El Estado de vigilancia bipartidista

El Congreso estadounidense, de mayoría demócrata, sancionó y Bush promulgó la “Ley de Enmiendas a la FISA de 2008” (FISA es la sigla en inglés para la Ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero) que legaliza el programa de escuchas telefónicas ilegales del presidente de ya larga data. La ley permite una amplia vigilancia sin la debida autorización de los estadounidenses en los Estados Unidos, siempre que el llamado telefónico o el correo electrónico sea considerado internacional. La escucha secreta de las comunicaciones internas es legal durante una semana antes de que la documentación tribunalicia siquiera tenga que ser completada. Las empresas de telecomunicaciones que cooperaron con Bush son inmunes frente a demandas judiciales civiles. Más importante aún, la conducta ilegal de la administración ha sido aprobada con carácter retroactivo y las futuras administraciones poseen facultades más amplias que nunca para espiar a los estadounidenses.

La conducción demócrata y virtualmente todos los parlamentarios republicanos aprobaron la ley. En un giro completo de su promesa de campaña, también lo hizo el senador Barack Obama. En octubre pasado, su campaña anunciaba “Que quede claro: Barack apoyará a un filibustero de cualquier proyecto de ley que incluya la inmunidad retroactiva para las empresas de telecomunicaciones”. En su lugar, votó evitar a un filibustero y luego votó a favor del proyecto de ley.

Los demócratas y simpatizantes de Obama defienden la traición con afirmaciones huecas de que en verdad la ley protege las libertades civiles. ¿Por qué entonces estaba Bush tan ansioso por promulgarla? El senador republicano de Missouri Christopher Bond, un líder en este “compromiso”, afirma que “la Casa Blanca consiguió un acuerdo incluso mejor del que hubiese esperado”.

Hace dos años, los demócratas parecían indignados tras conocer que Bush había ordenado a la Agencia de Seguridad Nacional— una unidad militar—espiar a los estadounidenses sin la debida autorización, en violación a la Ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero. En la actualidad controlan el Congreso con buenas posibilidades de acceder a la presidencia. El poder y la esperanza de más poder corrompen.

Tal como lo destaca el experto en temas de libertades civiles Glenn Greenwald de salon.com, “en 2006, cuando el Congreso se encontraba controlado por [los republicanos], la administración trató de obtener la sanción de un proyecto de ley que legalizaba las escuchas Telefónicas no autorizadas y un amnistía para las compañías de telecomunicaciones, pero no lo consiguió. Tuvieron que esperar hasta que el Congreso estuviese controlado por [los demócratas] Steny Hoyer, Nancy Pelosi y Harry Reid para lograrlo.”

Ambos partidos durante largo tiempo han estado en guerra con la Cuarta Enmienda. En 1978, después de que el Comité Church del Senado (denominado así porque lo presidía el senador Frank Church) informara acerca de décadas de abusos de la inteligencia, el Presidente Carter promulgó la FISA para reglamentar la vigilancia extranjera. Ella creó un tribunal secreto dentro del Departamento de Justicia con decisiones no publicadas que se dedicó a conceder autorizaciones para cada uno de los trece mil pedidos presentados hasta el 11 de septiembre de 2001. Los estándares de la FISA eran ya mucho más bajos que los de la Constitución.

Casi todos los republicanos y demócratas votaron a favor de la Ley Patriota en 2001 y de la enmienda a la FISA en número mayor al del agrado de Bush. Supuestamente, la FISA había obstaculizado las investigaciones de sospechados de terrorismo tales como el “secuestrador número veinte” Zacarias Moussaoui. En verdad, los agentes del FBI podrían haber obtenido un autorización para apresarlo si hubiesen entendido la ley.

En 2002, después de que el tribunal de la FISA rechazara por unanimidad el intento de la administración de remozarla a los efectos de su aplicación, el Departamento de Justicia, a cargo de John Ashcroft, apeló con éxito ante un Tribunal de Apelaciones especial y secreto de la FISA y obtuvo las nuevas facultades que deseaban.

A pesar de toda esta capitulación ante la administración, durante años la Agencia de Seguridad Nacional ha venido ignorando por completo a la FISA para escuchar fortuitamente llamadas dentro de los Estados Unidos. Desconocemos el alcance de la vigilancia extrajudicial de Bush. Pero en 2004, incluso John Ashcroft y otros funcionarios del Departamento de Justicia consideraron ilegal a su programa de espionaje, se rehusaron a aplicarlo y amenazaron con renunciar debido a él, según el testimonio del ex Fiscal General Adjunto James Comey ante el Comité Judicial del senado el año pasado.

Y ahora Obama y la conducción demócrata han aprobado la actividad extrajudicial que incluso Ashcroft consideraba escandalosamente ilegal.

En verdad, no sorprende para nada.

Los presidentes demócratas desde Wilson y FDR han abusado bastamente de las facultades en materia de inteligencia, espiando a grandes grupos de pacíficos estadounidenses y rivales políticos. Bajo el mandato de republicanos como Eisenhower y Nixon, los abusos continuaron. La aprobación de Carter de la FISA fue en sí misma un abandono de la Cuarta Enmienda y Bill Clinton amplió la vigilancia furtiva sobre la ciudadanía mucho más que cualquier otro presidente antes que él. Actualmente Bush ha sentado nuevos precedentes en el espionaje extrajudicial y los demócratas dan todos los indicios de que la tendencia continuará.

Habiendo roto su compromiso de oponerse a la nueva ley, Obama promete ahora “monitorear de cerca al programa” como presidente – pero ¿quién lo va a monitorear a él? La Cuarta Enmienda se supone que está para protegernos de un Poder Ejecutivo sin controles, sin importar el presidente, sin importar el partido. La Cuarta Enmienda ofrece poca comodidad y confianza a los aspirantes a mandatarios. No sorprende que el sentimiento sea mutuo.

Traducido por Gabriel Gasave