Muerte a la pena de muerte

Un juez federal designado por el Presidente Reagan, destacó recientemente que “en la última década, ha salido a la luz evidencia substancial para demostrar que personas inocentes son sentenciadas a muerte, e indudablemente ejecutadas, mucho más a menudo de lo que anteriormente se pensaba.” En 2001, otro juez federal predijo también que un sistema de justicia criminal con la pena de muerte ejecutaría inevitablemente a personas inocentes.

Las estadísticas añaden sustento a tales declaraciones. Más de 100 personas condenadas a la pena de muerte han sido exoneradas debido a nueva evidencia—en algunos casos, mediante pruebas de ADN. Tal vez es por eso que los jurados han estado recientemente conteniéndose de imponer condenas a muerte. De los últimos 20 casos capitales a nivel federal, los jurados han invocado la pena de muerte solamente una vez.

¿Entonces por qué todavía la pena de muerte aparece en los libros en los Estados Unidos? Los Estados Unidos se están convirtiendo en un paria internacional debido a que son la última nación industrial de occidente que continúa con este espantoso espectáculo. El mantenimiento de la pena de muerte por parte del gobierno—los jurados pueden aplicar la pena de muerte pero las legislaturas conservan la opción abierta a ellas—parece servir a dos propósitos: la venganza y la disuasión. Los partidarios de la pena de muerte frecuentemente formulan la pregunta: “Si usted tuviese un ser querido que fue víctima de un crimen capital atroz, ¿no desearía que se le diese muerte al autor?” A esta pregunta, yo respondería: “sí, con toda probabilidad, y aplicándole previamente alguna tortura al culpable.” Muchos familiares de las víctimas probablemente convendrían secretamente con mis sentimientos. No tengo ninguna indulgencia para con la gente viciosa que comete tales crímenes, pero al oponerme a la pena de muerte, estoy protegiendo los derechos de todos los estadounidenses—no tan sólo aquellos de los criminales violentos.

Los sentimientos de los allegados de la víctima son comprensibles pero, en el mejor interés de la sociedad, las cabezas más frescas precisan prevalecer. La mayoría de los partidarios de la pena de muerte se encuentran probablemente motivados por la venganza—es decir por el sentimiento de que el culpable se merece la misma. La parte culpable puede, de hecho, merecer la última sanción, y la Quinta Enmienda al Bill of Rights de los EE.UU. parece indicar que las personas pueden ser privadas de su vida mientras sean procesadas por un gran jurado y les sea concedido el beneficio del debido proceso. (La disposición del debido proceso, sin embargo, puede ser violada por la forma en que la pena de muerte ha sido implementada—al acusado no se le permite presentar nueva evidencia que podría conducir a una revocación de la sentencia.) ¿Pero es aconsejable ejecutar a los criminales violentos?

La respuesta es un resonante “no” porque los beneficios de la sociedad son demasiado estrechos y los costos demasiado grandes. Con excepción de la cruda venganza—la cual puede ser una meta aceptable para las familias de las víctimas, pero no debería ser un objetivo para el sistema de justicia—la única meta aceptable para el gobierno es la de disuadir los futuros crímenes capitales por parte de otros (asumiendo que la sociedad puede estar a resguardo de futuros crímenes por parte del criminal sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional). El vasto peso de la evidencia muestra, sin embargo, que el castigo capital no disuade los crímenes violentos que aún no han sido cometidos. De hecho, un estudio en un estado encontró que ciertos tipos de asesinatos se incrementaron tras la reintroducción del castigo capital, quizás debido a que las ejecuciones estatales minan las normas sociales contra el matar gente. Por lo tanto, el principal beneficio alegado de la pena de muerte es en el mejor de los casos inexistente.

Por otra parte, los costos sociales son inaceptables. Los jurados aplican la pena de muerte injustamente. La implementación de la pena capital incluye la discriminación en base a la raza, el género, y la clase social. Ese prejuicio viola la garantía de la Decimocuarta Enmienda de que todas las personas tendrán una protección igual bajo la ley. También, dado que la vida es tan apreciada en la sociedad estadounidense, la ejecución de un interno condenado a muerte está sujeta a años de apelación. Es realmente más costoso ejecutar a los prisioneros que mantenerlos encerrados por el resto de sus vidas. Más importante aún, para evitar que el gobierno oprima a los individuos, nuestro sistema judicial fue diseñado para errar en favor de proteger al inocente, no para condenar al culpable. La parodia más grande que el sistema podría imaginarse es la de ejecutar a una persona inocente. No obstante ello, la multitud de individuos condenados a muerte que han sido exonerados hace factible que inocentes hayan sido muertos en el pasado y continúen siéndolo en el futuro, mientras la pena de muerte permanezca en los libros.

Generalizando, para ayudar a preservar las libertades civiles únicas de los Estados Unidos en un momento en el que las mismas se encuentran bajo asalto en la estela de los ataques del 11 de septiembre, tendríamos que preguntarnos si el gobierno debiera estar asesinando personas— independientemente de si las mismas son o no criminales violentos. Los asesinatos estatalmente patrocinados aún para los crímenes capitales, establecen un mal precedente para futuras ejecuciones gubernamentales por razones menos justificables, especialmente cuando existe poca evidencia para recomendar la pena capital sobre otras razones de orden público. Cuando repasamos los antecedentes históricos, se vuelve evidente que la presión del gobierno ha sido la norma y que los experimentos con la libertad—tales como el nuestro—han sido raros y frágiles. Es vergonzoso que los Estados Unidos continúen ostentando una forma de castigo anacrónica, injusta, costosa, y opresiva que está convirtiendo a “la tierra del libre y el valiente” en un paria en el mundo civilizado.

Traducido por Gabriel Gasave