La fallida “Guerra contra el Terror”

Los funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, tanto políticos como burócratas de carrera siempre dan a entender que existe una suerte de permuta entre la seguridad y la libertad y que no podemos tenerlas a ambas. Este punto de vista, sin embargo, depende de la aceptación de erróneas e importantes suposiciones hechas por esos mismos funcionarios.

La “guerra contra el terror” de alto octanaje de la administración Bush ha emprendido una activa y altamente publicitada agenda interna y en el exterior tendiente a librar al mundo de los «malvados.» Lamentablemente, tras los ataques del 11 de septiembre, el público estadounidense hubiese estado más libre y más seguro, tanto aquí en el país como cuando viaja y realiza negocios en el exterior, si las burocracias de la seguridad de la administración se hubiesen tomada unas largas vacaciones. En síntesis, el activismo de la administración—ya sea por razones ulteriores, como la invasión de Irak, o para ganar puntos con los votantes en materia de relaciones públicas—asegura que los estadounidenses verán erosionadas tanto a su seguridad como a su libertad.

La estrategia de la administración en la guerra contra el terror ha sido aquella de que la «mejor defensa es una buena ofensa.» Tanto en el plano interno como en el externo, esta estrategia involucra el despliegue de una amplia red para la búsqueda de los enemigos. En el exterior, en vez de concentrar los limitados recursos gubernamentales y la atención en la neutralización de al Qaeda, el grupo que perpetró los ataques del 11 de septiembre, la administración utilizó al 11/09 como una excusa para amenazar a las naciones de un supuesto “eje del mal”, para invadir a una de ellas y para derribar a su líder, quien nada tuvo que ver con esos ataques. Además de la muerte de casi 2.000 efectivos de los EE.UU. y de muchos más iraquíes inocentes, el atolladero resultante en Irak ha actuado tanto como un motivador y como un campo de entrenamiento para el abultado número de jihadistas contrarios a los Estados Unidos en todo el mundo, algo que difícilmente incremente la seguridad de los estadounidenses en alguna parte.

Si la administración en verdad deseaba reducir los ataques contra los EE.UU., debería haberse percatado de que la única manera de detener al terrorismo es la de remover su causa subyacente-la política exterior de los Estados Unidos hacia las naciones árabes e islámicas. La mayoría de los estadounidenses no son conscientes-o eligen ignorarlo-del desenfrenado entremetimiento de su gobierno en los asuntos de aquellos países después de la Segunda Guerra Mundial.

Encuesta tras encuesta en los países islámicos, indican que sus pueblos admiran las libertades-tanto políticas como económicas-la prosperidad, la tecnología e incluso la cultura de los Estados Unidos, pero que detestan la política exterior estadounidense hacia las naciones islámicas. En particular, por sus propias declaraciones y escritos, jihadistas islamistas como Osama bin Laden, odian a los Estados Unidos por su presencia militar en tierras islámicas y por su apoyo a los corruptos gobiernos árabes y a Israel.

Después del 11/09, para evitar provocar aún más el odio en el mundo islámico, la administración debería haber perseguido a al Qaeda más agresiva y calladamente y obviado la ocupación de territorio islámico (Afganistán e Irak)-un pararrayos para los jihadistas. Respecto del largo plazo, la administración Bush debería haberse percatado de que la finalización de la Guerra Fría le permitía a los Estados Unidos emprender una política exterior «más humilde” y menos intervencionista, tal como el Presidente Bush lo había prometido durante su primera campaña electoral en el año 2000.

En el país, la administración ha actuado también ofensivamente, apoyando a la draconiana Ley Patriota—y en la actualidad a su renovación–la que ha incrementado los poderes de policía a nivel general, en lugar de confinarlo a los casos de terrorismo. También, ha creado un comando militar que apenas ha desarrollado planes de guerra para ser empleados dentro de las fronteras de los Estados Unidos-promoviendo la militarización de la aplicación de la ley internamente. Los planes aparentemente incluyen escenarios que son mantenidos en secreto al público estadounidense, los que probablemente militarizarán adicionalmente a la tarea de aplicación de la ley y que podrían ser vistos como que involucran la imposición de la ley marcial.

Es cuestionable si estas medidas realmente detendrán o si por el contrario incrementarán la capacidad del gobierno para responder a un ataque terrorista. Lo que resulta menos cuestionable es si estas constricciones de la libertad-la base de nuestra nación-hubiesen sido necesarias o promulgadas si los Estados Unidos no hubiesen estado generando alboroto alrededor del mundo al enfrentar a imaginadas amenazas a la seguridad y al azuzar el avispero en el proceso.

No obstante, en vez de suavizar la política exterior estadounidense y de achicar el blanco pintado en la espalda del público estadounidense, la administración trató de mitigar los temores del público de perder sus libertades, mediante la creación de la desdentada Junta Sobre la Salvaguardia de las Libertades Civiles de los Estadounidenses del Presidente, un panel con pocos recursos, carente de facultades de aplicación, y poco entusiasmo o respaldo presidencial. Incluso tal escaparate para tapar la innecesaria perdida de libertades sería superflua si los Estados Unidos se deshiciesen de su intervensionista y perimida política exterior, la cual es una reliquia de la Guerra Fría.

Traducido por Gabriel Gasave