No es ninguna sorpresa que a raíz de la tragedia de Virginia Tech en abril de 2007 en la que 33 personas resultaron muertas, el control de las armas se haya convertido en un tema en la carrera hacia la presidencia de 2008. Después de la matanza indiscriminada, el candidato presidencial demócrata John Edwards de Carolina del Norte pidió más restricciones, mientras que el senador republicano John McCain de Arizona ha dicho que el incidente no lo no lo haría dejar de respaldar los derechos de los propietarios de armas. Y el Instituto Para la Acción Legislativa de la Asociación Nacional del Rifle (NRA es su sigla en inglés) emitió recientemente este comunicado de alerta: “Una audiencia unilateral el martes [10 de mayo de 2007] en el Subcomité sobre Política Doméstica del Comité Para la Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, presidido por el candidato presidencial con remotas posibilidades Dennis Kucinich (Demócrata de Ohio) [calificado con una “F” por la NRA], fue utilizada por quienes se oponen a las armas como una plataforma para impulsar las mismas, antiguas y trilladas restricciones en contra de ellas”.
Inevitablemente, el tema de las armas y de su propiedad gira en torno a la Segunda Enmienda (que algunos dirán que está crípticamente redactada): “En consideración a que una milicia bien regulada resulta necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho de la población a poseer y portar armas no será restringido”. Por lo tanto—en un sentimiento compartido por muchos propietarios de armas—no resulta sorprendente que Donald Harkrader, un vendedor de armas situado a apenas a unas millas del campo universitario de la Virginia Tech, diría, “Hay una razón por la cual tenemos a la Constitución. Detesto ver que sería de este país sí empezásemos a ignorar a la Constitución».
La implicancia es que la Segunda Enmienda es la Constitución, o que es el derecho individual más importante enumerado en ella. La pregunta para Harkrader, la NRA y especialmente los aspirantes presidenciales que apoyan la propiedad de armas por parte de ciudadanos respetuosos de las leyes es: ¿cuál es su posición respecto de las otras enmiendas?
Dado que los republicanos generalmente son considerados más partidarios de las armas que los demócratas—y dado que el control de armas es potencialmente un tema que establece un criterio de rechazo del eventual nominado republicano—vale la pena examinar la posición de los aspirantes republicanos a la presidencia sobre otras cuestiones constitucionales relevantes, en la medida que se relacionan con otorgarle al gobierno facultades adicionales, incluso más arrolladoras, en nombre de proporcionar protección no tan solo contra tiradores solitarios, sino los terroristas globales.
El niño del afiche en favor de un poder gubernamental creciente en nombre de la lucha contra el terrorismo es la Ley PATRIOTA de los EE.UU. (Ley para Unir y Fortalecer a los Estados Unidos mediante la Provisión de las Herramientas Apropiadas Necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo), la cual permite allanamientos “furtivos”—cuando los oficiales encargados de la aplicación de las leyes allanan un hogar o comercio sin el permiso ni conocimiento del propietario u ocupante—y la utilización expandida de las “Cartas de la Seguridad Nacional”, que facultan a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) a investigar registros telefónicos, de correo electrónico y financieros sin una orden judicial. Ambas provisiones son ataques directos contra la Cuarta Enmienda, con su protección contra un allanamiento y confiscación irrazonable, y su exigencia de obtener antes una orden. Un demócrata fue el único senador estadounidense en votar en contra de la Ley PATRIOTA: Russ Feingold de Wisconsin (calificado con una “D” por la NRA en 2004). Y ni un solo senador republicano votó en contra de la renovación de la Ley en marzo de 2006.
Del lado de la Cámara de Representantes, el único aspirante republicano (y considerado con pocas chances) que votó en dos oportunidades en contra de la Ley fue Ron Paul de Texas (resulta interesante que, en los comicios de 2006, la NRA le concedió al contrincante demócrata de Paul una calificación más alta). Es también particularmente notable que el representante Paul fue uno de los pocos republicanos—de todos los miembros de la Cámara de Representantes de los EE.UU.—que votó en contra de la Resolución sobre la Guerra de Irak en octubre de 2002. En el entendimiento de que el Estado implica la mayor amenaza para la libertad y que las mayores expansiones del poder estatal ocurren durante las épocas de guerra, Paul claramente reconoció que esta era una guerra innecesaria contra una amenaza fantasma.
Ya sea que se trate de la imposición de la Ley PATRIOTA de los EE.UU. o de otorgarle al presidente la facultad unilateral e irrestricta para declarar a ciudadanos estadounidenses “enemigos combatientes”—negándoles el debido proceso garantizado por la Quinta Enmienda—diluyendo a la Constitución so pretexto de proteger a los estadounidenses en contra del terrorismo no difiere fundamentalmente de la erosión de la Segunda Enmienda en nombre de salvar al pueblo de la violencia de las armas.
Por lo tanto, Donald Harkrader está en lo correcto respecto de la significación de la Constitución. Pero o bien toda ella importa o nada de ella lo hace—no solamente la Segunda Enmienda. Y los aspirantes presidenciales de todos los sectores harían bien en tomar en cuenta a la admonición de Benjamin Franklin: “Aquellos dispuestos a perder libertades esenciales a cambio de un poco de seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad”.
Traducido por Gabriel Gasave
¿Cuál es la Enmienda que más importa?
