No reemplacen al impuesto sobre la renta con aranceles: terminaremos padeciendo ambos

En su discurso de investidura, el presidente Trump repitió su petición de un Servicio de Impuestos Externos. En otras ocasiones, ha hablado de sustituir los impuestos sobre la renta de las personas físicas con elevados aranceles a las importaciones. Además de la circunstancia de que los aranceles estadounidenses sobre las importaciones son cobrados a los importadores estadounidenses, no a los exportadores externos, esta idea no funcionaría y probablemente resultaría en una mayor presión tributaria para los estadounidenses.

Los actuales ingresos en concepto del impuesto sobre la renta son de unos 2,5 billones de dólares al año. Las importaciones de bienes superan ligeramente los 3 billones de dólares anuales. Así pues, sustituir el impuesto sobre la renta de las personas físicas implicaría una tasa arancelaria del 83%. Pero eso sólo es cierto si el incremento de las tasas arancelarias en más de un 2.500% (de menos del 3% al 83%) no tuviera ningún efecto sobre el nivel de las importaciones. Como la gente adquiriría menos artículos importados si tuviera que abonar ese impuesto, la tasa arancelaria tendría que ser sustancialmente más alta o habría que mantener el sistema del impuesto sobre la renta.

El moderno impuesto federal sobre la renta se originó como parte de un ahora oscuro régimen arancelario, que proporcionaba la mayor parte de los ingresos del gobierno federal de aquel entonces. En 1909, el presidente William Howard Taft pidió al Congreso que modernizara la tabla arancelaria. En su lugar, los legisladores elaboraron la Ley de Aranceles Payne-Aldrich, un disparate proteccionista en el cual los grupos de presión consiguieron aranceles preferenciales para industrias con conexiones políticas. Los consumidores estadounidenses padecieron la embestida, con un doble golpe de impuestos a la importación y precios más altos de los productos nacionales, subvencionando en la práctica al noreste industrial.

Tras décadas de fallidos intentos por separar al sistema arancelario de los grupos de presión proteccionistas, los opositores a la Ley de Aranceles Payne-Aldrich intentaron llevar a cabo un canje de impuestos. Deseaban sustituir el flujo de ingresos de los aranceles por el impuesto sobre la renta y desterrar a los grupos de intereses especiales que se habían apoderado de la revisión del sistema arancelario.

A pesar de los reveses iniciales en 1909, los defensores del canje de impuestos consiguieron ratificar la 16ª Enmienda a la Constitución en 1913. Ese año aprobaron una reforma del sistema impositivo, reduciendo la tasa arancelaria promedio del 43% en 1909 con la Ley Payne-Aldrich a sólo el 16% en 1920. El nuevo impuesto sobre la renta tenía un tipo marginal máximo de sólo el 7%. El tramo más bajo, del 1%, sólo se aplicaba a los ingresos superiores a 3.000 dólares, unos 100.000 dólares hoy día.

Por un breve periodo, el intercambio de impuestos funcionó. El nuevo impuesto sobre la renta se convirtió en un “garrote para derribar el arancel”, como sostenían sus partidarios, y el sistema de reemplazo sólo extrajo una modesta cuota de los ingresos más ricos.

No obstante, al cabo de una década, ambos elementos del acuerdo de intercambio de impuestos se vinieron abajo. El Congreso rápidamente descubrió que los impuestos sobre la renta generaban muchos más ingresos que el antiguo sistema arancelario que reemplazaban. Para pagar el ingreso de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, en 1918 elevaron el tipo marginal máximo al 77%. Los intentos de controlar el impuesto sobre la renta tuvieron un breve éxito en la década de 1920, pero el presidente Hoover elevó la tasa máxima al 63% y Franklin D. Roosevelt la elevó al 79%. Con FDR, el Congreso también redujo el umbral de exención para los que percibían las rentas más bajas. Lo que empezó como un “impuesto de clase” -un tributo que en 1913 sólo gravaba a las rentas muy altas- se convirtió, en 1942, en un “impuesto de masas”, un impuesto de amplia base que gravaba a la mayoría de las familias estadounidenses.

Cuando en 1920 el Congreso volvió a inclinarse por el Partido Republicano, dominado por los proteccionistas, restableció la tasa arancelaria promedio al 38%. En 1930, el Congreso volvió a abrir sus puertas a las industrias que buscaban la protección del gobierno frente al desplome del mercado bursátil. Su pretendido “estímulo” se convirtió en la famosa Ley de Aranceles Smoot-Hawley, que elevó las tasas arancelarias promedio al 59% e instigó una guerra comercial mundial.

Los daños del colapso de este canje de impuestos original tardaron décadas en desenmarañarse. El Congreso reconoció su error y cedió su supervisión de la política comercial al Departamento de Estado en 1934 como medida de emergencia para eludir el sistema arancelario. La liberalización de la economía mundial desde la Segunda Guerra Mundial se produjo a través de tratados y acuerdos comerciales. Estas medidas siguen siendo frágiles, y dependen de un poder ejecutivo que siga honrando los acuerdos internacionales. Si Trump abandona nuestras obligaciones de libre comercio con otros países, el sistema arancelario de la Ley Smoot-Hawley seguirá vigente.

Las exorbitantes tasas máximas del impuesto sobre la renta se mantuvieron hasta que las reformas fiscales de Ronald Reagan finalmente los bajaron a tierra. Mientras tanto, el Congreso se volvió adicto al gasto publico deficitario, y ahora cualquier debate sobre la reforma impositiva debe lidiar con una deuda nacional de 36 billones de dólares.

En ambos casos, las duras batallas para frenar a los recaudadores de impuestos federales remontan su génesis a los errores del último canje de impuestos en 1913. El presidente Trump está jugando con fuego. En el largo plazo, el efecto más probable de su canje del impuesto sobre la renta por aranceles elevados sería aranceles elevados e impuestos sobre la renta solo algo más bajos.

Nota del traductor: En el contexto estadounidense, es importante aclarar que “billones” en español equivale a “trillones” en inglés.

Traducido por Gabriel Gasave