La nueva amenaza del Gran Hermano: La ley sobre el documento de identidad

El senado estadounidense es el más augusto cuerpo deliberativo en el mundo. En el Federalist No. 63, James Madison, el principal arquitecto de la Constitución de los Estados Unidos, razonaba que con menos miembros y periodos más largos que los de la Cámara de Representantes, el senado estaría aislado de las presiones de la descuidada política popular. Por lo tanto, contaría con el requisito de la serenidad necesaria para la deliberación auto-restringida.

Con la Ley sobre el Documento de Identidad (conocida en inglés como la REAL ID Act) recientemente aprobada por la Cámara de Representantes por una votación in voce de 261 contra 161, una templada deliberación en el recinto del senado resulta imperiosamente necesaria.

Los proponentes de la REAL ID Act afirman que la misma es una medida antiterrorista pensada para proteger vidas estadounidenses. De acuerdo con el Presidente de la Magistratura de la Cámara, James Sensenbrenner (republicano por Wisconsin), y autor de la legislación, la ley “evitará otro ataque al estilo del 11/09 al desbaratar los viajes de los terroristas.” Pese a que ley le facilitará al gobierno nacional el monitoreo de aquellos sospechados de ser terroristas, la misma también sienta las bases para un sistema de identificación nacional que amenaza con invadir la privacidad del estadounidense común.

A primera vista, los requisitos de la REAL ID Act no parecen onerosos. Por ejemplo, la ley les ordena a los gobiernos estaduales que incluyan nueve categorías de información en todas las licencias de conducir que emitan, tales como el nombre legal completo, una fotografía digital, y la dirección del domicilio de residencia principal. A estos puntos ya se los encuentra en la mayoría, sino en todas, las licencias de conducir.

Sin embargo, la novena categoría exige que los estados empleen una “tecnología en común que sea leíble por una maquina, con un mínimo de elementos de información definidos.” En la implementación de esta y de otras exigencias, la Secretaría de Seguridad Interior estará facultada para imponer de forma arbitraria reglamentaciones sobre todos los ciudadanos. Este amplio y altamente entremetido poder es clave, si consideramos los recientes avances en materia de tecnología.

Los chips de identificación por radiofrecuencia (RFID en inglés), los que son más pequeños que el ancho de un cabello humano, pueden actualmente albergar hasta 64K de memoria—una cuantía de capacidad de almacenamiento que hasta no hace mucho tiempo atrás era el estándar para la mayoría de las computadoras personales. Estos chips pueden fácilmente almacenar información biométrica tal como las huellas digitales de una persona, escaneos de su iris, o información de su ADN. Con una rápida pasada del chip por un escáner, la información puede ser transmitida a un funcionario federal que cuente con el adecuado equipamiento para escudriñar en ella. Estos chips ya están siendo empleados por el Departamento de Estado en sus nuevos “pasaportes inteligentes” y podrían fácilmente ser integrados a otros tipos de credenciales de identificación.

Con la reglamentación federal, la Secretaría de Seguridad Interior podría exigirles a los estados que adopten la tecnología RFID en sus licencias de conducir. La Secretaría podría también requerir que estos chips contengan las impresiones digitales, escaneos de los iris, y otra información biométrica. Adicionalmente, la Secretaría podría exigir que los estados incluyan información personal tal como los antecedentes delictivos, la historia laboral, o los datos sobre la propiedad de armas de fuego—todo en nombre de la “seguridad interior.” A medida que la tecnología RFID mejore, los chips en las licencias de conducir podrían incluso ser leídos de manera remota a distancias más grandes, permitiéndole a los gobiernos federal y estadual conocer la ubicación de un ciudadano en todo momento.

Si los estados fallaran en implementar los requerimientos de la Secretaría, las agencias federales se negarían a aceptar las licencias de conducir para propósitos oficiales. Esto significa que a un ciudadano no le sería permitido abordar aviones y trenes si la tarjeta de identificación (Ej. una licencia de conducir) no cumple con los estándares federales. Esto claramente colisiona con el reconocimiento de la Corte Suprema del derecho a viajar como un derecho fundamental que solamente puede ser gravado mediante restricciones estrechamente diseñadas para servir a un interés gubernamental “apremiante.”

Mientras que el gobierno ciertamente tiene un interés apremiante en proteger a los estadounidenses de ataques terroristas, el poner en peligro a la privacidad de todos los ciudadanos estadounidenses no está justificado. Seguramente que la salvaguarda de los estadounidenses puede ser promovida por un mecanismo mucho menos restrictivo y fisgón que el prescripto por la REAL ID Act.

No resulta sorprendente, que a la REAL ID Act se encuentren opuestos diversos grupos, incluida la American Civil Liberties Union (ACLU), la American Conservative Union, la Free Congress Foundation, Amnesty International, y la U.S. Conference of Catholic Bishops. En vez de combatir al terrorismo, Marvin J. Johnson, el Consejero Legislativo de la ACLU, predice que la REAL ID Act “solamente servirá para restringir nuestras libertades e invadir nuestra privacidad.”

Considerando la carte blanche que le sería otorgada a la Secretaría a fin de promulgar reglamentaciones atinentes a la “tecnología en común que sea leíble por una maquina,” las crecientes preocupaciones de parte de la ACLU y de otros grupos son muy válidas. Hasta ahora, nuestros saltos masivos en materia de tecnología no han traído un monitoreo orwelliano de parte del Gran Hermano. Sin embargo, la REAL ID Act podría cambiar completamente esto. Por lo menos, la misma pone en manos de la Secretaría de Seguridad Interior mucha discrecionalidad para monitorear a los estadounidenses e interfiere innecesariamente con el derecho fundamental a viajar.

La misma sienta también las bases para un sistema nacional de identificación el que es común en algunos países europeos y sudamericanos. En varios de estos sistemas, se les exige a los ciudadanos portar sus tarjetas de identificación (“sus papeles”) todo el tiempo con ellos, y los mismos enfrentan severas sanciones para el caso de incumplimiento de esta disposición. Los estadounidenses han permanecido aislados de un sistema así en el cual los funcionarios gubernamentales puedan exigirles arbitrariamente sus “papeles.” La REAL ID Act es, lamentablemente, un paso gigantesco en esta dirección.

James Madison concebía al senado para que bloquease a la legislación chisporroteada por las “pasiones irregulares” y las “falsedades ingeniosas” que podían influenciar a la Cámara de Representantes. Tal vez no existan dos frases mejores para describir el ímpetu detrás de la REAL ID Act que estas empleadas por Madison hace más de 200 años atrás. Esperemos que el senado cumpla con las expectativas del Sr. Madison y rechace a esta reciente legislación que circunscribe innecesariamente a la libertad en nombre de la seguridad nacional.

Traducido por Gabriel Gasave