El fisgoneo de la NSA sobre los estadounidenses es inconstitucional e indignante

La tormentosa cobertura mediática de la revelación de un denunciante—de que la Agencia de Seguridad Nacional (conocida por su sigla en inglés como NSA) probablemente haya estado monitoreando las llamadas telefónicas de la mayoría de los estadounidenses y probablemente examinando numerosos mensajes de correo electrónico, fotos y otros datos electrónicos de estadounidenses sin una orden de registro cuando se trata de atrapar a sospechosos de terrorismo (un programa llamado “Prism”)—se ha embarullado por el hecho de que los expertos entremezclan los dos diferentes esfuerzos de la agencia.

En base a la limitada información disponible sobre los programas—algo que es en sí mismo un problema, ya que los Estados Unidos todavía pretenden ser una república—el primer programa es peor que el segundo. Aunque el presidente Obama y otros funcionarios del gobierno siguen insistiendo en que ninguna llamada telefónica de estadounidense alguno fue escuchada, ello no debería consolar a nadie. El primer programa es lo que la comunidad de inteligencia llama “análisis del tráfico”, lo cual significa llevar un registro del tiempo, duración y números de teléfono de las llamadas, y el segundo es denominado “análisis del contenido”, lo cual implica en realidad examinar el contenido de las comunicaciones. Las nuevas tecnologías han hecho que examinar el contenido de las comunicaciones sea mucho menos importante para espiar; en la actualidad, el análisis del tráfico empleando supercomputadoras puede ser usado para rastrear las vidas y el paradero de las personas sin siquiera examinar el contenido.

Aunque las leyes estadounidenses han distinguido entre el análisis del tráfico y del contenido, con las agencias de inteligencia encontrándose más limitadas legalmente para la recopilación del contenido, esta distinción es artificial y ajena a la Constitución de los Estados Unidos de América. La Cuarta Enmienda a la Constitución de los EE.UU. contempla los “allanamientos e incautaciones”, los cuales deberían abarcar a ambos tipos de espionaje, y exige una causa probable de que un crimen ha sido cometido y la delimitación concreta de lo que se está allanando e incautando: “No se violará el derecho del pueblo a la seguridad en sus personas, hogares, documentos y pertenencias, contra allanamientos e incautaciones fuera de lo razonable, y no se emitirá ningún mandamiento judicial para el efecto, si no es en virtud de causa probable, respaldada por juramento o promesa, y con la descripción en detalle del lugar que habrá de ser allanado y de las personas o efectos que serán objeto de detención o incautación”.

La NSA evidentemente obtuvo una orden de un tribunal secreto en el marco de la Ley de Vigilancia del Espionaje Extranjero (FISA es su sigla en inglés) para obtener datos sobre el tráfico telefónico de la mayoría de los estadounidenses. Pero no deberíamos caer bajo la ilusión de que este tribunal puede leer correctamente siquiera el texto de la Constitución. Conceder esta orden o bien significa que el tribunal estiró el requisito de la “causa probable” más allá de todo reconocimiento—todo estadounidense con un teléfono no puede realmente ser legítimamente sospechoso de ser un terrorista o de cometer otro delito—o no utilizó el estándar en absoluto, el caso más probable pero igual de inconstitucional. Una disposición de la Ley Patriota de 2001 facilitó el hecho de obtener una orden judicial para que el gobierno consiga los registros comerciales si son considerados meramente relevantes para una investigación que atañe a la seguridad nacional.

Sin embargo, la Cuarta Enmienda antes mencionada no hace ninguna excepción en cuestiones de seguridad nacional, y los tribunales deberían haber declarado inconstitucional no sólo la solicitud de la orden sino esta sección de la Ley Patriota por violar el más estricto estándar de la “causa probable”. Los tribunales también deberían haber fallado que la recopilación de datos sobre un amplio espectro de estadounidenses violaba la negativa de la Cuarta Enmienda a los mandamientos judiciales generales—originalmente una reacción a los soldados británicos que utilizaban órdenes de registro excesivamente amplias para llevar a cabo expediciones de pesca en los hogares estadounidenses coloniales. Si alguna vez hubo una expedición de pesca, el escudriño de los registros telefónicos de todos los estadounidenses debería calificar. Estas acciones, sin embargo, serían probablemente pedir demasiado del tribunal clandestino de la FISA, el cual ya ha demostrado su cooptación por parte de las agencias de inteligencia al denegar una sola orden de allanamiento ante las casi 1.800 solicitudes del gobierno. Más en general, el poder judicial a menudo se amilana ante el poder ejecutivo cuando éste último rotula algo como un asunto de “seguridad nacional”.

