El negocio de la pobreza

Para LA NACION

Está muy generalizada la atrabiliaria noción de que la riqueza es una cantidad dada y, en consecuencia, lo que uno no posee es porque otro lo tiene. En la teoría de los juegos esto se denomina «suma cero». Ocurre en un asalto: lo que arrebató el ladrón es a expensas de la pérdida que sufrió quien ha sido robado.

Sucede con los subsidios gubernamentales y, en general, cuando el aparato político otorga privilegios, en cuyo caso, con razón, cabe la expresión «injusta distribución del ingreso», puesto que no procede de las estructuras valorativas que se expresan en el plebiscito diario del mercado, sino que provienen de la arbitrariedad. Pero en una sociedad abierta, en el contexto de transacciones libres y voluntarias, las partes involucradas necesariamente obtienen beneficios. De lo contrario, no hubieran realizado el intercambio. De este modo, la riqueza aumenta de valor.

No es que siempre se incrementa la cantidad física cuando aumenta la riqueza. Eventualmente, puede atribuírsele mayor valor a un producto y, sin embargo, contener una dosis menor de materia, tal como aparece, por ejemplo, en el teléfono celular respecto de los aparatos telefónicos de antaño. Muy recientemente, antes del siglo XVIII, la condición natural del ser humano era la peste, la hambruna y la mortandad temprana, y no es que no hubiera recursos naturales. La cuantía total de materia no era el problema. Es que el valor de lo disponible era menor que lo que hoy está a nuestro alcance, debido a marcos institucionales que permiten liberar energía creativa, con lo que se estimula la creación de riqueza.

En aquellos países en los que se maximiza esto último hay mayor riqueza, y en aquellos en los que se obstaculizan los procesos liberadores, el resultado es la mayor pobreza relativa, lo cual perjudica, en especial, a los más necesitados. Básicamente, no es que la materia global de nuestro planeta se haya ensanchado: es que el valor de lo usado y reciclado se incrementa merced a incentivos que bloquean la antes mencionada suma cero y conducen a crecientes sumas positivas. En todo caso, crece de modo exponencial el bien intangible de mayor valor: el conocimiento.

Pensemos en los problemas de los privilegiados de otras épocas. Los reyes y sus cortes debían mudarse de sus palacios corridos por el olor nauseabundo que los envolvía. No había agua corriente, ni cloacas, ni baños. Una reina podía morirse de una infección molar. No existía la aspirina, para no decir nada de los antibióticos. Hoy la expectativa de vida se ha multiplicado por tres y, debido a los exámenes genéticos, la medicina es más preventiva que curativa. Como ha mostrado Víctor Gould, en países civilizados la cantidad de camas ocupadas en los hospitales se vuelve mínima, porque la enfermedad puede anticiparse, como el uso de los medicamentos para subsanar el mal.

En nuestra época hay quienes se aferran a la idea, una y otra vez refutada, de la re-distribución del ingreso, lo cual significa que el aparato estatal vuelve a distribuir lo que ya había distribuido la gente diariamente con sus compras y abstenciones de comprar. A su vez, esta reasignación arbitraria de los siempre escasos factores productivos redunda en bajas en la productividad. Es decir, consumo de capital, que, a su turno, se traduce en disminuciones en salarios en términos reales. Esto último es así, debido a que la única razón del crecimiento de los ingresos estriba en tasas de capitalización que hacen de apoyo logístico al trabajo intelectual y manual para aumentar su rendimiento. Esta es la diferencia entre Canadá y Somalia. No se trata de latitudes geográficas, recursos naturales, etnias o «conciencias sociales» más o menos generalizadas. Se trata de inversiones más o menos cuantiosas que requieren normas civilizadas de respeto recíproco.

Las antedichas normas tienen por eje central la propiedad privada. Es el único modo de saber quién debe circunstancialmente administrar los recursos y para qué fines. En los mercados abiertos y competitivos, los cuadros de resultado revelan si se acertó en las demandas de la gente, en cuyo caso aparecen ganancias, o si la conjetura fue errada, en cuyo caso habrá quebrantos. La guillotina horizontal de la redistribución y el igualitarismo a que apuntan hace que se retraiga la producción.

En realidad, autores como Thomas Sowell sugieren que debe abandonarse la expresión misma de «distribución», ya que «los ingresos no se distribuyen, sino que se ganan». En muchos textos de economía aparecen capítulos separados de producción y distribución, en lugar de analizarse como el anverso y el reverso del mismo fenómeno. Así, para muchos burócratas, «aparece» un bulto de producción a la espera de ser «distribuido». Recuerdo una conversación con un empresario que repetía el latiguillo ingenuo de ciertos socialistas de que «lo importante es producir por métodos capitalistas y distribuir con criterios socialistas». Lo invité a que hiciéramos un ejercicio con los ingresos que él mismo percibía. Lo invité a que considerara qué ocurriría con su propia productividad si le pidiera que produjera todo lo que era capaz para que, a fin de mes, otros dispusieran de sus honorarios.

