Sobre aeropuertos y derechos individuales

Durante un par de años, el Condado de Orange, California, ha estado procurando resolver la controversia atinente a qué hacer una vez que la Base Aérea de la Marina El Toro fuese cerrada. El interrogante en la mente de todos es el de sí la misma será o no transformada por las autoridades locales en un aeropuerto internacional. Aeropuertos de distintas dimensiones están siendo considerados, pero hay muchos ciudadanos que desearían prontamente evitar los inconvenientes que asocian con un nuevo aeropuerto.

En la actualidad, una cuestión así es decidida mediante una combinación de burocracias federales, estaduales, de los condados, y locales siguiendo diversas reglas que han emergido a lo largo de años de negociaciones similares. Todos consideran al resultado como una cuestión de preocupación pública, y supuestamente cada ciudadano posee un idéntico derecho a que sus ideas sean implementadas. Sin embargo, las autoridades tomarán una decisión motivadas por los intereses especiales que cuenten con un número de electores y de fondos lo suficientemente grandes como para alcanzar una diferencia considerable.

En verdad, no existe “derecho” alguno de disposición en virtud de que las preocupaciones válidas de todos los individuos que expresan sus exigencias son bastamente incompatibles. Los objetivos de los ambientalistas, de los empresarios, y de los residentes con distintos intereses—las artes, el comercio, la educación, la ciencia, los viajes, y demás—están todos sobre el tapete, y a ninguno de ellos puede asignársele una prioridad pública racional, no obstante lo que desearían hacernos creer aquellos que hablan del “interés público”. El hecho simple es que no hay ningún interés público aquí involucrado. Todos los intereses son privados y personales. El único interés de bona fide es el que en verdad beneficia a todos por igual. Y existen muchos proyectos así en cualquier comunidad—la gran mayoría de ellos se refieren al mantenimiento de la paz y a la preservación del estado de derecho.

Resolviendo lo que no tiene solución

¿Pero podría hacerse de otra manera? ¿Podría existir algún modo de resolver un tema que involucra a preocupaciones tan dispersas y esencialmente en conflicto, sin que varios grupos de individuos terminen sacando el palillo más corto?

En verdad, lo hay. Sintéticamente, el mismo involucra a la estricta e infalible protección de los derechos individuales, específicamente el derecho a la propiedad privada.

Considérese la propuesta de contar con un aeropuerto en una comunidad. ¿Cuán grande debería ser? ¿Quién pagará por él? ¿Y como deberían ser tratados los terceros afectados? En un sistema de derechos de propiedad privada, aquellos que son dueños de la tierra en cuestión tienen la autoridad para decidir cómo la misma será utilizada. Pero esa no es para nada una cuestión sencilla.

Por ejemplo, en un sistema de derechos de propiedad privada el uso de una parcela de tierra como un aeropuerto no puede infringir cargas no deseadas sobre terceros—del mismo modo que usted no puede arrogar basura en la propiedad de su vecino. De esta manera, los operadores del aeropuerto pueden utilizarlo solamente de forma consistente con los idénticos derechos de propiedad que detentan sus vecinos. Entre otras cosas, eso significa que los operadores deberán evitar los perjuicios sobre sus vecinos u ofrecerles una satisfactoria compensación por las molestias.

Una manera de violar derechos es la de imponerle un nivel de ruido no razonable a los demás. El ruido intenso durante la noche, por ejemplo, cuando se espera que la gente se encuentra razonablemente aguardando poder descansar, es una violación de los derechos individuales. Durante el día, el mismo grado de ruido podría no constituir una violación debido a que prácticamente todo el mundo está haciendo ruido al realizar sus tareas.

O tómese la contaminación del aire. En un cierto nivel, la “contaminación” de la atmósfera es normal—la propia vida genera desechos que no pueden ser evitados. Sin embargo la basura excesiva, los niveles no razonables de contaminación del aire sobre terceros—niveles no normales dentro de un ámbito dado—implica violar sus derechos. Los detalles pueden ser difíciles de establecer. Pero para eso es que contamos con los tribunales y los grupos de arbitraje.

Los derechos limitan la actividad

Algunos sostendrán que la estricta protección de los derechos llevaría, en el mejor de los casos, a tener pequeños aeropuertos y a muchas restricciones sobre la construcción. Por supuesto—¿pero por qué es eso tan malo?

Quizás la peor cosa con relación a la vida industrial moderna ha sido el poder de las autoridades políticas para conceder privilegios especiales a algunos emprendimientos que violan los derechos de terceros para quienes la autorización sería muy costosa de obtener. En verdad, la necesidad de obtener esa autorización impedirá seriamente lo que la gran mayoría de los ambientalistas ven como una industrialización rampante—realmente temeraria. Pero la misma también impedirá significativamente a los entusiastas ambientalistas que alegremente violan los derechos de otras personas a luchar por sus objetivos (los que a su vez involucran un retorno a la era pre-industrial).

El sistema de derechos de propiedad privada—en el cual la edificación, los viajes, la agricultura, la tala de árboles, y todas las demás clases de actividades humanas deben ser realizadas dentro de la propia esfera, excepto allí donde voluntariamente ha sido obtenida la cooperación de los demás—es el mayor moderador de las aspiraciones humanas, manteniéndolas en equilibrio con las diversas y razonables aspiraciones del resto de las personas. En síntesis, los individuos pueden alcanzar las metas a las que no son capaces de llegar con sus propios recursos solamente convenciendo a los demás, de que cooperen, mediante argumentos e intercambios justos.

Desafortunadamente, la mayor parte de los grupos de intereses especiales—empresariales, ambientalistas, científicos, artísticos, etc.—construyen sus propios objetivos como superiores a los de los demás. En el caso de las instalaciones de El Toro, cada parte tiende a considerar que su causa es justa y que los otros simplemente están utilizando su fortaleza financiera y política para frustrarla.

De hecho, sin embargo, muchos objetivos son igualmente sanos y deberían ser emprendidos—dentro de los limites de los derechos individuales. Obsérvese cómo funciona este sistema de derechos en dos áreas de la vida: la religión y las publicaciones. Muchas religiones distintas logran coexistir en una razonable armonía, en razón principalmente de que cada grupo es capaz de operar sin ser molestado dentro de su propio ámbito. Varias publicaciones diversas logran también coexistir harmoniosamente. Esto, también, se debe en gran medida a que las organizaciones editoriales tienen el derecho de operar sus propias instalaciones y de vender sus propios productos sin impedimentos de parte de los procesos políticos y burocráticos que sí rigen en materia de la radiodifusión, la educación pública, las playas, los parques, y los bosques. En esas áreas, los derechos individuales no gobiernan. En cambio, existe una aproximación semi-democrática en la cual, al término del día, la mayoría de las personas quedan descontentas. Esa es la “tragedia de los comunes”, especialmente en un país donde la mayor parte de los individuos implícitamente (aunque inconsistentemente) consideran que la búsqueda de la felicidad individual es importante.

Resumiendo, no hay una respuesta satisfactoria a la controversia de El Toro dentro de un sistema que se caracteriza por un proceso de toma de decisiones sociales bastamente politizado. Pero no estamos necesariamente conformes con este estado de cosas. Eventualmente, podríamos trascenderlo.

Este artículo se encuentra reimpreso con autorización de The Freeman, febrero de 1999. © Copyright 1999, la Foundation for Economic Education.

Traducido por Gabriel Gasave