No es ninguna sorpresa que a raíz de la tragedia de Virginia Tech en abril de 2007 en la que 33 personas resultaron muertas, el control de las armas se haya convertido en un tema en la carrera hacia la presidencia de 2008. Después de la matanza indiscriminada, el candidato presidencial demócrata John Edwards de Carolina del Norte pidió más restricciones, mientras que el senador republicano John McCain de Arizona ha dicho que el incidente no lo no lo haría dejar de respaldar los derechos de los propietarios de armas. Y el Instituto Para la Acción Legislativa de la Asociación Nacional del Rifle (NRA es su sigla en inglés) emitió recientemente este comunicado de alerta: “Una audiencia unilateral el martes [10 de mayo de 2007] en el Subcomité sobre Política Doméstica del Comité Para la Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, presidido por el candidato presidencial con remotas posibilidades Dennis Kucinich (Demócrata de Ohio) [calificado con una “F” por la NRA], fue utilizada por quienes se oponen a las armas como una plataforma para impulsar las mismas, antiguas y trilladas restricciones en contra de ellas”.
Inevitablemente, el tema de las armas y de su propiedad gira en torno a la Segunda Enmienda (que algunos dirán que está crípticamente redactada): “En consideración a que una milicia bien regulada resulta necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho de la población a poseer y portar armas no será restringido”. Por lo tanto—en un sentimiento compartido por muchos propietarios de armas—no resulta sorprendente que Donald Harkrader, un vendedor de armas situado a apenas a unas millas del campo universitario de la Virginia Tech, diría, “Hay una razón por la cual tenemos a la Constitución. Detesto ver que sería de este país sí empezásemos a ignorar a la Constitución».
La implicancia es que la Segunda Enmienda es la Constitución, o que es el derecho individual más importante enumerado en ella. La pregunta para Harkrader, la NRA y especialmente los aspirantes presidenciales que apoyan la propiedad de armas por parte de ciudadanos respetuosos de las leyes es: ¿cuál es su posición respecto de las otras enmiendas?
Dado que los republicanos generalmente son considerados más partidarios de las armas que los demócratas—y dado que el control de armas es potencialmente un tema que establece un criterio de rechazo del eventual nominado republicano—vale la pena examinar la posición de los aspirantes republicanos a la presidencia sobre otras cuestiones constitucionales relevantes, en la medida que se relacionan con otorgarle al gobierno facultades adicionales, incluso más arrolladoras, en nombre de proporcionar protección no tan solo contra tiradores solitarios, sino los terroristas globales.
El niño del afiche en favor de un poder gubernamental creciente en nombre de la lucha contra el terrorismo es la Ley PATRIOTA de los EE.UU. (Ley para Unir y Fortalecer a los Estados Unidos mediante la Provisión de las Herramientas Apropiadas Necesarias para Interceptar y Obstruir el Terrorismo), la cual permite allanamientos “furtivos”—cuando los oficiales encargados de la aplicación de las leyes allanan un hogar o comercio sin el permiso ni conocimiento del propietario u ocupante—y la utilización expandida de las “Cartas de la Seguridad Nacional”, que facultan a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) a investigar registros telefónicos, de correo electrónico y financieros sin una orden judicial. Ambas provisiones son ataques directos contra la Cuarta Enmienda, con su protección contra un allanamiento y confiscación irrazonable, y su exigencia de obtener antes una orden. Un demócrata fue el único senador estadounidense en votar en contra de la Ley PATRIOTA: Russ Feingold de Wisconsin (calificado con una “D” por la NRA en 2004). Y ni un solo senador republicano votó en contra de la renovación de la Ley en marzo de 2006.
Del lado de la Cámara de Representantes, el único aspirante republicano (y considerado con pocas chances) que votó en dos oportunidades en contra de la Ley fue Ron Paul de Texas (resulta interesante que, en los comicios de 2006, la NRA le concedió al contrincante demócrata de Paul una calificación más alta). Es también particularmente notable que el representante Paul fue uno de los pocos republicanos—de todos los miembros de la Cámara de Representantes de los EE.UU.—que votó en contra de la Resolución sobre la Guerra de Irak en octubre de 2002. En el entendimiento de que el Estado implica la mayor amenaza para la libertad y que las mayores expansiones del poder estatal ocurren durante las épocas de guerra, Paul claramente reconoció que esta era una guerra innecesaria contra una amenaza fantasma.
Ya sea que se trate de la imposición de la Ley PATRIOTA de los EE.UU. o de otorgarle al presidente la facultad unilateral e irrestricta para declarar a ciudadanos estadounidenses “enemigos combatientes”—negándoles el debido proceso garantizado por la Quinta Enmienda—diluyendo a la Constitución so pretexto de proteger a los estadounidenses en contra del terrorismo no difiere fundamentalmente de la erosión de la Segunda Enmienda en nombre de salvar al pueblo de la violencia de las armas.
Por lo tanto, Donald Harkrader está en lo correcto respecto de la significación de la Constitución. Pero o bien toda ella importa o nada de ella lo hace—no solamente la Segunda Enmienda. Y los aspirantes presidenciales de todos los sectores harían bien en tomar en cuenta a la admonición de Benjamin Franklin: “Aquellos dispuestos a perder libertades esenciales a cambio de un poco de seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad”.
Traducido por Gabriel Gasave
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