El pánico político supera a la tragedia terrorista

El senador senior de los EE.UU. por Nueva York, Charles Schumer, fue el primero en argumentar a favor de desconocer la patente de Cipro, un fármaco contra el ántrax el cual es producido por la firma farmacéutica alemana Bayer AG. Sin embargo, fue el gobierno de Canadá el primero que llevó a la acción sus dichos y unilateralmente concedió a un productor local, Apotex Inc., permiso para producir el antibiótico a pesar del monopolio legal de Bayer, el cual no expirará antes de 2004. Tan sólo unos pocos días después, el gobierno de Canadá revirtió su decisión debido a la virulenta crítica de parte de su propia oposición parlamentaria y del jefe de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Farmacéuticos.

No obstante ello, tanto los EE.UU.—donde la patente de Bayer es válida hasta 2003—como Canadá se encuentran persiguiendo ahora las mismas peligrosas políticas por otros medios: Bayer está en esencia siendo chantajeada para aceptar precios arbitrarios. Una píldora Cipro será de aquí en más vendida al gobierno canadiense por $1.30 y, más cerca de casa, el Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos Tommy Thompson ha anunciado que aseguraba aún más dramáticas concesiones, como lograr que Bayer accediese a vender el fármaco por $0.95 por píldora. Previamente, el ya enormemente descontado precio para las compras gubernamentales ha sido de $1.77 comparado a los $4.67 para las farmacias.

Es ahora cuestionable qué será peor para la economía norteamericana, si el temor al ántrax en sí mismo o la miope respuesta de los políticos en los EE.UU. y en el Canadá. Pese a las afirmaciones del Presidente Bush de que a los terroristas no se les permitirá cambiar “nuestro estilo de vida,” ésta más que cualquier otra acción gubernamental ofrece evidencia de lo contrario. Pareciera que existiese una difundida, si no renuente, aceptación de los argumentos de que alguna privación en las libertades y en los derechos individuales es necesaria para ampliar la capacidad de las agencias de aplicación de la ley a fin de perseguir y capturar a quienes perpetran actos terroristas. Tal compensación se encuentra implícita en la aprobada legislación anti-terrorista a la que el Presidente Bush promulgó como ley. Resulta, sin embargo, mucho más difícil justificar la destrucción de una de las bases fundamentales de las sociedades abiertas, un sistema de respeto por los derechos de propiedad y la actividad empresarial motivada por los incentivos, lo cual es la clave para el crecimiento sostenido en las naciones industrializadas.

La industria farmacéutica es una en la cual la apropiación de los retornos para investigar y desarrollar es alcanzada de la manera más efectiva mediante el sistema de patentes. Entrometerse en el mecanismo de los precios impedirá seriamente su funcionamiento. Los resultados no serán solamente pérdidas de corto plazo para Bayer AG, sino también mucho más seriamente, cambios de largo plazo en el proceso de toma de decisiones de los principales fabricantes de medicamentos. El desarrollo de fármacos seguros y efectivos es de costo muy intensivo y las compañías precisan asegurarse de ser capaces de recapturar sus inversiones iniciales una vez que sus productos hayan sido aprobados para la venta. El sistema de patentes está designado para brindarles esta seguridad, incluyendo el derecho de establecer sus propios precios. Permitir que el “temor del ántrax”—noticias que han sido, en palabras de Dan Rather, “más que sobre-informadas”—rompa esta ligazón entre las inversiones iniciales y las ganancias futuras, reduce los retornos esperados a la investigación y el desarrollo, e incrementa enormemente la incertidumbre de la totalidad del sistema de desarrollo de fármacos. Un aumento en el número de compañías autorizadas a producir Cipro en la actualidad—o reducciones forzadas en el precio del antibiótico—significaría que menos medicamentos serán producidos durante los próximos 10 a 20 años de los que se hubiesen producido si otro hubiese sido el caso. Ya deseosos de venderles medicamentos a los gobiernos con elevados descuentos, los productores farmacéuticos tienen ahora que preocuparse acerca de que pueden ser intimidados a aceptar aún retornos más bajos o enfrentar la pérdida de la protección de la patente o ambas cosas.

Además, esta movida sorprendente, la cual conforme al derecho internacional sólo es permitida en casos donde un gobierno declara una emergencia nacional de la salud, solamente reforzará la opinión en los países en desarrollo de que les son aplicados estándares diferentes. ¿Qué ocurrió cuando Brasil y varios gobiernos africanos procuraron recientemente la suspensión de las patentes sobre los fármacos para el SIDA en poder de firmas estadounidenses y suizas? Sus esfuerzos fueron sabiamente rechazados en favor de dejar a las patentes intactas, preservando de esa manera el incentivo para desarrollar mejores medicamentos.

¿Cómo, entonces, uno les explica a aquellos gobiernos que un ataque de pánico por el ántrax en Norteamérica supera la masiva mortalidad en el continente africano—especialmente cuando la oferta existente de Cipro satisface más que adecuadamente la demanda racional por el mismo? En una momento en el que Occidente se está esmerando por retratar a su “Guerra contra el Terrorismo” como una lucha por el beneficio de todas las “naciones buenas,” señales de tratamiento discriminatorio en favor de los países industrializados debieran ser evitadas.

Lo mismo sirve para las acciones temerarias que amenazan los derechos de propiedad privada y minan al estado de derecho. La equivocada respuesta del gobierno canadiense, la política para la tribuna del Senador Schumer y las afirmaciones de “no sea que . . . ” del Secretario Thompson están perjudicando más que lo que cualquier simple acto terrorista lo haya hecho jamás.

Traducido por Gabriel Gasave