¿Los reglamentadores nos dan una tregua?

Grandes noticias desde el frente legal: Los integrantes de un Tribunal de Apelaciones en Washington D.C. decidieron por unanimidad el mes pasado que la EPA (sigla en inglés para la Agencia de Protección Medio Ambiental de los EE.UU.) había utilizado a la ciencia de manera selectiva (lo que es otra manera de decir que la misma era basura.)

El tribunal también consideró por una votación de 2 a 1 que la EPA transgredió su autoridad constitucional estableciendo (de manera extremadamente acotada) estándares sobre el ozono urbano y las partículas finas de un modo arbitrario.

En enero de 1997,le enviamos de manera oficial a la EPA nuestros comentarios sobre sus regulaciones propuestas para las partículas y el ozono, y señalamos que los estándares eran engañosos y contrarios a cualquier criterio basado en la relación costo-beneficio.

¿Por qué reducir el estándar para el ozono de 012 a 0.08 partes por millón; por qué no a 0.09 o a 0.07, o reducirlo a cero? ¿Mediante qué metodología establece la EPA el valor óptimo? Robert Crandall y sus colegas, escribiendo en la revista Regulation, han sostenido con una amplia justificación, que son los beneficios marginales los que deben ser comparados con los costos marginales, y que tales ratios serían menores a uno. Hay aquí una clara necesidad para una revisión independiente del análisis de la EPA.

Las nuevas reglamentaciones implicarían un cambio en los objetivos de la nación. Al colocar a la mayor parte de las ciudades y regiones en una situación de incumplimiento, la EPA extenderá su capacidad de micro administrar el transporte y la manufactura, e incluso la utilización de las cortadoras de césped y de las parrillas en los jardines traseros. Esta pretendida búsqueda de poder no debería sorprender a nadie que se dedica a estudiar a las burocracias que se preservan a sí mismas. A medida que el agua y el aire de la nación se sigan volviendo más limpios, la EPA podría quedarse sin trabajo. ¡Que horror! Por consiguiente, debe estrechar los estándares reguladores de manera tal que las ciudades (y otros desagradables contaminadores) nunca puedan cumplirlos.

Volviendo a la ciencia, hay una epidemiología inadecuada que respalda a los estándares propuestos por la EPA para las partículas en el aire. La situación es aún peor para el ozono ambiente (smog.) Legalmente, no existía razón constrictiva alguna para que la EPA corrigiera al estándar del ozono actual. La orden judicial obtenida por la activista American Lung Association (Asociación Estadounidense del Pulmón,) la cual inició el proceso de la EPA, se aplicaba solamente a las partículas.

Científicamente, no existe una demarcación definida para escoger un estándar de ozono en particular. No importa cuán bajos sean establecidos los niveles permisibles, siempre habrá personas que se verán afectadas o se encontrarán disconformes. Los individuos especialmente vulnerables nunca deberían realizar actividades extenuantes en el exterior durante los ocasionales días en los que las condiciones meteorológicas provocan una alerta de ozono, así como los individuos prudentes no deberían salir a trotar durante una ventisca. ¿En vez de fijar los estándares en niveles no realistas, no sería más eficaz desde el punto de vista de los costos, instituir procedimientos especiales durante los periodos de alerta de smog?

Es algo preocupante que las ratios de costo-beneficio mencionadas para los estándares propuestos no concuerdan ampliamente. Mientras la Administradora de la EPA Carol Browner cita beneficios de $120 mil millones (billones en inglés) y costos de solamente $6 mil millones (billones en inglés)– una ratio de 20–los analistas independientes ubican a los costos en los $60 mil millones (billones en inglés) o incluso en un monto más alto. Ocurre que la EPA ha optado por ignorar las sustanciales “desventajas” de las tasas más elevadas de cáncer de piel–tal como lo señalábamos en nuestros comentarios originales presentados a la EPA. El ozono, ya sea que se encuentre en la estratosfera o a nivel del suelo, elimina a la radiación ultravioleta. Los estándares más ajustados de la EPA removerían cerca de un 5 por ciento de la cantidad de ozono, la misma cantidad que se teme que sea removida (en la estratosfera) por parte del CFC (clorofluorocarburo.)

Utilizamos a la propia (aunque bastante improbable) cifra de beneficios de la EPA de $32 billones (trillones en inglés) por la eliminación paulatina de la producción de CFC, la que fuera citada por la Administradora Asistente de la EPA Mary Nichols en su testimonio ante el Congreso el 1 de agosto y el 20 de septiembre de 1995. (Ella es actualmente secretaria de recursos del estado de California.)

Asumiendo que el 40 por ciento de la población estadounidense, en las áreas urbanas, está afectada por el smog, las «desventajas» de un más acotado estándar para el ozono, alcanzarán el pasmoso nivel de $640 mil millones (billones en inglés), excediendo por lejos cualquier beneficio citado por la EPA.

Mientras los abogados constitucionalistas puedan seguir debatiendo y puedan eventualmente llevar la causa ante la Corte Suprema, existe poco cuestionamiento acerca de que la ciencia utilizada por la EPA es sospechosa. Incluso el propio panel consultivo en materia de ciencias de la EPA ha cuestionado el razonamiento subyacente, tal como es. De ser mantenido, el fallo del Tribunal de Apelaciones puede significar el fin de la excesiva reglamentación que viola las normas de la eficacia en materia de costos y que causa estragos económicos.

Traducido por Gabriel Gasave