Argentina: El gobierno controla el IPC, pero no la inflación

Economía para Todos

A medida que el modelo populista vaya haciendo agua por falta de inversiones e inflación creciente, el gobierno todopoderoso que hoy desprecia las instituciones utilizará ese poder para ir recortando los ingresos de los diferentes sectores con tal de que el Índice de Precios al Consumidor no refleje la realidad: que la inflación sigue en aumento.

A los liberales siempre se nos ha criticado por ser economicistas, es decir, por ver todos los problemas sociales y políticos sólo desde la economía. Seríamos algo así como una especie humana a la que solamente le interesa la disciplina monetaria, la apertura de la economía o un Estado austero en sus gastos. Esta es la etiqueta que siempre nos han puesto.

Sin embargo, desde hace rato, los liberales venimos insistiendo con la necesidad de tener instituciones (reglas de juego estables y eficientes) y, sobre todo, un gobierno limitado. Es decir, un gobierno sujeto a la ley o, si se prefiere, subordinado a la ley. Un gobierno que no pueda hacer lo que se le dé la gana porque tiene una mayoría circunstancial. Los liberales venimos insistiendo en que deben respetarse las instituciones, que debe haber una efectiva división de poderes, que el Ejecutivo no puede tener poderes absolutos.

Pero resulta ser que, ahora, cuando hablamos de instituciones, la gente nos mira y nos dice: “¿De qué hablás, estúpido? ¿Qué me venís con el tema instituciones si hoy tenemos un peso más en el bolsillo y estamos mejor que en 2002?”. En otras palabras, según nos dicen, y yo creo que es así, a la gente no le interesa demasiado el tema institucional mientras la economía, aunque sea transitoriamente, funcione.

Bajo este argumento, los liberales dejamos de ser los economicistas y son la gente, la dirigencia política y empresarial quienes, en realidad, se han transformado en economicistas, dado que miran todo el tema desde el ángulo económico. Si tengo un peso más en el bolsillo, aunque se bastardee el Consejo de la Magistratura y el Legislativo se convierta en una sucursal del Ejecutivo, mientras éste acumula más poder, ¡qué me importan las instituciones! Repito: ¿quiénes son los economicistas? ¿Los liberales que defendemos la institucionalidad del país, o la gente que acepta cualquier destrozo institucional por un peso más en el corto plazo?

Lo que no advierten los economicistas es que la ausencia de institucionalidad compromete no sólo su libertad, sino, también, su futuro económico. En efecto, quienes hoy pueden estar destapando botellas de champán porque les aumentaron las ventas, no se dan cuenta de que la inconsistencia del modelo populista, que hoy actúa como una droga que produce un infundado optimismo, se les va a transformar en su propia condena a muerte.

Es que a medida que el modelo populista vaya haciendo agua por falta de inversiones e inflación creciente, el gobierno todopoderoso que hoy desprecia las instituciones utilizará ese poder para ir recortando los ingresos de los diferentes sectores con tal de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no refleje la realidad.

Veamos la cosa de esta manera. Hoy en día, el gobierno tiene “controlado” el IPC, pero no tiene controlada la inflación. Mientras la inflación sigue subiendo por efecto de la fuerte política expansiva del Banco Central, el IPC todavía no se ha disparado gracias a los manejos que hace el gobierno. Para controlar el IPC, el gobierno mantiene congelada las tarifas de los servicios públicos, prohíbe la exportación de carne, fiscaliza los precios de las empresas y les obliga a presentar planillas de costos para autorizarlas a mover los precios, establece retenciones a las exportaciones o amenaza con aplicar la nefasta ley de abastecimiento. Es decir, a medida que la inflación se le va escapando, el gobierno, para controlar el IPC, apela a la falta de institucionalidad para atacar los ingresos de las empresas. Y no es una novedad decir que ya son varios los sectores que empiezan a preocuparse por la caída de sus márgenes de utilidad. Les subió la energía, les aumentaron los salarios, les subieron los insumos ligados a bienes transables y, encima, el gobierno les congela los precios. Unos meses atrás un dirigente empresario afirmó que la industria nunca se había sentido tan protegida como con este gobierno. Ese dirigente empresario, ¿opinará lo mismo ahora que la ecuación económica le va cambiando y no pueden hacer nada porque la ausencia de instituciones determina que no puedan defenderse del Estado todopoderoso, al punto de que un funcionario público los maltrata y les dice cómo manejar su empresa?

¿Qué pasa con los asalariados? Su ingreso real cae por la inflación, aunque crean que tiene la misma capacidad de compra gracias a los aumentos de salarios en base a la inflación pasada y estimada. La gente sabe que cada vez puede comprar menos productos y de peor calidad por más que el gobierno se empeñe en dibujar un IPC mediante todo tipo de artilugios.

Otro ejemplo de artilugios que usa el gobierno para controlar el IPC: el Congreso acaba de aprobar una ley por la cual el Ejecutivo puede aplicar una tasa sobre el consumo de energía y gas para financiar obras públicas. ¿Por qué utilizar este mecanismo? Porque un aumento de tarifas se traduciría en un aumento del IPC, en cambio la aplicación del cargo fijo no modifica el IPC porque la tarifa sigue siendo la misma. Estadísticamente, el IPC no sube, pero el costo de la energía sí. Resultado: la gente terminará pagando más cara la energía pero el gobierno mostrará que el IPC no se movió.

Quienes prefieren tener un peso más en el bolsillo ahora, sacrificando la institucionalidad del país, no advierten que ese peso de más se les va a ir derritiendo con el tiempo. Y quienes festejaron la protección, hoy ven con susto cómo el Estado les va comiendo la rentabilidad. No advierten que toda política populista necesita de recursos para sostenerse. Cuando se acaban los recursos, se acaba el populismo. Por lo tanto, el populista va a utilizar todo el peso del monopolio de la fuerza para sostenerse en el poder. Y esto significa que los controles de precios van a ser cada vez más duros, las presiones del gobierno serán cada vez más insoportables y lo que parecía ser un buen negocio en el corto plazo, sacrificando institucionalidad por un nivel de actividad sostenido artificialmente, se va a transformar en una película de terror.

Claro, cuando comenzó el discurso populista y las medidas arbitrarias muchos dijeron: “qué me importa si se metieron con las privatizadas y los bancos, finalmente es un problema de ellos”. Pero resulta ser que ahora empiezan a meterse con ellos. Con los que se sentían protegidos.

Aceptar la ausencia de un Estado limitado es lo mismo que venderle el alma al diablo. Los liberales seguiremos predicando en el desierto sobre la necesidad de tener instituciones previsibles y de buena calidad, esperando a que, por razones economicistas, llegue el momento en que la gente advierta que el paraíso terrenal que le había prometido el populismo hegemónico era una farsa. Y eso, posiblemente, lo van a ver cuando adviertan que el gobierno sólo estaba controlando el IPC pero no la inflación. Dicho en otras palabras, cuando el IPC y la inflación converjan en la cruda realidad.

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