José Padilla: Un reto constitucional para todos nosotros

En una destacada victoria a favor de las protecciones constitucionales y de la separación de los poderes en la era post el 11/09, un panel del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los EE.UU. emitió un pronunciamiento, con el voto favorable de dos de sus tres integrantes, por el cual se le prohíbe al presidente declarar a un ciudadano estadounidense un “enemigo combatiente” sin la autorización del Congreso. En una decisión proclive a influir sobre otra causa relacionada con enemigos combatientes en tramite por ante la Corte Suprema, el tribunal de apelaciones federal le ordenó al gobierno liberar al ciudadano estadounidense José Padilla de la custodia militar dentro de los treinta días, con la opción de transferir a Padilla a las autoridades civiles a efectos de un juicio penal. El fallo marca la repercusión negativa creciente en el ámbito judicial contra una autoridad presidencial sin trabas durante un período de guerra. Debido a los acontecimientos de la semana, el pronunciamiento no podría haber llegado en un momento mejor. Con una controversia acerca del status de los detenidos en Guantánamo y de la Ley Patriota creciendo hasta alcanzar un tono febril, era hora que la Constitución ganara una voz y un brazo lo suficientemente fuertes como para respaldarla.

Si la mayor amenaza para las libertades constitucionales recae más fuertemente sobre las espaldas de la minoría, entonces un selecto candidato para esto puede ser hallado fácilmente en los enemigos combatientes tales como José Padilla. Siendo un niño pobre de una familia portorriqueña, quien lograra su experiencia en las calles de Chicago, no pasó mucho tiempo para que Padilla encontrase el camino que lo llevara desde la vida de pandillas a los brazos de la ley cuando tenía 13 años de edad. Sus altercados con la ley parecieron finalizar tras pasar un año en una prisión de la Florida, uniéndose en el proceso a una secta radical del Islam. Tras algunas temporadas en una serie de mezquitas marginales y de escuelas afganas, Padilla tuvo una reunión con el jefe de operaciones de Al-Qaeda Abu Zubaydah para construir una supuesta “bomba sucia” con destino a los Estados Unidos, alegan los funcionarios del FBI. Desde el arresto de Padilla, sin embargo, los funcionarios de inteligencia han abiertamente desacreditado a Abu Zubaydah, llamando a su confiabilidad “en el mejor de los casos incierta”. Además, la Associated Press reveló una historia en agosto que cita a oficiales encargados de la aplicación de la ley que han descartado el papel de Padilla dentro de Al-Qaeda como un “pez chico”, cuyos planes nunca salieron del tablero de diseño.

Estos grandes problemas con la causa del gobierno podrían explicar porqué, un día antes, el Juez conservador Michael Mukasey estuvo resuelto a fallar sobre el status de Padilla considerándolo un testigo material en el caso de la “bomba sucia” y el Departamento de Defensa removió al prisionero en el medio de la noche a un bergantín de la Armada en Charleston, Carolina del Sur. El día siguiente, el Procurador General Ashcroft celebró una conferencia de prensa declarando a Padilla un “combatiente enemigo” quien sería mantenido en el bergantín militar sin una orden, acceso a un abogado, o cargo alguno incoado en su contra. Todo el episodio apestó de tácticas clandestinas y de intentos desesperados de parte del Departamento de Justicia para demostrar, con la captura de Padilla, que el mismo se encontraba eficazmente peleando la guerra contra el terror y manteniendo encerrado a los “chicos malos”—aún si eso significa la suspensión de todas las protecciones constitucionales de los acusados en el proceso.

Tras un año y medio de aislamiento físico y de abandono legal, es el momento de que Padilla tenga su oportunidad ante los tribunales. Tal como lo ha cuestionado con franqueza el senador John McCain, si el gobierno posee suficiente evidencia para acusar formalmente a Padilla, ¿por qué se encuentran tan inexorablemente opuestos a presentarla ante un juez? Esperanzadoramente, en un plazo de treinta días, la verdad detrás del encarcelamiento de Padilla saldrá a la luz. No obstante ello, con la opción aún abierta para desafiar el pronunciamiento del panel, el gobierno puede al menos mantenerlo tras las rejas de manera temporaria como un “combatiente enemigo” según la discrecionalidad del presidente.

Obviamente, las repercusiones de este caso se extienden mucho más allá de los derechos y de la vida de un hombre que durante gran parte de su existencia le ha dado la espalda a la autoridad. Lo horrible es que esta historia podría ocurrirle a cualquiera—ya sea ciudadano o no. Las acciones de la administración en esta causa desafían el rol fundamental de nuestros derechos constitucionales: proteger los derechos de la minoría contra la tiranía del estado. Si todos nosotros no podemos hallar algo que nos exaspere con respecto al caso de José Padilla, entonces la Constitución habrá perdido su última línea de defensa contra el gobierno tiránico—un pueblo informado y activo.

Traducido por Gabriel Gasave