En la estela de los ataques del 11 de septiembre, un grupo de hombres de negocios estadounidenses ha decidido recurrir al afán de lucro para llevar a sus autores ante la justicia. Dirigido por Edward Lozzi de Beverly Hills, California, el grupo se prepone ofrecer una recompensa de $1.000 millones (billón en Inglés) a cualquier ciudadano privado que capture a Osama bin Laden y a sus asociados, muertos o vivos.
Pagar a ciudadanos privados para alcanzar objetivos militares parece novelesco pero no es algo que nunca se haya intentado. Recuerde el uso acertado de Ross Perot de fuerzas privadas para recuperar a sus empleados de las garras de musulmanes fundamentalistas en Irán en 1979.
Todos estamos familiarizados con los fiadores, quienes emplean a cazadores de recompensas para atrapar a los fugitivos que incumplen sus fianzas. Menos familiares son dos compañías de EE.UU., Military Professional Resources Inc. y Vinnell Corporation, las cuales proporcionan servicios militares a los gobiernos y a otras organizaciones en todo el mundo.
Históricamente, ciudadanos privados armando naves privadas, apropiadamente llamados “justicieros privados”, desempeñaron un papel importante en la Revolución Estadounidense. Ochocientos justicieros privados colaboraron con la causa de los colonos secesionistas, mientras que los británicos empleaban a 700, a pesar de poseer una enorme marina gubernamental.
Durante la Guerra de 1812, 526 buques estadounidenses fueron puestos en servicio bajo esta modalidad. Esto no era piratería, porque los justicieros privados se encontraban licenciados por sus propios gobiernos y las naves estaban garantizadas para asegurar que sus capitanes cumpliesen las leyes del mar comúnmente aceptadas, incluyendo el tratamiento humanitario de aquellos que fuesen tomados prisioneros. El Congreso concedió a los justicieros privados “letras de marque y de represalia”, bajo la autoridad del Artículo I, de la Sección 8 de la Constitución de los EE.UU..
Originalmente, este era un método de restitución para los comerciantes o navieros que habían sido agraviados por un ciudadano de un país extranjero. Los justicieros privados capturaban las naves que enarbolaban la bandera de la nación de los malhechores y las conducían hasta un puerto amistoso, donde un tribunal neutral del almirantazgo decidía si la captura era justa. Las capturas ilícitas daban lugar a la pérdida de las garantías de los justicieros a favor de los dueños de las naves capturadas.
Si la captura era justa, la nave y la carga eran vendidas en subasta, con el grueso de los ingresos para los dueños de los buques justicieros y de la tripulación. Los tripulantes eran voluntarios que compartían los beneficios, y los inversionistas veían a la empresa como remunerativa—aunque riesgosa.
El sistema pronto evolucionó hacia medios potentes de guerra. El interés propio animó a los justicieros a capturar tantas naves del enemigo como fuese posible, y a hacerlo rápidamente. ¿Fueron los justicieros exitosos en infligirle pérdidas serias al enemigo? Enfáticamente, sí. Entre 1793 y 1797, los británicos perdieron 2.266 buques, la mayoría tomadas por justicieros privados franceses.
Durante la Guerra de la Liga de Ausburgo (1689-1697) los justicieros franceses capturaron 3.384 buques mercantes ingleses u holandeses y 162 buques de guerra, y durante la Guerra de 1812, 1.750 naves británicas fueron sometidas o destruidas por los justicieros privados estadounidenses. Esos justicieros estadounidenses generaron tanto temor en Gran Bretaña que la compañía Lloyd de Londres dejó de ofrecer seguros marítimos excepto a primas ruinosamente elevadas. No es de extrañar que Thomas Jefferson dijera: “Cada estímulo posible debe ser otorgado a los justicieros privados en épocas de guerra”.
Si el método fue tan exitoso, ¿por qué ha desaparecido? Precisamente porque funcionó tan bien. Los oficiales navales del gobierno se resintieron de la ventaja competitiva que los justicieros poseían, y las naciones poderosas con grandes armadas gubernamentales no deseaban ser desafiadas en los mares por naciones más pequeñas que optaban por la alternativa menos-costosa—naves de guerra privadas.
En suma, las fuerzas armadas del gobierno de los EE.UU. no son la única opción para el Presidente Bush de derrotar a bin Laden, a su red de al Qaeda, y a “cada grupo terrorista con un alcance global”. Las fuerzas armadas de los EE.UU. no son necesariamente la mejor opción.
Traigamos nuevamente el espíritu de estos justicieros privados. Dejando que las ganancias y la justicia vayan una vez más mano-a-mano, las víctimas y sus defensores pueden tener mucho de ambas, antes que la falta de alguna de ellas.
