Venezuela o el arma del delito

Washington, DC—Si alguien pensaba que el colombiano Alvaro Uribe, a quien sucederá Juan Manuel Santos el 7 de agosto, se disponía a marcharse mansamente a la oscuridad —como en el verso de Bob Dylan—, estaba equivocado. El continente americano está sacudido por las pruebas ofrecidas por Bogotá del santuario que Hugo Chávez brinda a dos grupos terroristas colombianos, las FARC y el ELN.

El embajador de Uribe ante la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó fotos, videos, mapas satelitales y testimonios que demuestran que 1.500 guerrilleros gozan de protección en 14 campamentos a lo largo de la frontera venezolana con Colombia. Iván Márquez, miembro del secretariado de las FARC, tiene su base allí.

La complicidad venezolana con las FARC no es primicia. En diciembre de 2004, Colombia utilizó a cazadores de recompensas para capturar a Rodrigo Granda en Venezuela. En marzo de 2008, Colombia eliminó un campamento de las FARC liderado por Raúl Reyes dentro de Ecuador, aliado chavista. Un video publicado por un periodista español en Youtube muestra a los guerrilleros en La Gabarra, localidad de Guasdualito, en la zona de Apure, en Venezuela. Sin sospechar que había un micrófono oculto, un jefe militar de una base venezolana cercana admite que sabe de su presencia.

Esta vez, la evidencia es abrumadora. Chávez ha reaccionado, en palabras del ex Vicepresidente Humberto De la Calle, como el marido que llega a casa a las 3 de la mañana con marcas de lápiz labial y, ante las preguntas de su esposa, se va furioso, dando un portazo. Caracas ha roto relaciones con Colombia, lo cual no altera el status quo: los lazos fueron congelados hace un año. Por enésima vez, Chávez ha anunciado preparativos para una guerra que no pretende librar, que su ejército rápidamente perdería y a la que sabe que Colombia no se sumará por prudencia.

En tiempos más cuerdos, Chávez no sobreviviría a esta revelación. Pero ponerse al margen del derecho internacional nunca le ha costado mucho. Sabe que está violando la resolución 1373 de las Naciones Unidas sobre la lucha contra el terrorismo. Pero sabe también que la OEA es una organización disfuncional liderada por José Miguel Insulza, hombre intimidado por su gobierno; que Estados Unidos no atacará a Venezuela; que Brasil está demasiado cerca suyo ideológicamente y demasiado interesado en una esfera de influencia que contrarreste a Estados Unidos; y que controla a su ejército lo suficiente como para evitar una rebelión.

Caracas es consciente también de que el Presidente electo Juan Manuel Santos tiene un carácter más flexible que Uribe. Justo antes de que el mandatario saliente ordenase la revelación, Santos estaba abocado a reparar las relaciones con Venezuela. Había anunciado que María Angela Holguín, ex embajadora en Venezuela sin marca ideológica, será su Canciller, que su énfasis estará puesto en lograr el crecimiento económico (léase: antes que en la seguridad) y que ha invitado a Chávez a su ceremonia de investidura. Chávez calcula que una vez que Uribe esté fuera, tendrá un enemigo menos obsesivo.

Nada de lo cual augura que Chávez se deshará de las FARC y el ELN. Excepto que Uribe, Presidente saliente muy popular, no se callará. Ha puesto a la comunidad internacional en una posición incómoda al revelar un grado de colaboración difícil de hallar en alguna otra parte entre un Estado y los grupos terroristas de un país vecino. Las situaciones comparables por lo general involucran a terroristas que acosan a un país vecino desde un territorio sobre el cual el Estado nacional es soberano sólo en el papel. Incluso si Chávez sobrevive a esto, Venezuela está avisada de que todo lo que se mueve en su suelo será meticulosamente revelado. La advertencia puede asustar a algunos aliados de Caracas. Desde que el campamento de Raúl Reyes fue atacado en Ecuador, el ecuatoriano Rafael Correa ha roto al parecer vínculos con las FARC.

Algunos colombianos inicialmente criticaron a Uribe por enrarecer el clima del traspaso del poder. En realidad, Uribe le ha hecho un favor a Santos. Ningún gobierno con tamañas pruebas de complicidad en el delito por parte de un gobierno vecino puede darse el lujo de cruzarse de brazos; tarde o temprano, Santos habría tenido que afrontar la situación… y asumir el costo que Uribe asume ahora. Si se hubiese revelado más adelante que Colombia no hizo nada, Santos habría sido crucificado por hacer peligrar el éxito de las políticas de “seguridad democrática” de los últimos años.

Como mínimo, América Latina tiene derecho a conocer la verdad sobre Venezuela, cuyo gobierno, no contento con imponer una dictadura, se dedica a apuntalar a las criaturas más repugnantes de la región. El último de ellos es el Presidente electo de Surinam, Desi Bouterse, un ex sátrapa acusado de múltiples asesinatos y condenado por tráfico de cocaína en los Países Bajos.

(c) 2010, The Washington Post Writers Group