Debido a que el programa de recolección de registros telefónicos había sido ocultado, los senadores Mark Udall (Demócrata-Colorado) y Ron Wyden (Demócrata-Oregon), que integran el Comité de Inteligencia del Senado, habían estado tratando de advertir oblicuamente al público de que el programa de recolección de registros telefónicos era peligroso, y Udall ha dicho que genera poca información valiosa. El senador Rand Paul (Republicano-Kentucky) ha señalado perspicazmente que el gobierno ya puede espiar constitucionalmente a los individuos sospechosos de terrorismo empleando una orden judicial sin la necesidad de recoger los registros telefónicos de unos cuantos estadounidenses inocentes.

El programa Prism de análisis del contenido también es inconstitucional porque permite al gobierno obtener una orden del tribunal de la FISA para llevar a cabo una exhaustiva vigilancia de cualquier persona “razonablemente considerada” como fuera de los Estados Unidos (sin embargo, el sistema sólo puede predecir el carácter de extranjero del objetivo vigilado con tan solo un 51% de confianza) sin órdenes individuales específicas, incluso si la interceptación de las comunicaciones tiene lugar en los Estados Unidos. El programa espía el contenido de los datos electrónicos de los contactos de un sospechoso y luego de los contactos de los contactos, y de ese modo atrapa potencialmente a una red de estadounidenses. Una vez más, la Cuarta Enmienda no hace excepciones para situaciones de seguridad nacional sobre su orden judicial y los requisitos de la causa probable.

Los funcionarios del gobierno y sus sucedáneos en los medios de comunicación siguen diciéndonos que estos programas son legales—es decir, consagrados en la ley—y que están supervisados por los tres poderes del Estado: el Congreso, el Ejecutivo y el tribunal de la FISA. Eso puede ser cierto, pero las leyes pueden ser inconstitucionales, y estos estatutos incluso violar el texto del documento fundacional. Que las tres ramas coincidan con una ley inconstitucional y la supervisen es la peor situación posible, ya que este hecho es utilizado para legitimar ante los estadounidenses el excesivo poder gubernamental.

Los funcionarios del gobierno han afirmado también que varios ataques terroristas han sido frustrados, pero tienden a confundir los dos programas de espionaje. El Prism puede haber logrado eso, pero el ya citado comentario de Udall sobre el programa de registros telefónicos es revelador. En el comentario más estúpido sobre el programa de registros telefónicos, la senadora Dianne Feinstein (Demócrata- California), la totalmente cooptada presidente del Comité de Inteligencia del Senado, insistió en que el programa era necesario porque cualquier estadounidense puede convertirse en un futuro terrorista. En el mundo políticamente correcto de hoy, es bueno que el Gran Hermano tenga ahora una Gran Hermana.

El comentario acerca de que el Prism ha desbaratado tres complots terroristas está diseñado para detener el debate sobre sus rastros. Pero en una república, tanto en relación al terrorismo como a amenazas más mundanas como la seguridad de los alimentos o los automóviles, no vivimos en una sociedad libre de riesgo. Sin embargo, después de que Osama bin Laden ha sido ultimado y el tronco principal de al-Qaeda diezmado, el terrorismo parece ahora ser menos una amenaza existencial para el país (y no era existencial, incluso antes de estos eventos). Incluso después del 11 de septiembre de 2001, la posibilidad de un estadounidense de ser asesinado por terroristas es casi la misma que la de ser muerto por un asteroide y menor que la de ser alcanzado por un rayo.

El presidente Obama pronunció recientemente un discurso de que aparentemente brilla una luz al final del túnel en la guerra contra el terrorismo. Al parecer, eso no se aplicaba al espionaje contra los estadounidenses en esa guerra. Como candidato antes de llegar a la presidencia, Obama argumentó que no existía disyuntiva alguna entre la seguridad y las libertades únicas y sagradas de los Estados Unidos; sin embargo después de que se filtraron estos programas de espionaje gubernamental, contradijo su postura inicial y opinó que no podíamos tener un 100% de seguridad y un 100% de libertad.

Probablemente nunca podemos tener el 100% de nada, pero el candidato Obama estaba en lo cierto acerca de la falsa disyuntiva entre la seguridad y la libertad. El propio gobierno de los EE.UU. genera la mayor parte del terrorismo contra los Estados Unidos—con su política exterior intervencionista—y luego sale al rescate con un gasto excesivo en materia de defensa y seguridad nacional y los mencionados programas de espionaje desmesurado y otras restricciones a las libertades civiles. Sin embargo, la política exterior estadounidense se supone que está para defender a la república, no para conducir el tren y erosionar el gobierno republicano. Desde la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los EE.UU. ha estado dejando que el rabo de la política exterior controle al perro de la república. Para tener una república con un gobierno limitado, tenemos que aceptar un cierto riesgo, pero ese riesgo en realidad disminuirá si recortamos el rabo de la política exterior. Así, dicho recorte permitiría la reducción de los indignantes e inconstitucionales programas de espionaje que atentan contra la república de los Padres Fundadores.

Traducido por Gabriel Gasave