Curiosamente, se sostiene que los mecanismos redistributivos se llevan a cabo para evitar las consecuencias del «darwinismo social», sin percatarse de que, a diferencia de lo expuesto por Darwin en cuanto a que las especies aptas eliminan a las menos competentes, en los procesos de mercado los más eficientes transmiten su fortaleza a los más débiles, como una consecuencia no buscada a través de las antes referidas tasas de capitalización. Técnicamente, ésta es una externalidad positiva, aunque en algunos lares se ha dado en llamar «efecto derrame», precisamente en aquellos lugares en que las inversiones eran más que anuladas por aumentos constantes de gastos públicos, endeudamientos estatales y déficit fiscales, en un contexto de enormes corrupciones que hacen que el «derrame» más bien sea de los abultados bolsillos de gobernantes inescrupulosos a sus secuaces.

Para quienes no se encuentran en condiciones físicas de operar en el mercado, debe subrayarse el correlato estrecho que existe entre las obras filantrópicas y las sociedades libres. No hay posibilidad de actos caritativos donde los gobiernos lo absorben todo. En el caso argentino, resulta aleccionador constatar la cantidad notable de montepíos, cofradías, asociaciones de inmigrantes y sociedades de socorros mutuos que existían antes de la aparición de aquella contradicción llamada «Estado benefactor», que, con impuestos exorbitantes y ministerios orwellianos, como el de «bienestar social», degradan la genuina ayuda al prójimo, al tiempo que se establecen monumentales estafas llamadas «sistemas de pensiones y jubilaciones estatales». No es necesario ser un experto en matemática ni conocer las reglas elementales del interés compuesto para darse cuenta de la inmensidad que se expropió a tantas personas indefensas.

Cuando se da una conferencia y surge el tema de la ayuda al prójimo, uno pregunta quiénes en la audiencia ayudarían a los que se encuentran en graves dificultades. Generalmente, la respuesta es unánime en favor de la ayuda . Siempre son «los otros» los que son depravados. Y no es cuestión de tomar un micrófono y vociferar sobre qué hay que hacer con los pobres, como si se tratara de un paquete que siempre debe financiarse con recursos ajenos. Esta metodología es característica de políticos demagogos, sacerdotes descarriados, empresarios con complejo de culpa y «señoras gordas». No se les pasa por la cabeza la primera persona del singular. Cuando pronuncié la conferencia inaugural en el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam), en Tegucigalpa, en 1998, recomendé a los obispos y sacerdotes que, si en lugar del mensaje evangélico de la «pobreza de espíritu» sostenían que la pobreza material constituye una virtud aplicable a toda la sociedad, para ser congruentes deberían abstenerse de patrocinar la caridad, ya que con ella se contamina a los relativamente más pobres. En ese caso, el consejo debería ser extender la pobreza.

En los Estados Unidos -a pesar de las últimas tropelías cometidas-, por el momento el país más civilizado de la Tierra, el gobierno comenzó en 1965 la llamada «guerra a la pobreza». El meduloso estudio de Michael Tanner pone de manifiesto que, bajo todos los parámetros relevantes, lo que se pretendió combatir empeoró en los últimos cuarenta años, a pesar de que la suma gastada por el aparato político excede el monto total de los patrimonios netos de las 500 empresas más destacadas que figuran en Fortune y el valor equivalente a toda la tierra cultivable en ese país, sin perjuicio de que de cada dólar llegan al destinatario tan sólo treinta centavos y el resto lo engulle la burocracia. Si esto tiene lugar en el país más civilizado, resulta superfluo detenerse a investigar lo que ocurre en aquellos menos puntillosos. Por esto es que Milton Friedman sostiene que los programas estatales de asistencia a los pobres son un fracaso, al que se agregan el fraude y la corrupción.

A veces daría la impresión de que la miseria y el dolor ajeno constituyen un negocio para el tilingaje, que se lo pasa declamando sobre la pobreza mientras abre cuentas numeradas en países en los que estima que sus recursos mal habidos estarán a salvo de las barrabasadas que ellos mismos contribuyen a establecer en sus propios terruños. Por eso, junto con Jacques Rueff, podemos decir: «Sed liberales, sed socialistas, pero no seáis mentirosos». © LA NACION

El autor es presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias.