos han sido en promedio unas 100.000 al año durante la última década.

¿Qué se necesitaría para duplicar o triplicar esas cifras? En primer lugar, no hay suficientes centros de detención para alojar a millones de inmigrantes, ni suficientes tribunales de inmigración para tramitar sus casos en aras de cualquier deportación masiva inmediata.

El American Immigration Council, una organización de defensa de la inmigración, estimó recientemente que si se construyeran suficientes centros de detención y se establecieran casi 1.000 tribunales de inmigración, insumiría una década y costaría casi un billón de dólares (trillón en inglés) expulsar a la población inmigrante indocumentada de Estados Unidos.

Trump dice: “No es una cuestión de precio. En realidad, no tenemos otra opción” que la deportación masiva.

No obstante, los costos de la expulsión son sólo la punta del iceberg. Hay otros costos.

Por ejemplo, Trump ha declarado que desea que la vivienda sea más asequible y que bajen los precios de los comestibles. Eso no sucederá si los constructores de viviendas y los productores de alimentos tienen que reemplazar a los casi 1,6 millones de trabajadores de la construcción indocumentados (el 25 por ciento del total en todo el país) y las decenas de miles de trabajadores agrícolas indocumentados (más del 40 por ciento del total) que emplean en la actualidad. Cualquier deportación masiva reduciría drásticamente la oferta de mano de obra en estas industrias y aumentaría los costos para el consumidor.

Las deportaciones masivas también socavarían la promesa de Trump de revitalizar la economía. El estudio del American Immigration Council estima que una deportación masiva contraería la economía estadounidense -es decir, reduciría el producto bruto interno total- entre un 4,2% y un 6,8%.

Una deportación más reducida y selectiva parece probable, dados los enormes costos que contrarrestan los otros objetivos de Trump.

Homan ha declarado: “Tienes que priorizar a dónde vas primero” a la hora de elegir a quién deportar y que “vamos a concentrarnos en lo peor de lo peor”.

Según un reciente informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el ICE tiene actualmente una lista de 617.607 inmigrantes indocumentados que no se encuentran detenidos y que han sido condenados por un delito o tienen cargos penales pendientes. Presumiblemente, constituirían “lo peor de lo peor”.

Trump debería concentrar su programa de deportaciones en este grupo: inmigrantes que están aquí ilegalmente y que han cometido delitos graves. Tal programa sería logísticamente factible, implicaría menores costos económicos, no socavaría sus otros objetivos políticos, y aún podría permitir a Trump afirmar que ha emprendido una “deportación histórica”.

Cualquier intento de deportar de manera masiva a inmigrantes no criminales dentro de Estados Unidos generaría altos costos económicos, desintegraría familias trabajadoras y probablemente provocaría una fuerte oposición pública. Trump lograría mejores resultados si priorizara la deportación de delincuentes, reforzara la seguridad fronteriza y ampliara las oportunidades de inmigración legal para fortalecer nuestra economía.

Traducido por Gabriel Gasave