Portar armas es un derecho, no retórica

La Corte Suprema de los Estados Unidos pronto considerará sí la prohibición del Distrito de Columbia sobre la posesión de pistolas, aún en el hogar, y sobre la tenencia de armas largas que sean operativas para la defensa propia, viola la Constitución.

Tal como lo ve la Corte en el caso “D.C. versus Heller”, el tema es sí esas prohibiciones “violan los derechos de la Segunda Enmienda de individuos que no están afiliados a milicia alguna regulada por el Estado, pero que desean poseer pistolas y otras armas de fuego para uso privado en sus hogares”.

La corte federal de apelaciones del D.C. sostuvo que los violaban.

Tras ignorar a la Enmienda desde su ambiguo pronunciamiento recaído en autos “U.S. versus Miller” en 1939, la Corte decidirá sí la frase “el derecho del pueblo” en la Segunda Enmienda se refiere al mismo “pueblo” que en la Enmiendas Primera y Cuarta, o solamente a los miembros de la milicia gubernamentalmente seleccionados.

También considerará sí un “derecho” en el Bill of Rights se refiere a la verdadera libertad o es tan solo retórica. ¿Está el derecho a poseer y portar armas a la par de los derechos a reunirse pacíficamente o contra una pesquisa o aprehensión arbitraria? ¿O se encuentra anulado allí donde lo prohíba la ley?

Para los Padres Fundadores de los Estados Unidos la respuesta era obvia.

En 1768, cuando los casacas rojas (soldados ingleses) desembarcaron para ocupar la ciudad, el periódico Boston Gazette advertía de los planes británicos “más severos” que cualquier otra cosa antes: “los habitantes de esta provincia van a ser desarmados” y los patriotas serán “apresados y enviados a Gran Bretaña”.

A través de los períodos de la Masacre de Boston y del Tea Party las clavijas fueron ajustadas, hasta que finalmente los intentos británicos de incautar las armas de los colonos en Lexington y Concord en 1775 condujeron al disparo que se oyó alrededor del mundo.

Una vez que se ganó la independencia, los delegados de los estados en 1787 formularon nuestra Constitución. Los anti-federalistas protestaron que la misma no incluía una declaración de derechos y permitiría la privación de la libertad de expresión y la tenencia de armas.

James Madison respondió en El Federalista que una declaración era innecesaria, en parte debido a “la ventaja de encontrarse armados, que los estadounidenses poseen sobre el pueblo de casi toda otra nación”, en contraste con las monarquías europeas, donde “los gobiernos temen confiarle al pueblo las armas”.

Un gran compromiso fue alcanzado: la Constitución sería ratificada y entonces una declaración de derechos sería debatida.

La Segunda Enmienda establece: “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”. Durante casi dos siglos, el entendimiento era que los individuos respetuosos de las leyes tenían un derecho a poseer rifles, pistolas, y escopetas. Esto promovería una milicia de todos ciudadanos fuertes, la cual, a diferencia de un ejército permanente, era vista como la garantía de un país libre.

En 1976, el Distrito de Columbia prohibió las pistolas. Exigió también que los rifles y escopetas registrados fuesen vueltos inoperantes cuando se tenían en el hogar (pero no en un comercio). Los residentes fueron convertidos en ciudadanos de segunda clase-carecían de los derechos de la Segunda Enmienda y no se confiaba en ellos para que se defendiesen así mismo y a sus hogares.

Uno puede imaginar que los bostonianos que entregaron todas sus armas de fuego a la Corona en 1775 habrían pensado en un argumento así. Esperanzadoramente, los miembros de la Corte serán conscientes de la intención de los Padres Fundadores y reconocerán que la Segunda Enmienda es en cada pizca una parte del Bill of Rights como lo es la Primera.

Traducido por Gabriel Gasave