Con proyectos de pavimentación no harán que la economía prospere

El presidente electo Obama ha anunciado planes para un nuevo paquete de estímulo por un monto que oscila entre los 500 mil millones y los 700 mil millones de dólares (billones en inglés) destinado a proyectos de obras públicas.

El paquete será “la más grande inversión nueva en nuestra infraestructura nacional desde el sistema federal de autopistas” afirmó.

Los gobernadores de los distintos estados ya se están peleando por elaborar listados de proyectos que puedan iniciarse de inmediato de modo tal que ningún puente o carretera quede al margen.

Pero mientras un “nuevo” New Deal producirá ciertos resultados visibles—se venderán más materiales para la construcción, se contratará a más albañiles y parte de la infraestructura de la nación podrá en verdad ser mejorada—es improbable que le dé un gran impulso a la economía.

La mayor parte de los proyectos que califiquen para recibir financiamiento serán seleccionados no porque sean prioridades nacionales o regionales urgentes, o porque sea probable que producirán los mayores beneficios al costo más razonable, sino en virtud de que complacen a los electorados políticos más importantes: la organizaciones laborales, por ejemplo.

Seamos honestos: Cualquiera que haya observado a una cuadrilla de “trabajo” en alguna carretera interestatal sabe perfectamente bien que el programa federal de autopistas es la representación viviente del gasto en negociados políticos.

Debido a que relajan el contralor, los proyectos de obras públicas siempre han estado plagados de demoras, corrupción, mala calidad en la ejecución e incrementos de los costos. ¿Se acuerda del “Big Dig” de Boston?

Debido a que el Congreso probablemente le exigirá a los contratistas abonar sueldos conforme la escala salarial de los sindicatos—el eufemismo es “salarios prevalecientes”—los costos de los proyectos se inflarán, incluso si el paquete de estímulo no termina en escándalos sensacionales.

Si bien los trabajadores sindicalizados pueden beneficiarse, los salarios sindicales encarecerán la contratación de los trabajadores menos calificados dejándolos fuera de los trabajos en la construcción, lo que implica que muchos de las “nuevos” asalariados reemplazarán a otros trabajadores, produciendo algo significativamente menor que un auge del empleo.

Además, la masiva transferencia de recursos propuesta por Obama hacia la industria de la construcción hará que el financiamiento se aleje de otros usos potencialmente más valiosos. El futuro de los Estados Unidos siguen siendo las industrias del conocimiento, no la construcción de caminos.

Los cierto es que el gobierno no puede “crear” empleos ni riqueza en un sector de la economía sin destruirlos en otro. Obsérvese a modo de suficiente prueba al viejo New Deal.

A pesar de todo el crédito que se le ha dado a la audaz experimentación de Franklin D. Roosevelt de confrontar a la caída libre económica de la Gran Depresión, la prosperidad no regresó a los Estados Unidos hasta después de la Segunda Guerra Mundial.

Casi una década de incrementos en el gasto federal para la asistencia pública y proyectos de obas públicas por entonces sin precedentes, no logró en ningún momento durante la Depresión reducir la tasa de desempleo a un solo dígito ni restaurar nuestro Producto Bruto Interno (PBI) al nivel que había alcanzado en 1929.

Los estudiantes atentos del New Deal comprenden en la actualidad que la voluntad de Roosevelt de intentar algo y, si eso no funcionaba, probar con alguna otra cosa, generó un clima de incertidumbre que desalentó una inversión privada en fabricas y equipamiento que podría haber puesto a los Estados Unidos de nuevo en carrera.

No debería olvidarse que es a la Works Progress Administration de Roosevelt, la WPA (Sigla en inglés para la Agencia para la Mejora del Trabajo), a la que le debemos la palabra “boondoggle” (un desperdicio de tiempo y dinero)

Con un déficit del presupuesto federal para este año que actualmente se pronostica alcanzará un billón de dólares (trillón en ingles), quizás incluso un Congreso derrochador dudará en añadir un mínimo de 500 mil millones a la carga que recaerá sobre los hombros de nuestros hijos y nietos.

Pero no apostemos a ello. Los próximos comicios serán en apenas dos años y los políticos estarán ansiosos por hacerse del mérito de llevar la dadivosidad para infraestructura de Obama a sus estados.

El dinero de los contribuyentes podría ser mejor empleado en otras partes que en el plan de infraestructura de Obama.

Traducido por Gabriel Gasave