Perú: Perros que ladran

Washington, DC—Salomón Lerner Febres, el filósofo que encabezó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el Perú, ha recibido una andanada de amenazas mortales. Sus dos perros fueron envenenados a muerte por quienes prometen proporcionarle un trato semejante. Los incidentes han tenido lugar en el contexto de ataques arteros contra Lerner y contra la Comisión del Museo de la Memoria de la que es actualmente vicepresidente por un elenco mediocres entre los que hay incluso miembros de alta jerarquía del gobierno de Alan García.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación investigó la violencia que traumatizó al Perú a raíz de la campaña de sangre y terror de Sendero Luminoso a la que el Estado respondió con puntería indiscriminada. Emitió su informe hace seis años, pero la facción de la derecha peruana ligada a la dictadura que encabezó Alberto Fujimori en los años 90´ continúa demonizándola. Los “fujimoristas” y sus aliados en el actual gobierno también se esmeran en descarrilar el trabajo del Museo de la Memoria encargado de crear un museo que preserve la memoria de la tragedia que vivieron los peruanos.

Todo esto nos recuerda que, a pesar de su progreso económico y su voluntad de ser un modelo alternativo al populismo de estirpe venezolana o argentina, el Perú no entiende aún que el salto del atraso al desarrollo es institucional. Los veinte países más desarrollados del mundo no son aquellos que un día decidieron abrir sus economías a la empresa privada y conservar instituciones autoritarias y discriminatorias sino aquellos que entronizaron la igualdad ante la ley, la rendición de cuentas públicas y un conjunto de reglas que protegen las libertades individuales. La próspera economía de los países ricos es hijo, no padre, de todo eso.

A diferencia de otros países donde el terrorismo y el contraterrorismo cedieron el lugar a transiciones dolorosas pero exitosas que desenterraron las verdades ocultas, culparon efectiva o simbólicamente a los culpables y preservaron la memoria, el Perú no logra sanar sus heridas. De Sudáfrica a Chile y de Ruanda a Argentina, las comisiones de la verdad y los museos de la memoria fueron ampliamente aceptados y dirigentes de distintas tendencias ideológicas evitaron poner demasiadas piedras en el camino. En el Perú, en cambio, una escultura conmemorativa titulada “El ojo que llora” ha sido objeto de continuos actos vandálicos; El odio acumulado contra la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha frustrado la ejecución de muchas de sus recomendaciones, y ahora la Comisión del Museo de la Memoria es blanco de los cobardes que apuntan contra Salomón Lerner.

Comprensiblemente, García, que gobernó como populista en los años 80, no quiere enemigos a su derecha ahora que es la “bestia negra” de la izquierda en parte por su evolución ideológica y por haber abrazado políticas de libre mercado. Esa es una de las dos razones por las cuales su gobierno rechazó en primera instancia la donación del gobierno alemán para un Museo de la Memoria; la otra es que la primera administración de Alan García (1985-1990) fue parte de los veinte años de violencia que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación investigó con ojo crítico.

Pero más tarde, bajo presión, el Presidente aceptó la donación y designó una Comisión del Museo de la Memoria. Su gobierno, sin embargo, ha socavado su tarea sin rubor. El Vicepresidente Luis Giampietri, un ex contralmirante que va de macho criticado por grupos de derechos humanos en relación con una masacre que tuvo lugar en una prisión que alojaba a docenas de terroristas en los años 80, y el ministro de Defensa, Rafael Rey, un politiquero de lealtades itinerantes que apoyó la dictadura de Fujimori cuando cometía sus peores fechorías, han derramado odio contra la comisión. La alcaldía del distrito limeño en el que iba a construirse el museo se ha echado para atrás, intimidado por semejante contexto.

Susana Villarán, una ex ministra que ha liderado los esfuerzos para modernizar a la izquierda peruana, ha escrito con razón que cuando funcionarios gubernamentales de alta jerarquía demonizan los esfuerzos de ciudadanos como Lerner por proteger los derechos humanos, “los convierte en blanco de grupos y de personas que sienten que están autorizados para amenazar”.

Los responsables de la destrucción de la democracia y la irrupción de una dictadura que violó los derechos humanos con denuedo y generó una corrupción que el académico Alfonso Quiroz calcula equivalente a 4,5 del Producto Bruto Interno, no han aprendido mucho del pasado reciente. Hasta que lo hagan, el esfuerzo por convertir al Perú en un modelo para la región será una broma.

(c) 2009, The Washington Post Writers Group