El medio ambientalismo basado en el mercado vs. el mercado libre

Los analistas políticos tanto de la izquierda como de la derecha se están percatando de que la reglamentación directa de la producción y de las actividades del mercado—el “mandato y control”—se está volviendo demasiado costosa. No obstante ello, los mercados libres y los resultados que ellos son proclives a generar continúan sin ser apreciados. La mayoría de los hacedores de políticas valoran a los mercados no debido a que los mismos maximizan la libertad y el bienestar social sino porque los mismos pueden ser manipulados para producir un resultado centralmente planificado.

Esta es la premisa del “Medio Ambientalismo Basado en el Mercado” (MBE sus siglas en inglés). A pesar de su convocatoria para la toma de decisiones descentralizadas, el propósito del MBE es el de subvertir las decisiones tomadas libremente mediante incentivos coactivamente alterados.

La visión estándar de los problemas ambientales es la de que los mismos son inherentes a una sociedad libre. Si los individuos son dejados libres para perseguir sus propios intereses—para producir, y consumir lo que sea que deseen, cómo y cuándo lo deseen—el resultado será un aire y cursos hídricos polucionados, las calles con basura, y recursos naturales agotados. La polución y la degradación ambiental son citadas a menudo como una evidencia de que Adam Smith estaba equivocado. La gente buscando su propio interés puede no favorecer al bienestar de la sociedad.

Esta visión, desafortunadamente hallada en muchos textos de economía, no comprende la naturaleza ni de la sociedad libre ni de una economía de libre mercado.

Los problemas ambientales tienen lugar debido a que los derechos de propiedad, un requisito de los mercados libres, no están siendo identificados o aplicados. Los problemas de polución del aire, de los ríos, y de los océanos se deben todos a la falta de derechos de propiedad privada y/o de su protección. Dado que clarificar y proteger los derechos de propiedad es la función básica del gobierno en una sociedad libre, los problemas ambientales son un ejemplo de la falla del gobierno, no de la falla del mercado.

En una sociedad libre, los problemas ambientales deberían ser vistos en términos de cómo ellos impactan sobre la libertad humana. Los interrogantes deberían concentrarse en cómo y por qué la utilización de los recursos por parte de un individuo podría interferir con las capacidades de planificación y de decisión de otros. Dado que, legítimamente, las personas solamente pueden realizar planes y tomar decisiones con relación a los recursos sobre los que tienen “derechos,” el medio ambientalismo que tiene al bienestar humano como el foco de sus análisis, debe centrarse en los derechos de propiedad.

Desde esta perspectiva, todos los problemas ambientales surgen cuando diferentes individuos intentan utilizar los mismos recursos para propósitos en conflicto. Esto solamente puede ocurrir si los derechos de propiedad sobre el recurso no están claros o si no se los hace cumplir. Dos simples ejemplos pueden resaltar las posibilidades. Imaginemos una comunidad que posee una fábrica de cemento que emite polvillo de cemento al aire. Este polvillo provoca que la gente en la comunidad deba lavar sus automóviles y las ventanas de sus casas más frecuentemente y crea problemas respiratorios para aquellos quienes deben respirarlo. Este es claramente un problema de hacer cumplir los derechos de propiedad. Nótese que el problema no es que el polvillo sea emitido al aire sino que el mismo aterriza sobre la propiedad de la gente—sus autos, casas, y pulmones—e interfiere con su uso de la misma. En este caso los derechos de propiedad se encuentran claramente definidos, pero no están siendo aplicados.

Un ejemplo alternativo podría involucrar el uso de un curso de agua público tal como un río. A lo largo del río, hay una fábrica que está utilizando el río para deponer residuos que son un sub-producto de su proceso productivo.

Aguas abajo existen propietarios de viviendas que utilizan el río para propósitos recreativos, posiblemente pescar o nadar y los residuos de la fábrica tornan al río no apto o menos útil para estos propósitos. El problema central aquí es que los derechos sobre el río no se encuentran claramente definidos y la cuestión de política pública involucra a quiénes deberían tener esos derechos o cómo los derechos deberían ser asignados. Debería destacarse que originalmente las tribus indígenas estadounidenses tenían claramente definidos y aplicados los derechos de propiedad sobre las secciones de muchos ríos. Con el paso del tiempo, los gobiernos estaduales anularon esos derechos.

Dado que los mercados libres requieren de derechos de propiedad bien definidos y aplicados, la solución para los problemas ambientales yace en extender el capitalismo no en restringirlo.

El MBE tiene poco en común con este enfoque. Primero un resultado, ej., el nivel de las emisiones de efluentes, la cantidad de papel reciclado empleado en las bolsas de los almacenes, etc., es considerada como una meta deseable por las autoridades gubernamentales.

El comportamiento individual es visto como algo a ser manipulado para alcanzar el objetivo. Las políticas del MBE están pensadas para controlar los mercados y de esa manera la toma de decisiones individuales, imposibilitando los resultados de la actividad del mercado libre. Como los defensores del MBE Robert Stavins y Bradley Whitehead lo han sostenido, “las políticas son necesarias para…ensillar el poder de las fuerzas del mercado…para vincular…a las fuerzas del gobierno y a la industria.” Ninguna inquietud por los derechos individuales es expresada.

Las dos aproximaciones más comunes son los impuestos al consumo y los “permisos comercializables.” Típicamente, estas políticas ignoran a la ciencia y a la economía para promover la agenda política o los valores estéticos de los legisladores y de los grupos de interés. Por ejemplo, están siendo considerados en la actualidad impuestos masivos sobre al energía, similares al desafortunado impuesto BTU* del Presidente Clinton, para combatir el “recalentamiento global,” pese a dos décadas de información satelital que evidencian mayormente un enfriamiento. The Progressive Policy Institute, el centro de estudios favorito del Presidente Clinton está bregando por permisos comercializables para promover el reciclaje. El gobierno les emitiría permisos a las compañías que producen papel para periódicos, permitiéndoles utilizar un nivel máximo de materiales no reciclables en su papel. Las compañías podrían vender sus permisos si incrementan el contenido reciclado de su papel. Estas propuestas existen, a pesar del hecho de que, como fuera informado en extensísimos artículos en el Washington Post y el Wall St. Journal, demasiado reciclaje puede estar causando una polución creciente y un despilfarro de recursos energéticos. Tales políticas son mejor vistas como un intento de imponer los valores personales, ej., un desdén por las tierras de rellenado, sobre la sociedad.

El medio ambientalismo basado en el mercado y el mercado libre no son lo mismo. La políticas de libre mercado, aún con vistas al medio ambiente, no tendrían a la “protección ambiental” per se como su foco central. En cambio, la atención estaría puesta en resolver los conflictos entre los seres humanos a medida que pongan en uso los recursos naturales. Un sub-producto importante de esto sería un medio ambiente más limpio y una más concienzuda administración de los recursos.

El MBE ve la actividad humana como algo que debe ser “arreado” por el gobierno, aun cuando sea a través de los incentivos del mercado. El conflicto desde esta perspectiva no es entre los seres humanos sino entre los humanos y el medio ambiente, el segundo luciendo el sombrero negro.

* Nota del Traductor:
El impuesto BTU era un masivo impuesto a la energía basado en el consumo de combustible medido en British Thermal Units o Unidades Térmicas Británicas.

Traducido por Gabriel Gasave