Traducido por Gabriel Gasave
Dejemos que los justicieros privados atrapen a Bin Laden
En la estela de los ataques del 11 de septiembre, un grupo de hombres de negocios estadounidenses ha decidido recurrir al afán de lucro para llevar a sus autores ante la justicia. Dirigido por Edward Lozzi de Beverly Hills, California, el grupo se prepone ofrecer una recompensa de $1.000 millones (billón en Inglés) a cualquier ciudadano privado que capture a Osama bin Laden y a sus asociados, muertos o vivos.
Pagar a ciudadanos privados para alcanzar objetivos militares parece novelesco pero no es algo que nunca se haya intentado. Recuerde el uso acertado de Ross Perot de fuerzas privadas para recuperar a sus empleados de las garras de musulmanes fundamentalistas en Irán en 1979.
Todos estamos familiarizados con los fiadores, quienes emplean a cazadores de recompensas para atrapar a los fugitivos que incumplen sus fianzas. Menos familiares son dos compañías de EE.UU., Military Professional Resources Inc. y Vinnell Corporation, las cuales proporcionan servicios militares a los gobiernos y a otras organizaciones en todo el mundo.
Históricamente, ciudadanos privados armando naves privadas, apropiadamente llamados “justicieros privados”, desempeñaron un papel importante en la Revolución Estadounidense. Ochocientos justicieros privados colaboraron con la causa de los colonos secesionistas, mientras que los británicos empleaban a 700, a pesar de poseer una enorme marina gubernamental.
Durante la Guerra de 1812, 526 buques estadounidenses fueron puestos en servicio bajo esta modalidad. Esto no era piratería, porque los justicieros privados se encontraban licenciados por sus propios gobiernos y las naves estaban garantizadas para asegurar que sus capitanes cumpliesen las leyes del mar comúnmente aceptadas, incluyendo el tratamiento humanitario de aquellos que fuesen tomados prisioneros. El Congreso concedió a los justicieros privados “letras de marque y de represalia”, bajo la autoridad del Artículo I, de la Sección 8 de la Constitución de los EE.UU..
Originalmente, este era un método de restitución para los comerciantes o navieros que habían sido agraviados por un ciudadano de un país extranjero. Los justicieros privados capturaban las naves que enarbolaban la bandera de la nación de los malhechores y las conducían hasta un puerto amistoso, donde un tribunal neutral del almirantazgo decidía si la captura era justa. Las capturas ilícitas daban lugar a la pérdida de las garantías de los justicieros a favor de los dueños de las naves capturadas.
Si la captura era justa, la nave y la carga eran vendidas en subasta, con el grueso de los ingresos para los dueños de los buques justicieros y de la tripulación. Los tripulantes eran voluntarios que compartían los beneficios, y los inversionistas veían a la empresa como remunerativa—aunque riesgosa.
El sistema pronto evolucionó hacia medios potentes de guerra. El interés propio animó a los justicieros a capturar tantas naves del enemigo como fuese posible, y a hacerlo rápidamente. ¿Fueron los justicieros exitosos en infligirle pérdidas serias al enemigo? Enfáticamente, sí. Entre 1793 y 1797, los británicos perdieron 2.266 buques, la mayoría tomadas por justicieros privados franceses.
Durante la Guerra de la Liga de Ausburgo (1689-1697) los justicieros franceses capturaron 3.384 buques mercantes ingleses u holandeses y 162 buques de guerra, y durante la Guerra de 1812, 1.750 naves británicas fueron sometidas o destruidas por los justicieros privados estadounidenses. Esos justicieros estadounidenses generaron tanto temor en Gran Bretaña que la compañía Lloyd de Londres dejó de ofrecer seguros marítimos excepto a primas ruinosamente elevadas. No es de extrañar que Thomas Jefferson dijera: “Cada estímulo posible debe ser otorgado a los justicieros privados en épocas de guerra”.
Si el método fue tan exitoso, ¿por qué ha desaparecido? Precisamente porque funcionó tan bien. Los oficiales navales del gobierno se resintieron de la ventaja competitiva que los justicieros poseían, y las naciones poderosas con grandes armadas gubernamentales no deseaban ser desafiadas en los mares por naciones más pequeñas que optaban por la alternativa menos-costosa—naves de guerra privadas.
En suma, las fuerzas armadas del gobierno de los EE.UU. no son la única opción para el Presidente Bush de derrotar a bin Laden, a su red de al Qaeda, y a “cada grupo terrorista con un alcance global”. Las fuerzas armadas de los EE.UU. no son necesariamente la mejor opción.
Traigamos nuevamente el espíritu de estos justicieros privados. Dejando que las ganancias y la justicia vayan una vez más mano-a-mano, las víctimas y sus defensores pueden tener mucho de ambas, antes que la falta de alguna de ellas.
Traducido por Gabriel Gasave
Defensa y política exteriorTerrorismo y seguridad nacional
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